Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y urgencia de reformas políticas

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

Los importantes logros de nuestro país en materia social y ambiental, son herencia de las transformaciones sociales, económicas y políticas que vivió Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, de cara al siglo XXI, el país enfrenta nuevos desafíos, entre los que se encuentra las reformas políticas de un Estado que se ha vuelto caótico sobre todo a través de la creación de más de trescientas treinta instituciones y de un sistema político que presenta graves  debilidades en cuanto a convertirse en una verdadera democracia participativa.

Y ante el reto del compromiso que el país adquirió con el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General en setiembre del 2015, se amplían desafíos del desarrollo para asegurar que poblaciones excluidas no se queden atrás. Se debe de cambiar la forma tradicional cómo se hacen las cosas, y en ese cambio requiere necesariamente un enfoque multidimensional e integral para abordar los objetivos de Desarrollo Sostenible y las alianzas con varios sectores para poder alcanzar las metas que se plantean.

En segundo lugar, Costa Rica se encuentra en un proceso con miras a incorporarse a la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE). Esto implica que Costa Rica deberá llevar a cabo transformaciones institucionales, económicas, sociales y tecnológicas a fin de alcanzar estándares de desarrollo similares a los de los países miembros de dicha organización.

 

En tercer lugar, Costa Rica se caracteriza por su vocación de respeto hacia los derechos humanos. Conforme el mundo se mueve hacia el horizonte del siglo XXI, el país debe elevar los estándares de derechos humanos para toda su población, de forma consistente con la promesa de no dejar a nadie atrás como marca uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 2030.

La visión nacional de la esta Agenda coloca en el centro la eliminación de la pobreza y la desigualdad, así como los derechos humanos vinculados a las tres dimensiones: ambiental, social y económica del desarrollo sostenible inclusivo. Los nuevos horizontes de desarrollo implican una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible inclusivo. Sin embargo, la gobernanza de ese proceso de transición se encuentra comprometida por diversos factores y causas.

Los desafíos de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible vuelven a colocar presión en el sistema político para repensar las mejores formas en que los Estados podrán hacer frente a estos objetivos. Es importante señalar que la reforma política no solo se refiere a la reforma administrativa del Estado, va más profundo y contempla en muchos casos temas muy complejos que requieren de renovar acuerdos y poner en perspectiva intereses, expectativas y acuerdos sociales. Es también probable que se replanteen las reglas del juego democrático del sistema vigente. Por lo tanto, no es una discusión de índole técnica sino más bien política.

La coyuntura política actual es particularmente importante en el contexto de ruptura de un esquema bipartidista a uno de mucho mayor pluralismo en donde debe construirse un proceso de desarrollo que no deje a nadie atrás en todos los ámbitos.

Ya desde la década de 1980 el tema de la reforma del Estado ha estado presente. Sin embargo también ha sido limitado por reformas sobre la disminución del tamaño del Estado, así como mayor efectividad gerencial y administrativa.

Siguen pendientes grandes temas que refuercen elementos estructurales de carácter más político como la representatividad, participación y la relación entre los poderes del Estado.

Y ante la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la reforma política es el mejor medio para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver los problemas del desarrollo, como el estancamiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, gobernabilidad del agua, la necesidad de avanzar más en la igualdad de género, la posibilidad de participación política de grupos excluidos, entre otros.

Y la visión país que todos debemos abrazar es el no dejar a nadie atrás. Un compromiso adquirido, un compromiso asumido.

 

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