Albino Vargas: ¿Será que ocuparemos un estallido social a la chilena?

La voluntad política actualmente hegemónica que nos lleva hacia la instauración de una forma de convivencia social fundamentada en el todo mercado, impulsando la desaparición, neutralización, anulación de entidades/instituciones concebidas originalmente para la promoción del bien común y de la integración social; nos habla de que, al margen de la gente, se potencia una transformación estructural de las normas y de los valores de orden filosófico-constitucional que animaron la conformación de lo que, oficialmente, se ha denominado como la Segunda República.

Albino Vargas Barrantes, Sindicalista.

A un año de la aprobación-imposición de la detestada legislación del combo fiscal, hoy Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las heridas sociopolíticas abiertas por esta confrontación social no sanan.  Tres elementos principales, de carácter conclusivo, puede uno emitir de tal circunstancia.

El primero de ellos tiene que ver con el señalamiento de diversas entidades político-técnicas (especialmente, internacionales), en cuanto a que dicha legislación no sirvió para aliviar la situación estresante de las finanzas públicas costarricenses; toda vez que, si la cartera ministerial de Hacienda está exhibiendo cifras de mejoras en la recaudación fiscal, son para sobrellevar el pago de intereses producto del endeudamiento público.

No se están utilizando esos dineros frescos para impulsar cambios sustanciales en las deudas pendientes por exclusión social o para revertir el deterioro de importantes servicios públicos destinados a poblaciones vulnerables.

El segundo elemento conclusivo a un año de la aprobación-imposición de ley del combo fiscal, No. 9635, es que quien está pagando, en realidad, el ajuste tributario-salarial que se ha generado, son los sectores de la clase media, los sectores populares y la población que, de una manera u otra, se puede considerar excluida de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social. Con dicha legislación, la desigualdad se profundizó.

El tercer elemento conclusivo es que la tirantez social generada por las imposiciones de políticas fiscales a contrapelo del sentir mayoritario de la sociedad y a contrapelo de la misma institucionalidad jurídica del país; está propiciando el surgimiento de un ejercicio autoritario de la gestión gubernativa, tanto ejecutiva como legislativa; todo lo cual conduce, inevitablemente, a profundizar la distancia entre el gobernado y los gobernantes, con las consecuencias negativas, unas imaginables y otras no tanto, para la convivencia democrática misma.

Entonces, la voluntad política actualmente hegemónica que nos lleva hacia la instauración de una forma de convivencia social fundamentada en el todo mercado, impulsando la desaparición, neutralización, anulación de entidades/instituciones concebidas originalmente para la promoción del bien común y de la integración social; nos habla de que, al margen de la gente, se potencia una transformación estructural de las normas y de los valores de orden filosófico-constitucional que animaron la conformación de lo que, oficialmente, se ha denominado como la Segunda República.

La sumatoria de situaciones de conflicto en desarrollo que ilustran este alejamiento creciente y tenso entre el gobernante y los gobernados nos llevan a plantear problemas de gran dimensión como los siguientes:

El endeudamiento casi liquidador de los agricultores y un proyecto de ley prometido, pero no concretado para resolver tal problema; amén de la disolución del CNP que ya está en trámite parlamentario.

La legislación pendiente para favorecer a importantes grupos de clase media mediante el retiro anticipado de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), y la ley pendiente para regular la usura.

Por otra parte, provocar al sistema cooperativo amenazándole con “legalizar” la intervención luego de tantos meses de intensa lucha para eliminarla, pretendiendo ahora imponer una directiva del INFOCOOP bajo total gubernamental

Los proyectos de ley en trámite para terminar la destrucción total del ICE.

Imposible ignorar la resistencia del sistema municipal a someterse a los dictados fiscales del Gobierno Central, lo cual lleva a múltiples comunidades bajo inspiración de acción cívica a enfrentarse con ese sordo sistema político que les castró su autonomía.

¿Y si todo esto se junta y se acciona de manera articulada? ¿O, por el contrario, ¿la incomodidad y el enojo en cada aspecto revienta por su lado y luego se pegan? ¿Será que nos hemos de ver enfrentados en Costa Rica a un estallido social similar a la chilena?…

 

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