Alberto Cortés Ramos, Politólogo (Dr.) y Catedrático universitario

Esta semana entrará a regir la Ley Marco de Empleo Público, una ley impuesta por el Gobierno anterior y una mayoría de la Asamblea Legislativa. En un primer momento, la intención fue que todas las universidades públicas quedaran sometidas a la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), lo que es un grave ataque a la Autonomía Universitaria.

Tras la aprobación en primer debate de esta Ley, la Sala Constitucional estableció un criterio actualizado, que rescata la esencia de la autonomía de las universidades públicas como la había establecido desde sus primeras sentencias y como la hemos concebido históricamente, el cual me permito transcribir:
“…Si bien es cierto -como ya se comprobó- la Asamblea Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades que les son necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que conforman su propia autonomía.
En materia de sus competencias, que conlleva la organización del servicio universitario, en los que la autonomía universitaria y en concreto referidos a la actividad académica, la investigación o actividades de extensión social o cultural despliega toda su fuerza, resulta incompatible con esta la potestad de dirección del Poder Ejecutivo o uno de sus órganos, en este caso Mideplan, ni mucho menos la potestad reglamentaria.

Dicho de otra forma, el constituyente originario al asignarle fines constitucionales a las universidades las dotó de la máxima autonomía, para garantizar la independencia en el ejercicio de sus competencias.

Ámbito del cual no se sustrae la materia de empleo público cuando está vinculada a esos fines o se trata de funciones administrativas, profesionales y técnicas, necesarias para esas funciones de conformidad con lo que dispongan las autoridades universitarias, de forma exclusiva y excluyente, tal y como se explicará cuando se analice en concreto la normativa consultada.” Voto N° 2021-17098 Sala Constitucional.
Este voto de la jurisdicción constitucional tiene además el antecedente de que la Rectoría de la UCR, asumió la tarea de proponer un nuevo modelo salarial con dos pilares, el pago de salarios competitivos para una Universidad de nuestro prestigio y la sostenibilidad financiera, para no afectar partidas como becas y el desarrollo regional.
Tal y como lo señalaron los dictámenes de la Facultad de Derecho y de la Oficina Jurídica, nuestro Estatuto Orgánico habla de una Comunidad Universitaria, formada por docentes, personal administrativo y estudiantes, y con base en eso podemos decidir que ninguna parte de la comunidad universitaria esté subordinada a ninguna entidad u órgano del Poder Ejecutivo.
En este sentido, confío que el Consejo Universitario tomará la decisión, tal y como ya lo han hecho otras instancias del Estado costarricense y en el marco de nuestra autonomía garantizada constitucionalmente, que todas las y los funcionarios de la Universidad de Costa Rica son exclusivos y excluyentes, y que por lo tanto somos el ente rector de las relaciones de empleo público que se den en la comunidad universitaria.
Con ello, se asume la responsabilidad de que no se vean afectadas ni disminuidas nuestras tres actividades sustantivas y manteniendo el prestigio nacional e internacional del cual goza nuestra Casa de Enseñanza.