Albino Vargas: Electricidad más cara: el combo fiscal sigue haciendo estragos

Es decir, el 20 % de la población habitante del país en la actualidad recibirá un nuevo y duro golpe fuerte a sus golpeadas finanzas personales, familiares, sociales y productivas

Albino Vargas Barrantes, Sindicalista.

Según recientes informaciones de prensa de estos días, un cuarto de millón de abonados, 250 mil, tendrán que pagar más, mensualmente, por el vital servicio de electricidad que les suministran las cooperativas rurales de electricidad; a las cuales, argumentan sus personeros, no les quedará más remedio que aumentar las tarifas a sus correspondientes poblaciones usuarias, para compensar la disminución en sus finanzas que representa la obligación legal que tienen de reconocer el impuesto al valor agregado (IVA), cuando se trata de comprarle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el importe que éste les cobra por venderles, vía distribución, la electricidad que tales organizaciones sociales ocupan para sus respectivos clientes.

Si suponemos que cada categoría de abonado a las cooperativas eléctricas puede representar un núcleo familiar, social, micro-mediano empresarial (o hasta grande), de, al menos, 4 personas; estamos indicando que, mínimamente, un millón de personas se verán afectadas por los incrementos mensuales en sus correspondientes recibos de luz. ¡Pero es más!

Es decir, el 20 % de la población habitante del país en la actualidad recibirá un nuevo y duro golpe fuerte a sus golpeadas finanzas personales, familiares, sociales y productivas; adicionalmente a lo que ya puede estar representando el impacto negativo en sus contabilidades del IVA aplicado a otras actividades y/o compras que necesitan, o bien, en reducciones salariales que ya sufren, sin hablar del problema del desempleo que les debe estar azotando, directa o indirectamente.

Aunque la detestada y ya constatablemente fracasada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente denominada como combo fiscal, ha venido mostrando la real dimensión de su perversidad en contra del interés común y en contra del patrimonio financiero de la mayoría de la población; ahora está quedando al desnudo uno de las grandes mentiras de los políticos tradicionales que se la impusieron a la gente, a la ciudadanía, mediando triquiñuelas y leguleyadas de tal calibre que, por cierto, muchos de sus contenidos están cuestionados en la sede de la justicia constitucional.

Fue mentira, entonces, afirmar que, para el caso de estos 250 mil abonados, el consumo menor a las 280 kWh que se exoneró del pago de IVA, no les afectaría en cuanto a un eventual aumento del pago mensual de la tarifa de electricidad; porque ahora, de manera indirecta lo pagarán mediante el incremento en la tarifa que se ven obligadas a pedir esas cooperativas ante la obligatoriedad de responder éstas mismas por el cobro del IVA que les reclamará el ICE cuando les venda electricidad.

Poblaciones tan importantes como las de la zona de Los Santos, de San Carlos, de Guanacaste, de Zarcero; conglomerados rurales muy vulnerables a la situación de exclusión social y económica que está viviendo el país, resentirán, en consecuencia, un doble (o hasta triple), impacto negativo de la ley 9635 en sus vidas. Para estas personas, familias, entidades productoras de diverso tipo, pagar más cara la electricidad que consumen es sentir, más rudamente y en el día a día, los estragos y las consecuencias negativas de dicha legislación.

El señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada se ha hecho eco de tan grave situación y presentó un proyecto de ley titulado “Interpretación auténtica de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad”; a fin de que esos 250 mil abonados de las cooperativas rurales distribuidoras de electricidad comprada al ICE se liberen del nuevo golpe a sus finanzas que implicará el aumento en sus tarifas mensuales de pago del recibo de luz que ya anuncian tales entidades que tramitarán ante la autoridad correspondiente reguladora dado que ya tienen, alegan, un hueco en sus propias finanzas.

Si la mayoría parlamentaria actual que es ideológicamente afín al neoliberalismo (por convicción o por ignorancia), convierte en ley de la República esa iniciativa, estaremos en lo que podría ser un reconocimiento tácito de gran repercusión política de lo aventurado, atropellado y gravemente injusto que ha resultado de todo este impactante proceso sociopolítico y económico  que sufre nuestra sociedad en estos momentos, con la aplicación cotidiana de la ley del combo fiscal; ya de por sí altamente conflictivo como lo fue su tramitación previa y la violentación del orden constitucional que ello representó, tanto como varios de sus más sensibles contenidos hoy, repetimos, debatiéndose en la sede judicial constitucional.

 

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Albino Vargas Barrantes

Es sindicalista y Secretario General de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

 

 

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