Albino Vargas: Justicia fiscal: Justicia Fiscal: Sigamos potenciando la subversión
Valga indicar que la corriente sindical en la cual militamos no va a dejar de plantear el tema tributario nacional al considerarlo como el número uno, el más determinante, el más cardinal, el más estratégico de los desafíos-problemas de la Costa Rica actual: la de la desigualdad y la de la exclusión social y económica.
Albino Vargas Barrantes. ANEP.
Como bien sabemos, en nuestro país el poder real lo tiene la plutocracia reinante que, aunque haya elecciones cuatrienales (tanto presidenciales como legislativas), mantiene el control, prácticamente total, de la cosa pública, especialmente en aquellas áreas de la actividad socioeconómica y financiera que inciden en el rumbo del país.
Y, precisamente, en este ámbito del control ideológico-político que esa plutocracia mantiene de la cosa pública costarricense, está el que ejerce sobre el sistema tributario manteniendo al mismo, para buen sostén de sus intereses egoístas, en la doble condición que ha venido exhibiendo por décadas: su injusticia y su corrupción.
Por tanto, nada más subversivo que poner en la agenda pública del país y en primerísimo orden el tema tributario, dándole continuidad a un comentario anterior que en esta prestigiosa publicación formulamos.
Al retomar las conclusiones de la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, celebrada en Cartagena, Colombia, recientemente; vamos a resaltar el punto número dos de su pronunciamiento Recomendaciones para las reformas tributarias en la región: Promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región.
Lo hacemos, porque para el caso de nuestro país (por cierto, Costa Rica no asistió a dicha cumbre), el sistema tributario que tenemos ni es progresivo ni tiene equidad.
Valga indicar que la corriente sindical en la cual militamos no va a dejar de plantear el tema tributario nacional al considerarlo como el número uno, el más determinante, el más cardinal, el más estratégico de los desafíos-problemas de la Costa Rica actual: la de la desigualdad y la de la exclusión social y económica.
Pensamos que no es el narcotráfico, ni los desafíos a la seguridad ciudadana que plantea al crimen organizado, tampoco el desempleo, ni la precariedad salarial, ni el desempleo, ni la pobreza extrema ni la vulnerabilidad de pobreza; ni la Educación, ahora que se nos ha restregado en nuestra propia cara lo profundo del retroceso que estamos sufriendo en este estratégico campo del desarrollo; pensamos que ninguno de estos es el problema número de nuestra sociedad.
El problema número uno del país, es éste, el tributario, que es la causa fundamental de todos los otros males que agobian a nuestra Democracia.
Por ello es clave que tengamos un sistema tributario con fuerte progresividad y equidad, si nos atenemos a las recomendaciones de la mencionada cumbre. Veamos:
La progresividad tributaria sigue siendo un punto de agenda pendiente en la región, y en Costa Rica, también. Más del 46% de la recaudación tributaria en la región proviene de los impuestos al consumo; es decir, los que paga toda la población sin discriminación de capacidad de ingreso. Costa Rica no es la excepción. Las rentas de capital siguen sin estar gravadas o contribuyen mucho menos que las rentas del trabajo. Esto pasa aquí.
Se cita en ese punto 2 que “…es común que alegando escasez de recursos se recorten partidas fundamentales para la garantía de los derechos que repercuten especialmente en las mujeres, en quienes recaen de manera desproporcionada las tareas que el Estado deja de financiar”. Esto está ya pasando en los presupuestos para programas sociales de nuestras instituciones que, supuestamente, deben atender la exclusión social y económica.
En las semanas siguientes y en el seno de la Asamblea Legislativa se tendrá que discutir (y aprobar), el mal llamado Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal de año 2024, que no es general pues solamente incluye al casi 40% de la estructura financiera total del Estado (el otro 60% lo ve la Contraloría General de la Republica); y usted, si pone cuidado, notará a algunas personas diputadas de lo que suele llamarse “oposición” rasgarse las vestiduras por los recortes a los programas sociales y las verá llenarse la boca con apelaciones sentimentaloides a la gente pobre; sin embargo, ninguna se atreverá a hablar, aunque sea por demagogia barata, a plantear la verdadera causa que está generando nuestra creciente y ya sistémica desigualdad: un sistema tributario doblemente perverso: injusto y corrupto. Habrá una que otra voz legislativa que toque el tema, sin embargo, nada pondrá en riesgo el sistema tributario nacional del momento, el cual está tal y como la plutocracia reinante quiere que esté.
Sin embargo, debemos seguir apostando por la subversión en esto de la justicia tributaria en Costa Rica; motivándonos (entre otras razones), en lo siguiente:
“Para eso recomendamos a los Estados que fortalezcan las administraciones tributarias y fomenten su cooperación. Recomendamos también implementar o mejor (según sea el caso), impuestos a la riqueza y a las grandes fortunas, las altas rentas, el patrimonio, las ganancias de capital, las herencias, donaciones y sucesiones, las grandes extensiones de tierra, la posesión de activos suntuarios y las ganancias extraordinarias de empresas multinacionales y las transacciones financieras. Finalmente recomendamos a los Estados tomar medidas para avanzar en la formalización del trabajo decente para garantizar una base gravable más robusta”.
Ni más ni menos: La anterior es una subversiva recomendación de la indicada Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Estamos en lo correcto: en materia de justicia tributaria tenemos que seguir la atinada senda de la subversión.
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