Albino Vargas Barrantes. ANEP.

Reiteramos, y de la manera más enfática y vehemente, lo que venimos afirmando en otros espacios y mediante diferentes vías y formas de comunicación: la institución más querida del pueblo costarricense, la más emblemática y la más imprescindible para la clase trabajadora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está viviendo la etapa más dura y difícil de sus ocho décadas de existencia.

La Caja sufre un asedio sistemático desde hace varios años y gobiernos. Pero el actual, encabezado por Rodrigo Chaves Robles, está mostrándose como el más agresivo en contra de la propia institucionalidad jurídico-constitucional de la CCSS.

Destaca el golpe de Estado presidencial a la autonomía constitucional de la Caja, cuando destituyeron a integrantes de la actual junta directiva institucional de una manera tan groseramente ilegal que fue la propia Sala Cuarta la que intervino para poner orden y devolver los escaños directivos a sus legítimos propietarios, electos con los mecanismos legales ya establecidos.

Sin embargo, el poder es el poder y aunque están en sus sillas directivas de nuevo, la Junta Directiva CCSS que no es del agrado del Gobierno como consta a todo el mundo, está pintada en la pared. Chaves Robles y su gente en la Caja tienen a esa directiva ninguneada.

En 18 meses que lleva de gestión el actual Gobierno son varios los episodios de conflicto que están caracterizando la vida institucional de la Caja. Por ejemplo, la temeraria afirmación presidencial de que la institución estaba quebrada.

El más reciente conflicto acaba de surgir: la imposición del sistema denominado “copago”, dizque para atender el prolongado problema de las “listas de espera”; asunto éste que tiene raíces que conviene exhibir ante la ciudadanía y que muestran una especie de perfidia gremial que se generó, se debe reconocer, antes de que Chaves Robles se hiciera presidente.

Un destacado intelectual costarricense, Leonardo Garnier Rímolo, indicó lo siguiente: “El copago destruye a la Caja. El copago es una trampa que transforma el derecho a la salud en un millonario negocio privado en el que los mejores servicios serían solo para quien los puede pagar. Medicina para pobres y medicina subsidiada para ricos: el opuesto a la solidaridad”.

Impresionante resulta conocer el pensamiento y la preocupación que el sistema del copago en asociaciones civiles que defienden la salud de pacientes con enfermedades delicadas.

Por ejemplo, la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), externó en entrevista de prensa reciente este categórico comentario: “¿De dónde una paciente va a tomar el 40% para una cirugía de mama con el cuento de que le van a cubrir el 60%?”. De la misma manera, para la Fundación Nefrología, que apoya a pacientes con problemas renales, indicó que el sistema de copago conducirá gran inequidad en el tratamiento de esta delicada enfermedad, pues será la capacidad económica y no la urgencia el elemento central para una atención médico-renal.

Un tema mayúsculo en la conspiración contra la Caja tiene que ver la magnitud de la deuda que el Estado tiene con ella: nada más y nada menos que la gigantesca cantidad de 3 billones 300 mil millones de colones (₡3.300.000.000.000), según la propia auditoría institucional y con corte al pasado mes de agosto.

A esta enorme cantidad, hay otra deuda del Estado con la Caja y es la que está pendiente de reconocer al denominado sistema de pensiones IVM: 600 mil millones de colones cuando termine 2023 (cifras controversiales). ¡Impresionante! Hablamos de 4 billones de colones de esa deuda y no se quiere reconocer-pagar. ¿Cómo no hablar de conspiración contra la Caja?

En Diario Extra

Por Albino Vargas Barrantes

Albino Vargas Barrantes. Es sindicalista y Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).