Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En el tema de los créditos gota a gota, la Asamblea Legislativa muestra su doble moral, al menos, en una gran cantidad de sus actuales integrantes diputadiles. Es un logro enorme que se haya aprobado un proyecto de ley para castigar, de manera severa, a aquellos que aprovechando la necesidad de muchos costarricenses maltratados por la desigualdad, se ven en la penosa necesidad de pedir prestado a tasas esclavizantes.

Sin embargo, es bochornoso que diputados de la Unidad Social Cristiana con el apoyo de Nueva República, a los pocos días de iniciar la presente legislatura, sin siquiera tener 15 días en las curules, presentaron un proyecto de ley para debilitar la ley de usura actual.

No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.

Según su sitio web (www.asocomi.com), en la Asocomi se conjuntaron empresas como MONGE, Multicréditos, Rayo#Platatodoelaño, Artelec ¡Somos pura vida!, Financiera Finca, Zensiya, Grupo CTS (Consulting and Training Solutions).

También está afiliada a la Asocomi, Instacredit; compañía ésta, según entendemos, en su momento vinculada al señor Samuel Yankelewitz Berger (el del caso Yanber).

Posteriormente, Instacredit fue vendida al grupo mexicano Crédito Real, en cerca de ¡100 millones de dólares! ¿Cuánto habrán pagado de impuestos por semejante operación? ¿Puede el Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, contarnos lo que sabe al respecto?

Tenemos entendido que esta transacción se habría realizado en Panamá, aprovechando las debilidades existentes del sistema tributario costarricense. Entonces, nos surge otra pregunta: ¿cuántas transacciones, parecidas o similares, se han estado generando desde Panamá y otros paraísos fiscales para robarle impuestos al pueblo trabajador costarricense?

¡No nos dejemos engañar! El proyecto presentado con tanta celeridad por las fracciones del PUSC y el partido de Fabricio no buscan la inclusión financiera, ¡no! Lo que desean es esclavizar de nuevo a miles de costarricenses, personas integrantes de los diversos segmentos de la clase trabajadora. En resumen, mismo infierno con diferente diablo.

¿Cómo es posible que una fracción legislativa, como la del PUSC, con tanta celeridad presente un proyecto tan bien estructurado, en tan poquísimo tiempo, no más iniciada la actual legislatura; proyecto que implicaría mucha “técnica” y terminología del negocio de los microcréditos como para “volarse” el importante avance de la actual ley de usura?

¿Sería posible pedirle al PUSC un proyecto de ley para condonar deudas de personas trabajadoras altamente endeudas, las cuales producto del congelamiento salarial brutal de todos estos años y/o del desempleo, están en situaciones de insolvencia con grave daño social y familiar?

De gran impacto público será que las diputaciones de las otras fracciones acordaran instalar una comisión investigadora para saber por qué el interés en impulsar un proyecto que sólo beneficiaría a este grupo de interés, la Asocomi; especialmente en momentos en los cuales la transparencia del sistema financiero costarricense está más opaca que nunca. Y, además, sobran razones para que la propia Fiscalía General de la República actué en la misma dirección.

 

En Diario Extra 

Albino Vargas Barrantes

Por Albino Vargas Barrantes

Albino Vargas Barrantes. Es sindicalista y Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).