Albino Vargas: De los mitos sindicales que promueve el periódico La nación

lo tanto, no se trata de mitos sindicales, como lo apunta el periodismo reaccionario de La Nación.

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Albino Vargas Barrantes, Sindicalista.

En uno de sus recientes editoriales, la gacetilla antisindical de Costa Rica, el diario La Nación, emprende una defensa apasionada del proyecto de ley antihuelga, apuntando que la posición sindical contra dicho proyecto no es más que una maraña de mitos sindicales que ha quedado desvirtuada por los razonamientos que la Sala Constitucional ha dado en el pronunciamiento que analizó el proyecto de ley.

Para La Nación, defender el derecho de la huelga desde los principios democráticos, como manifestación del derecho ciudadano a manifestarse y como derecho a la libertad de expresión, es un mito sindical.

Para el periodismo de odio, el ejercicio del derecho de huelga resulta antagónico a la vida en Democracia y, por ello, le resulta censurable que los sindicatos hagamos ver que el proyecto de ley antihuelga busca cercenar el derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras a manifestarnos contra el abuso del poder político y del poder económico que busca reprimir y pauperizar a la clase trabajadora.

No existe ni puede existir diferencia sustantiva entre el derecho de huelga y el derecho a manifestarse como erróneamente lo entiende el pasquín antisindical. Y esto por razones más que obvias.

La huelga es un fenómeno social inherente a la vida democrática, cuya expresión más auténtica reside en el derecho que tenemos los ciudadanos en nuestra condición de trabajadores, a manifestarnos pacíficamente para emprender la autodefensa de nuestros derechos.

Que a los señores de La Nación les moleste la concepción del ejercicio de la huelga como expresión del derecho de manifestación ciudadana, no es extraño. Desde siempre, las cada vez menos leídas páginas de este medio, reaccionario a toda idea de justicia social, han antagonizado con todas las acciones reivindicativas a favor de la clase trabajadora y han destilado odio contra el movimiento sindical.

El fundamentalismo ideológico que promueve La Nación en defensa de los intereses de los grupos de poder, le empuja a posiciones tan antidemocráticas y contraproducentes, como para defender a ultranza la idea según la cual, nuestro país no está comprometido a observar los criterios, opiniones y recomendaciones de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos por considerar que éstos no tienen carácter vinculante. Así de burdo y socarrón es el argumento que esgrimen los “defensores de la libertad de prensa” para oponerse a cualquier idea que apunte al fortalecimiento de los Derechos Humanos.

Empecinados en la defensa del proyecto de ley antihuelga, los señores de La Nación han pretendido desvirtuar un reciente informe dado por los principales Relatores de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que hace ver al país el retroceso que dicha iniciativa de ley representa para los derechos fundamentales.

En esta ocasión, el argumento utilizado no pudo ser otro que cuestionar el informe por el carácter de independientes que tienen los relatores que lo firmaban, sin percatarse siquiera, que es precisamente en este aspecto donde reside la fortaleza y objetividad de las opiniones vertidas por los tres prestigiosos expertos firmantes de dicho informe.

Ahora, en su editorial, el pasquín de Llorente destaca y celebra el hecho de que la Sala Constitucional haya estimado que los criterios dados por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo sean meras recomendaciones que el país no está obligado a acatar; e insiste, como si fuera un mantra, en sostener que Costa Rica nunca estuvo obligada a reconocer la huelga contra políticas públicas. Nada más incorrecto y nada más alejado de la verdad.

No existe ningún país que se diga democrático que pueda desconocer, tampoco cercenar como lo hace el proyecto de ley, el derecho de huelga para protestar contra políticas públicas.

Cualquier norma que prohíba o restrinja de manera desproporcionada, como lo hace el proyecto de ley, el derecho de huelga contra políticas públicas no es otra cosa que un artificio antidemocrático. Que La Nación defienda esto, es algo que lamentamos, pero en nada nos extraña.

Por lo demás, lo cierto, lo verdadero, es que el Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS) ha sostenido de manera reiterada que La prohibición de toda huelga no vinculada a un conflicto colectivo en el que sean parte los trabajadores o el sindicato, están en contradicción con los principios de la libertad sindical”.

Por esto, el mismo Comité insiste en señalar que: “Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores”. 

Qué fuerza vinculante puedan tener estos criterios del CLS es algo que la propia Sala Constitucional ha dejado claro cuando ha hecho ver que en materia de derechos humanos, “ los instrumentos de carácter declarativo, recomendaciones de organismos especializados, conjunto de reglas mínimas adoptadas en foros de autoridades y expertos, tratados suscritos por el Estado pero aún no aprobados por la Asamblea, etc., que no son formalmente tratados internacionales y no requieren, o no han recibido aún, la aprobación legislativa, puedan ser tomados como componentes válidos del parámetro de constitucionalidad, en virtud de la universalidad e indivisibilidad propia de los derechos humanos, así como porque la adopción de tales instrumentos, refleja una voluntad estatal de someter su conducta en favor de los derechos de las personas” (SCO 2009007387).

En definitiva, es a esa voluntad del país para someter la conducta del Estado al mandato del respeto de los Derechos Humanos, venga de donde este venga, a la que los sindicatos democráticos apelamos para oponernos al proyecto de ley contra la huelga, porque se trata de una iniciativa que viola libertades públicas y cercena derechos fundamentales.

Que la Sala Constitucional no lo vea de esta forma, no es motivo que sirva para validar la ley, sino causa que deslegitima la autoridad jurídica de la Sala como tribunal llamado ha garantizar el respeto de los Derechos Humanos.

Los anteriores son parte de los razonamientos que el movimiento sindical viene exponiendo para oponerse al proyecto de ley que cercena el derecho de huelga. Por lo tanto, no se trata de mitos sindicales, como lo apunta el periodismo reaccionario de La Nación. Sino de argumentos más que razonables con los que defendemos el derecho fundamental de la huelga desde la óptica de los Derechos Humanos y desde la tribuna que nos permite el sistema democrático.

Desde ella seguiremos hablando, defendiendo los derechos laborales, luchando por la justicia social y promoviendo la verdadera Democracia, por mucho que esto les disguste a los reaccionarios que hablan desde la sinuosa trinchera del tribunal del periodismo de odio que practica La Nación.

 

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Albino Vargas Barrantes

Es sindicalista y Secretario General de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

 

 

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