Albino Vargas: Déficit fiscal, empleo público, poder judicial y prensa del odio

Dos afirmaciones dijo el jerarca judicial que conviene resaltar: la ya indicada de que él reconoce que el déficit fiscal no se debe a los salarios que se pagan en el empleo público; y, la otra, la siguiente frase por la cual, seguramente, le dedicarán desde ese periodismo del odio uno que otro editorial en su contra: “Las amenazas también existen cuando los medios de comunicación no visualizan la independencia judicial; …”. 

Albino Vargas Barrantes, Sindicalista.

 Muchísimo tiempo llevamos enarbolando esta tesis: el déficit fiscal no se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas que laboran en el empleo público. Constan ya múltiples escritos nuestros al respecto.

Ni siquiera, en el caso de lo que algunos han llamado las “burocracias doradas”: alta magistratura judicial, la “academia de lujo”, la “realeza médica”, la alta cúpula político-tecnocrática de la banca estatal, las jerarquías políticas de las superintendencias y entes reguladores, las gerencias máximas de exitosas empresas públicas…

Repetimos: ni aún en estos casos, que tanta indignación popular han provocado, con razones más que sobradamente justas; pero otras a raíz del envenenamiento generado por la prensa del odio, el déficit fiscal se puede atribuir a estos “salariazos”.

En tales casos y otras situaciones de similar índole, siempre hemos estado proponiendo la promulgación de una ley general (aunque implique alguna modificación constitucional), para la regulación salarial de la máxima jerarquía político-tecnocrática del Estado, sin exclusión alguna; misma que abarque los grupos indicados de “salariazos” y también a altos cargos en poderes del Estado como el Ejecutivo, el parlamento, el TSE.

Ahora bien, no deja de representar un aval a nuestra causa en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no puede ser atribuido al salario devengado en el empleo público, que el propio Presidente del Poder Judicial, lo esté planteando ahora, con toda claridad; especialmente a estas alturas del desarrollo de la más infame campaña ideológico-política jamás desplegada en contra de las personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas, por parte de la prensa practicante del periodismo de odio; específicamente cuando el objetivo más de moda de esa campaña, es el Poder Judicial.

El máximo jerarca de Corte Plena, a quien se identifica como Presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz Castro, intervino en el foro Amenazas a la Independencia Judicial, organizado por el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, de lo cual dio cuenta, “curiosamente”, el principal periódico prácticamente del periodismo de odio en nuestro país.

Dos afirmaciones dijo el jerarca judicial que conviene resaltar: la ya indicada de que él reconoce que el déficit fiscal no se debe a los salarios que se pagan en el empleo público; y, la otra, la siguiente frase por la cual, seguramente, le dedicarán desde ese periodismo del odio uno que otro editorial en su contra: “Las amenazas también existen cuando los medios de comunicación no visualizan la independencia judicial; …”.

Es importante indicar que la anterior jerarca máxima de la cartera ministerial de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, ya había dicho lo mismo mucho tiempo atrás: que el déficit fiscal no se debía a los salarios pagados en el empleo público. Sin embargo, como ella era la “consentida” en materia fiscal del periodismo de odio, éste nunca se refirió a tan “hereje” comentario.

Para los que sostenemos que la Ley 9635-combo fiscal realizó modificaciones estructurales a la actual Constitución Política de Costa Rica, sin seguir la vía institucional que la misma estableció para reformarse a sí misma; son muy comprensibles las “disimuladas” quejas del magistrado Cruz Castro en cuanto a que, en algún momento de todo esta discusión fiscal ocurrida en los últimos dos gobiernos, “la falta de conciencia sobre los límites del poder y sus equilibrios, aunado a una visión mediática superficial…”, ha representado una amenaza al orden institucional de la República. Esto último no lo dijo él, pero queda tácitamente claro.

A nuestro entender, “la falta de conciencia sobre los límites del poder y sus equilibrios”, han sido sufridos, en carne propia, por las miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, condenadas socialmente por un crimen económico que nunca cometieron: el déficit fiscal; llevadas a la hoguera del escarnio público por ese periodismo de odio que hoy reseña el indicado foro y las palabras del magistrado Cruz Castro, seguramente para llevarlo al “paredón editorial” como suelen hacerlo.

Y en cuanto a la “visión mediática superficial” que apunta el indicado jurista, debe ser la manera más elegante, diplomática y sugestiva que él encontró para hacer mención al gatillo de esos que disparan, valiéndose de su posición político-mediática privilegiada, bazofia pasándole por encima a limpias honras ajenas y a la institucionalidad republicana misma.

En el fondo de todo esto, lo que está sucediendo es que la naturaleza fáctica de los poderes políticos-espurios está imponiéndose sobre la misma institucionalidad constitucional de 1949; poderes espurios que pretenden normar la vida republicana del país desde un estudio de noticias radiofónico-televisivo y/o desde una sala de redacción de un periódico impreso, sin haber ido a elecciones porque no las ocupan, dada la gran peonada política, parlamentaria y ejecutiva, de la que disponen.

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Albino Vargas Barrantes

Es sindicalista y Secretario General de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

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