Albino Vargas Barrantes.

Somos parte de un importante grupo de personas críticas de la ciudadanía costarricense que tenemos profunda desconfianza en la gestión política del señor Nogui Acosta Jaén, actual Ministro de Hacienda. De la misma manera, son bastantes ya las organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil organizada que, de un modo u otro, plantean y claman por su salida de tan estratégico cargo.

Más que obvio resulta el fuerte poder que le sostiene en ese cargo, considerando que él es como el vínculo entre la política macrofiscal y tributaria que se ejerció en el Gobierno anterior y la de la actual administración: idénticas ambas pues representan uno de los ejes claves de la hegemonía dominante en la cosa pública: la del sector financiero-bancario que se preocupa de la solidez del compromiso fiscal oficial y fundamental, cual es la deuda pública y su obsceno y criminal pago de intereses.

Cambia el Presidente, cambian jerarcas; se impone un estilo y emerge otro. Sin embargo, en ese ámbito de la política macrofiscal y tributaria todo permanece intacto en cuanto a la orientación ideológico-hegemónica de la misma. En ese sentido, el gobierno PAC-Alvarado Quesada es idéntico al de Chaves Robles.

Sin embargo, ahora está emergiendo un elemento inesperado que, a nuestro juicio, mina todavía más la credibilidad de don Nogui Acosta Jaén como máximo jerarca político de la cartera ministerial de Hacienda.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR) la que le asesta un durísimo golpe al corazón de la gestión de don Nogui: los sistemas informáticos de Hacienda mantienen una fuerte vulnerabilidad. Y, para rematar, indica el ente contralor que prácticas y gestiones elementales del quehacer hacendario no ofrecen seguridad con suficiente solidez. Se habla de que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, están prácticamente al garete.

Según la CGR, muchas debilidades se manifiestan en gestión de activos, el control de accesos, la gestión de respaldos y recuperación de datos y la seguridad de los sistemas de información. ¡Casi nada! Y, entonces, ¿qué le queda a uno concluir ante tal panorama? Pues, que la cartera ministerial de Hacienda bajo la responsabilidad del citado jerarca, está transitando el peligroso sendero de la desconfianza al caos.

Don Nogui solamente está mandando mensajes de gran desconfianza a nivel público. No se conocen políticas ni logros serios en materia de ataque estructural y estratégico al fraude fiscal-tributario. Por el contrario, la gigantesca pifia del caso Baruch desnaturalizó, completamente, una tenue intentona de atacar, de raíz, el robo de impuestos en Costa Rica. Nada sólido hubo al respecto y creemos que lo que privó fue una rebatiña politiquera.

Por otra parte, la realidad, valga la redundancia, totalmente real, de la relación entre el nivel de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB), sigue moviéndose hacia arriba o hacia abajo del límite de los 60 puntos. En los últimos seis meses, desde formular un anuncio carnavalesco de que se había logrado bajarla hasta el 58% hasta decir, semanas después, que los 60 puntos PIB/deuda se alcanzarían hasta el 2027.

La actual pugna en desarrollo con las universidades públicas con relación al financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), dejó al desnudo la deshonra de un compromiso político ya asumido por don Nogui que tiene en tensión no solamente a la comunidad universitaria del país, sino a la misma sociedad. Y, sin duda alguna, se evidencian los prejuicios ideológicos que están en el seno de la actual administración gubernativa en contra de la Educación Pública, en general.

De manera definitiva, las cosas no han estado bien en Hacienda en las últimas administraciones. En la actual, parece que han empeorado. Mal para la sociedad, mal para la misma Democracia. La matriz ideológica-política que direcciona la acción ejecutiva de la cartera ministerial de Hacienda no muestra cambios significativos, ni siquiera cosméticos, en las últimas administraciones gubernativas.

Nos preguntamos: ¿es que estamos de cara a una estrategia perversa de consolidar, para siempre, el fraude fiscal-tributario, el debilitamiento estratégico del Ministerio de Hacienda y la impagable deuda pública con su criminal política de pago de intereses abusivos?