No debemos revictimizar a la población migrante por supuestas omisiones, ni convertir las diferencias en discriminación; al contrario, hay que reconocerlas como fuentes de saber y oportunidades para generar respuestas articuladas y prevención que pueden salvar vidas y dar un ejemplo de coordinación institucional.
Alejandro Machado Garcia, Gestor en Desarrollo Sostenible
Lo que hay detrás de una taza de café es complejo y maravilloso. Según el ICAFE, la región de Los Santos representa aproximadamente el 41.8% de la producción total de café de Costa Rica. Nos hemos caracterizado en América Latina por ser un país con alta atracción de personas migrantes para labores del café; precisamente, los territorios con mayor producción demandan más mano de obra.
Los Santos, en particular la tríada de León Cortés, San Marcos y Santa María de Dota, es conocida por su café de calidad, pero poco se habla de que allí confluyen varios perfiles migratorios y situaciones especiales, producto de la demanda constante de mano de obra. Cerca de 10,000 recolectores Ngäbe y Buglé estuvieron en la cosecha pasada y vale la pena señalar.
Primero, las personas migrantes que vienen a recolectar café no necesariamente son vulnerables, pero ciertamente no provienen de entornos con altos niveles de escolaridad. Proceden de comunidades y corregimientos de la Comarca Ngäbe-Buglé, de comunidades no con buen desarrollo humano ni escolaridad. Forman parte del 93.4% de la población de la comarca que vive en pobreza. Allí se les describe como «los pobres más pobres de la República de Panamá»; históricamente, era todo lo contrario, se conocieron como grandes «guerreros».
Segundo, es necesario dimensionar socialmente este fenómeno. La movilidad laboral en el ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y reintegración) no ocurre en un terreno estéril; hay factores que pueden hacer que ese ciclo sea tortuoso y riesgoso.
Costa Rica realiza esfuerzos importantes para que la intermediación laboral y el reclutamiento ético sean efectivos, pero la arquitectura institucional existente es insuficiente para supervisar y apoyar al productor y evitar situaciones especiales. ¿Quién realiza la detección, alerta, referencia e identificación por parte del Estado si las fincas son de propiedad privada, hay resistencia o desconocimiento por parte de algunos productores y algunas fincas están aisladas?
Tercero, no todas las personas ingresan de forma regular, por diversas razones que merecen análisis. Esta irregularidad expone a la población migrante porque, además de no contar con seguro, no se pueden prevenir situaciones de salud ni de protección. De ahí los subregistros y casos en los que se deja al migrante frente a salud, se retiran y cuando toca identificar al patrono o finca de trabajo, no lo mencionan.
El Pacto Verde exige trazabilidad del grano, pero ¿qué posibilidades reales tienen estas personas migrantes de evitar o denunciar abusos? La trazabilidad administrativa y el reclutamiento ético no bastan; son necesarias la capacitación y la información para acompañar y concientizar a productores y recolectores sobre sus derechos y los mecanismos de referencia. Se tiene que apoyar al productor con recursos.
Sin esos niveles de articulación, la narrativa del Pacto Verde quedará reducida a datos técnicos —fechas de ingreso y salida, nacionalidad, finca, tipo de café, deforestación, técnicas de cultivo— sin saber y determinar si el recolector fue atendido oportunamente o si accede a sus derechos.
La atención insuficiente, tardía o parcial de un grupo vulnerable puede poner en riesgo su vida. Según el OIJ, entre 2020 y 2026 se registraron 19 levantamientos de cuerpos de menores panameños en la zona de Los Santos o el eje cafetero del sureste del país; cinco de ellos con autopsia pendiente. Entre esos casos hubo dos autoeliminaciones, una muerte en parto, una muerte por parasitosis y diez fallecimientos por bronconeumonía.
Es fundamental capacitar al productor y a las comunidades que son las finalmente abrigan, cuidan y denuncian situaciones especiales; no cabe asumir mayor responsabilidad sin formación ni recursos. Hay que fortalecer la prevención y apoyar la articulación de la atención con los procesos de trazabilidad. A medida que se fortalezcan las capacidades y la coordinación en los puntos críticos, los corredores migratorios por los que transitan estos trabajadores reducirán riesgos no solo en el tránsito, sino también durante la estancia y el egreso. No es un problema de personas, es un vacío en el enfoque y la conexión en la respuesta del sistema intersectorial que forma parte de la cadena de valor del café.
No debemos revictimizar a la población migrante por supuestas omisiones, ni convertir las diferencias en discriminación; al contrario, hay que reconocerlas como fuentes de saber y oportunidades para generar respuestas articuladas y prevención que pueden salvar vidas y dar un ejemplo de coordinación institucional.