Albino Vargas: Desobediencia civil

Albino Vargas Barrantes, Sindicalista.

Ayer, miércoles 13 de enero de 2021, escribí el siguiente comentario, muy personal, vía twitter: “La DESOBEDIENCIA CIVIL es un legítimo mecanismo de AUTODEFENSA POPULAR Y OBRERA, materializable con LA DEMOCRACIA DE LA CALLE; ante un gobierno y un parlamento que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital”. De manera intencionada, usamos las letras mayúsculas en las palabras así indicadas.

El tema de la Desobediencia Civil ha sido abordado y tratado por muchas personas especialistas en diversas partes del mundo, así como en distintos momentos histórico-sociopolíticos. En Costa Rica, en nuestro criterio, ha llegado la hora de plantearlo abiertamente.

Les comparto este criterio sobre Desobediencia Civil que, para efectos de este artículo, me pareció adecuado traerlo a colación, tomado del trabajo de investigación Las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas (The reasons for civil disobedience in democratic societies). Su autora es Julieta Marcone, profesora–investigadora de tiempo completo de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

A modo de resumen, indica la autora lo siguiente: El objetivo de este trabajo es demostrar que, ante el descrédito cada vez más generalizado de los partidos, de los representantes populares y de los funcionarios gubernamentales, la desobediencia civil constituye un resorte fundamental del dispositivo simbólico de los estados democráticos de derecho. La desobediencia civil activa dos de los principios legitimadores del orden democrático: la soberanía popular y el reconocimiento mutuo del derecho a tener derechos. Por ello, contribuye por una parte a salvaguardar y expandir los derechos, y por la otra a ampliar el horizonte democrático.

Consideremos, en consecuencia, si el anterior criterio calza como anillo al dedo, a la situación política, social y económica de la Costa Rica actual. Para nosotros, ¡sí!, aunque eso fue escrito en el 2008. ¡Qué visión!

¿Cuál es nuestra realidad sociopolítica y económica, al momento en que estamos iniciando en el año 2021, al que han denominado el Año del Bicentenario? Tenemos a un estafador político en la Presidencia de la República. Tenemos a un presidente de facto, cara visible del real poder controlador fundamental de la gestión estratégica del Poder Ejecutivo, especialmente la económico y macro-fiscal. Tenemos un parlamento en el cual a la mayoría de sus integrantes diputadiles, el gran empresariado-corporativo “les tuerce los brazos” (dicho, oficialmente, por uno de ellos). Este alto corporativo-empresarial, especialmente el de carácter financiero-bancario, tiene contralada la Casa Presidencial y tiene controlada la Asamblea Legislativa.

En tal sentido, han dejado de ser prioridades de la política pública, la búsqueda y la promoción del bien común, por una parte. Por otra, la reducción de la espantosa desigualdad que amenaza a la Democracia misma, así como el combate feroz a la exclusión económica y social, ya no interesan a esta camarilla gobernante.

Esta gente, que tiene el control total de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha perdido toda legitimidad política, en nuestro criterio. Su legitimidad ha quedado reducida a una cuestión formal, desde la perspectiva que los proyectos de ley que les interesan, inspirados en un afán desmedido de concentración de riqueza, se tramitan a la carrera, sin estudios serios; y, lo que es peor, a espaldas de la ciudadanía, pues cuando hacen consulta o convocan a audiencias legislativas, resultan una verdadera burla al esfuerzo cívico de preparar documentación sólida para confrontar sus iniciativas de ley lejanas de la búsqueda y de la promoción del bien común, como indicamos. Este tipo de legislación se tramitan por mera formalidad.

Sinceramente, nuestro criterio es que estamos viviendo una dictadura en Democracia; acariciado sueño de un expresidente de la República, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien está incidiendo en el contenido de corte totalitario del nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público; proyecto actualmente en trámite con las indicadas características de proceso legislativo de mera formalidad.

Ha llegado el momento de poner en el tapete de la acción cívica militante, desde las bases misma de la sociedad, de un proceso fuerte de Desobediencia Civil. El hartazgo patriótico-ciudadano con esta camarilla gobernante y el hartazgo con sus operadores políticos ubicados en Zapote y en Cuesta de Moras, nos da la autoridad moral suficiente a las más diversas organizaciones, especialmente las de los movimientos sociales para construir la práctica activa de esa Desobediencia Civil en los diversos territorios de la República.


 

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