Alex Solís: De un tren eléctrico y políticas públicas fallidas

En suma, siendo una necesidad urgente resolver el problema de transporte público en el GAM, antes de poner en marcha la construcción del tren eléctrico, se debe ser muy rigurosos en el análisis de dicho proyecto, con el propósito de asegurarnos que estamos ante una política pública exitosa y no una ocurrencia gubernamental. En tal sentido, los resultados del análisis de factibilidad tienen que ser impecables, lo cual solo se puede lograr con el criterio y de expertos en la materia.

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Alex Solís Fallas, Doctor en Derecho

Una de las mayores calamidades, tanto para las finanzas públicas como para el desarrollo del país y la confianza ciudadana en la democracia, son las políticas públicas mal concebidas o mal ejecutadas. En momentos cuando el Gobierno de la República impulsa un proyecto para la construcción de un tren eléctrico, tenemos que ser muy cuidadoso para evitar otra pifia, como tantas en las que se ha incurrido en el pasado.

Nadie ignora, que en términos de transporte público, en la Gran Área Metropolitana (GAM) tenemos graves problemas. Por los mares de carros que circulan a diario por nuestras calles moverse de un lugar a otro se ha convertido en un verdadero problema, que requiere de mucha paciencia y tiempo; además, de otras consecuencias negativas relacionadas con la contaminación ambiental, la salud y la economía del país.

El problema del transporte urbano es muy complejo. Para su solución integral se requiere de un plan maestro, que integre la planificación urbana con la logística del transporte y su amplio abanico de posibilidades: buses, microbuses, taxis, tranvías, trenes, vehículos particulares, motocicletas y hasta bicicletas. Este es un asunto de expertos. Lo que debemos evitar a toda costa son las ocurrencias, la improvisación o el capricho de algún gobernante con el propósito de hacerse famoso con un gran proyecto y que se le recuerde por siempre.

¿A qué vienen estas reflexiones? Bueno, al hecho de que el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado está impulsando la construcción de un tren eléctrico bidireccional que conectaría las ciudades de Alajuela, Heredia, San José y Cartago. De acuerdo con el perfil del proyecto publicado por INCOFER, dicho tren permitiría diariamente la movilidad de miles de personas, de una forma segura, rápida, eficiente y limpia, es decir, sostenible. El costo proyectado de esta mega obra es de 1,550 millones de dólares.

Consciente de los problemas de transporte público que tenemos en el país, como el que más, quisiera ver lo antes posible el proyecto del tren convertido en una realidad. ¡Cuánto admiro la osadía de los panameños! En pocos años ampliaron la capacidad de su canal y construyeron un metro, que se mantiene en constante ampliación.

Pero atención, a esto quería llegar. Expertos en la materia como Clinton Cruickshank, Miguel Carabaquiaz y Luis Enrique Loría, por citar algunos, han planteado serios cuestionamientos de muy variada naturaleza: a) técnicos ingenieriles – ferroviarios, b) económicos-financieros-operativos, c) la cantidad de plantas generadoras, d) conexión entre las estaciones del Pacífico y del Atlántico y e) de seguridad, (Delfino 21 de julio, 2020).

¿Cuál es el asunto? Pues, ser muy cuidadosos como país para evitar una chambonada y un desperdicio de tiempo y dinero. Todos somos testigos, de proyectos fracasados y millonarias sumas de dinero desperdiciados, aquí y en otras latitudes, como resultado de la improvisación o la falta de estudios adecuados.

Veamos algunos ejemplos de proyectos fallidos, de entre decenas que se podrían citar: A nivel internacional, en Ecuador el Aeropuerto Jumandy, en Salvador el Puerto de la Unión Centroamericana, en Honduras Ciudad Mateo, en México la Ciudad Industrial la Célula y el Aeropuerto de Texcoco, en Nicaragua el canal seco.  En Costa Rica, se pueden citar como sonados fracasos, la Carretera San José-San Ramón, con pérdidas para el país de 35 millones de dólares; la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, 146 millones de dólares; La trocha o Ruta 1856,  30.000 millones de colones; la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A. (SORESCO, S.A.), 64 millones de dólares. Sume a estos casos, los fallidos arreglos del puente la platina, 14 millones de dólares y la pifia en la conexión de la vía que conecta la carretera a Limón con la Terminal de Contenedores de Moin, otros 14 millones de dólares. ¿Cuántas casas para pobres se podrían haber construido con esta millonada desperdiciada?

Todos estos proyectos fracasaron por el capricho de los gobernantes de turno, la falta de planificación o de estudios serios conducentes a la formulación política públicas factibles y exitosas. Para evitar las ocurrencias e improvisaciones gubernamentales, se requiere aplicar rigurosas metodologías que con eficiencia y eficacia resuelvan los problemas públicos, generen bienestar y nos permitan vivir mejor a todos. ¡Con los dineros públicos no se improvisa, menos con la crisis fiscal que padece el país!

Existen rigurosas metodologías para diseñar y evaluar la conveniencia de una política pública. La primera etapa consiste en analizar la naturaleza, magnitud y causas del problema que se quiere resolver, la segunda, en el análisis de las diferentes opciones de solución, la tercera en el análisis de factibilidad, la cuarta, en la recomendación de una política pública, la quinta, en la elaboración de un plan de acción para ejecutar la política pública recomendada; por último, el diseño de una buena política pública requiere un adecuado sistema de control, concebido como un eje transversal, que se aplique desde el primera etapa hasta cuando termine de realizarse el proyecto.

Sin embargo, la clave para el éxito de una política pública, según el experto Julio Franco, consiste en preguntarse sobre la factibilidad del proyecto que se quiere llevar a cabo. Se trata de una evaluación multidisciplinaria con el objeto de, por un lado, impedir las ocurrencias gubernamentales y por el otro, elegir la política pública con mayores probabilidades de éxito.

Esta evaluación exige preguntarse por: a) La factibilidad presupuestal: ¿se cuenta con los recursos financieros para implementar la política pública? b) La factibilidad socioeconómica: ¿cuál es el costo-beneficio? c) Factibilidad legal: ¿es congruente con los postulados del Estado constitucional, democrático y social de derecho? d) Factibilidad política: ¿cuenta con el apoyo de la gente? e) Factibilidad ambiental: ¿es ambientalmente sostenible? y, f) Factibilidad administrativa: ¿se cuenta con los recursos humanos y organizacionales para llevar a cabo la política pública?

En suma, siendo una necesidad urgente resolver el problema de transporte público en el GAM, antes de poner en marcha la construcción del tren eléctrico, se debe ser muy rigurosos en el análisis de dicho proyecto, con el propósito de asegurarnos que estamos ante una política pública exitosa y no una ocurrencia gubernamental. En tal sentido, los resultados del análisis de factibilidad tienen que ser impecables, lo cual solo se puede lograr con el criterio y de expertos en la materia.

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