A pesar de crisis, Gobierno tiene opciones para aumentar productividad de recursos del Estado

…asumir la conducción de la totalidad de los recursos públicos es esencial, más aun, bajo las supuestas condiciones de escasez de recursos del Gobierno

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

El costo que pagamos todos para mantener en funcionamiento el Estado costarricense es enorme. Alcanza una cifra superior a ¢22 billones, que equivalen al 77% del PIB (datos del 2015). Cifras comparativas nos dicen que tres estados escandinavos gastan una media de 52% del PIB y que la media de Brasil, Uruguay y Argentina solo llega al 38%. Un experto de la OCDE ha dicho que consideraba al Estado uruguayo, con 49 entidades públicas, el más grande del mundo. Pero, para su sorpresa, descubrió que el nuestro está conformado por más de 330 entidades públicas ¿Será el nuestro uno de los más caros del planeta? Además, en él laboran más de 300 mil funcionarios, de cuya productividad no tenemos información porque los sindicatos han vetado la evaluación del desempeño.

Sabemos que hay una enorme dispersión de recursos, grandes bolsones de ineficiencia que reducen al mínimo su aporte al desarrollo nacional y alimentan la crisis fiscal que aqueja al Gobierno. El Gobierno central está desmembrado y su presupuesto se lo llevan las transferencias y partidas específicas. El resto de sus instituciones, empresas públicas y régimen municipal sufren de ineficiencia crónica, con el mismo efecto de dispersión y despilfarro.

Sabemos que el ICE podría operar a costos inferiores y con ello detener la pérdida de empleos que se van a países más competitivos; que según palabras de un expresidente ejecutivo, Japdeva podría funcionar mejor si su dotación de personal se redujera en un 35%; que la banca nacional por ineficiencia, ha elevado al doble sus costos de intermediación, con lo cual se reduce el acceso popular al crédito y se reduce su impacto en el crecimiento económico; que Recope tiene un jugosa planilla, privilegios incluidos, para refinación que se abandonó hace más de un quinquenio; que Fanal es una empresa ineficiente que solo alimenta a medias la permanencia de un agónico CNP; que las altas cargas sociales son un freno a un mejor economía; que… la lista puede seguir con la totalidad de las entidades públicas, incluso con el régimen municipal que sufre los mismos problemas de ineficiencia y corrupción del Gobierno Central.

¿Es posible hacer algo para ejercer algún control sobre esta situación de despilfarro mayúsculo, mientras el Gobierno enfrenta una escasez aguda de recursos? O mejor, ¿Es posible hacer algo al respecto en forma inmediata y sin que medien largos procesos legales? La respuesta es sí se puede y solo depende de la voluntad política y algo más, que luego veremos.

Lo primero es superar el mito de la independencia de las instituciones en algún régimen de autonomía (instituciones autónomas, empresas públicas y régimen municipal). No vamos a elaborar sobre ello, solo decir que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad legal para actuar en ámbito estatal, la cual emana de nuestro carácter de Estado Unitario, del principio de RECTORÍA y del artículo 188 de la Constitución Política (CP). La argumentación está contenida en un artículo de mi autoría, bajo el título El Poder Ejecutivo sí tiene autoridad para extender sus reformas en ámbito estatal, que incluye una amplia referencia de la jurisprudencia que sustenta esa autoridad. De modo que, si el Poder Ejecutivo quiere actuar ya, lo puede hacer dentro de sus facultades naturales.

Hay, por otra parte, un poderoso instrumento que constituye la base de un proceso de redirección del Estado y de movilización productiva de sus vastos recursos: las Políticas de Estado (PE) de las que lamentablemente carecemos o no tenemos las competencias para su diseño apropiado. Por tanto, es esencial, primero, reconocer la autoridad del Poder Ejecutivo en la conducción de ámbito estatal y, segundo, nombrar a ministros que entiendan la gran responsabilidad que asumen cuando aceptan integrar el equipo de gobierno. Más difícil es lograr el diseño de políticas que tengan esa capacidad directiva y efectuar el control de los procesos descentralizados que deben cumplir con ella. Es posible que la mayoría de los ministros, responsables por la política de sus respectivos sectores, no tengan la capacidad para ello. Pero el país si tiene esa capacidad (tecnologías blandas) y ponerlos a su disposición no tiene complejidad o costos inaccesibles. De paso, aportar insumos técnicos a decisiones políticas complejas, ayuda a corregir un desequilibrio común de nuestras democracias, en soluciones que demandan ese contenido dual.

Tomemos un ejemplo para entender el poder de las PE, si las diseñamos y aplicamos en forma correcta. La banca pública, según estudios contenidos en el Informe Estado de la Nación 2016 y análisis de OCDE, por simple ineficiencia, ha doblado sus costos de intermediación. Eso implica que ha perdido sus principales objetivos: democratizar el crédito e impulsar el crecimiento económico. El Informe Estado de la Nación ofrece incluso dos indicadores que pueden medir la eficiencia requerida para reducir esos costos. El Gobierno, que ejerce el Poder Ejecutivo, podría estructurar PE para el sector bancario que contengan los indicadores y criterios que la banca nacional deberá aplicar para reducir sustancialmente los costos de intermediación y recuperar los objetivos originales. En las condiciones actuales de crisis, difícilmente otra decisión podría tener un mayor impacto positivo en crecimiento económico.

Por supuesto, el Gobierno conserva la responsabilidad de ejercer el control para que las PE se cumplan. Reiteremos, en nuestro ordenamiento institucional, gobernar es una función de alcance estatal y los ministros que acompañen al presidente deben estar concientes de la responsabilidad que asumen, para lo cual deberá proveérsele de los recursos necesarios (equipo asesor de alto nivel). Es un gran cambio, a la altura de los que requiere la actual coyuntura histórica, tal vez una revolución que, aunque contemplada en nuestra legislación, ha permanecido oculta bajo el mito de la independencia de las instituciones en diversos regímenes de autonomía. Como lo señala la jurisprudencia, el gran cambio reside en que el Gobierno es una función ejecutiva y la descentralización es solo administrativa. Así lo dispone el artículo 188 de la CP: “Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”.

Sería iluso de mi parte proponer que esto solución a los problemas del Estado disfuncional que hoy tenemos. En lo personal espero con ansias saber qué harán las dos comisiones nombradas por el presidente Alvarado, una a nivel estatal y otra para la administración pública. Agrego a ello el compromiso de la Sra. Rocío Aguilar, que nos ofreció un estudio macro organizacional del Estado. Sin embargo, asumir la conducción de la totalidad de los recursos públicos es esencial, más aun, bajo las supuestas condiciones de escasez de recursos del Gobierno. Más de ¢22 millones, equivalentes al 77% del PIB nacional no es poca cosa. En realidad, es un exceso que se pierde por mala gestión. Y ninguna reforma fiscal será solución mientras no se ejerza control sobre lo que tenemos.

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