Albino Vargas Barrantes. ANEP.

Hemos estado viviendo y viendo el espectáculo legislativo de corte circense, acerca de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley para que Costa Rica se limpie un poquito su cara sucia de paraíso fiscal, pretendiéndose que la Unión Europea (UE) nos saque de su lista gris de “país no cooperante” en contra del fraude fiscal-tributario.

Proyecto que, en nuestro criterio, no contiene el articulado necesario para que en Costa Rica el combate al robo de impuestos sea una cuestión estratégica de la política pública en materia tributaria del Estado.

Al respecto, recientemente, se envió una comunicación a la instancia de la UE que tiene que ver con este problema, en la cual varias agrupaciones sociales costarricenses desnudaron las carencias de ese proyecto, dejando claro que el mismo era algo insustancial, con intento de fraude-engañifa a esa potencia económica.

Como parte de la comunidad mundial de los países independientes del planeta, Costa Rica es miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Recientemente, el pasado 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución No. 77/244, Promoción en las Naciones Unidas de la cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestión de tributación; misma que las actuales personas diputadas de nuestra Asamblea Legislativa deben de leer y/u orientar a sus respectivos cuerpos asesores a que analicen el contenido de esa resolución ONU, pues guarda relación estricta con la serie de medidas que Costa Rica debe tomar para alejarse de ese grupo de países truhanes conocidos como paraísos fiscales.

Dice la Asamblea General de la ONU que “guiada por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, “… luchar contra los flujos financieros ilícitos supone un desafío fundamental de desarrollo, observando que los países en desarrollo son particularmente susceptibles a las repercusiones negativas de los flujos financieros ilícitos, poniendo de relieve que los flujos financieros ilícitos reducen el margen fiscal y la disponibilidad de recursos valiosos de la financiación para el desarrollo y reconociendo que es importante cooperar en los planos nacional, regional e internacional para combatir los flujos financieros ilícitos y promover la transparencia financiera”; y, “… que la elusión y la evasión agresivas de impuestos tienen un efecto corrosivo en la confianza, el pacto social, la integridad financiera, el estado de derecho y el desarrollo sostenible, de modo que afectan a las personas más pobres y vulnerables”.

 El problema nacional número uno de la sociedad costarricense de hoy día, estriba en la concentración del ingreso y la creciente desigualdad social y económica que el mismo presupone, pues como sociedad somos víctimas de una elusión y evasión agresivas de impuestos, afectándose a las personas más pobres y vulnerables. Cientos de veces hemos planteado esto. Será necesario cientos de veces más.

Ahora hay un reconocimiento internacional al más alto nivel político global, al menos, en la formalidad del orden político-mundial representado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del problema por nosotros tantísimas veces denunciado.

De la resolución ONU que venimos comentando, No. 77/244, llama la atención este señalamiento-compromiso votado por nuestro país en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas: “… los Estados Miembros se comprometieron a ampliar la cooperación internacional en cuestiones de tributación, alentaron a los países a que, de conformidad con su capacidad y circunstancias nacionales, trabajen de consuno para fortalecer la transparencia y adoptar políticas apropiadas, como que las empresas multinacionales presenten informes a las autoridades fiscales de cada uno de los países en que actúen, que las autoridades competentes tengan acceso a la información sobre los beneficiarios finales de las empresas y que se avance progresivamente hacia el intercambio automático de información fiscal entre las autoridades fiscales, según proceda…,”.

El proyecto que pretende sacarnos de la lista gris de la UE, para nada contiene finalidades como las que se establecen en esta histórica resolución de las Naciones Unidas sobre cuestiones de política macroeconómica en el ámbito tributario.

Nos agobian estas y otras preguntas: ¿Sabrá la cancillería costarricense de la existencia de esta Resolución ONU 77/244? ¿Se habrá documentado a la Asamblea Legislativa de que la misma pudo haber aportado para una votación de mayor calidad del proyecto de la lista gris de la UE? ¿En lo particular, algún señor legislador o señora legisladora la tuvo en consideración a la hora de votar positivo o negativo ese proyecto? ¿Es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RR.EE.), la institución encargada de darle seguimiento a nivel país de esa histórica Resolución ONU 77/244? O, como es lógico suponer, Costa Rica votó a favor de la misma por puro trámite y por cuestión de imagen internacional. Esto es lo más seguro.

 

Albino Vargas Barrantes

Por Albino Vargas Barrantes

Albino Vargas Barrantes. Es sindicalista y Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).