Alex Solís: Presidente, trabajemos por una Constituyente

Por eso, ante la crisis tan compleja que aqueja Costa Rica y la sensación de estancamiento en la que nos encontramos, resultan tan refrescantes las palabras del Presidente, relacionadas con la posibilidad de una nueva Constitución.

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Alex Solís Fallas, Doctor en Derecho

Después de tres años de estar lidiando con un Estado desfazado, ineficiente y al borde del colapso, el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada sugiere al país en su último informe de labores, “que ha llegado el momento de repensar y discutir nuestra Constitución”. Quien, si no es él, podría decirlo con más autoridad, que ha tenido que vérselas con una Constitución que no está a la altura de las necesidades, principios y valores de los tiempos actuales. ¡Tenemos que escucharlo!

Desde hace aproximadamente cuarenta años se viene planteado la necesidad de convocar la Asamblea Constituyente, con el propósito de reescribir nuestro contrato social. Sin embargo, por miedos infundados, defensa del status quo o falta de visión, nos hemos dedicado, en palabras del Informe del Estado de la Nación del 2017, a “patear el tarro hacia adelante, es decir, a trasladar a un tiempo futuro la toma de decisiones”.

En lugar de resolver de raíz los problemas estructurales, hemos seguido el camino de los, parches, los remiendos y soluciones provisionales, con lo cual no se ha logrado más que agravar la situación. “Nadie pone remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor” (Mateo 9: 16-17). O como diría Jorge Debravo, nos hemos acostumbrado tanto a la Constitución de 1949, que ahora nos da miedo y no nos atrevemos a cambiarla, como si con el cambio nos quedáramos muertos.

Por eso, ante la crisis tan compleja que aqueja Costa Rica y la sensación de estancamiento en la que nos encontramos, resultan tan refrescantes las palabras del Presidente, relacionadas con la posibilidad de una nueva Constitución. Sin perder más tiempo y como resultado de una gran conversación nacional debemos impulsar un gran proyecto de innovación de mediano y largo plazo, que propicie la prosperidad económica, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, todo en el marco de un moderno y eficiente Estado, que nos permita vivir mejor.

Para lograr la modernización del Estado se requiere, entre varias acciones convocar la Asamblea Constituyente. ¿Con qué propósito? Entre muchos ejemplos cito los siguientes:

  • Valores superiores: establecer de manera expresa, cuáles son los principios y valores fundamentales del sistema. Esta concreción tiene por fin orientar la acción de los poderes públicos y delimitar el poder interpretativo de la Sala Constitucional, sobre una materia tan delicada. Es importante notar que el país tiene un acervo histórico y profundo en el ser costarricense de respeto a la democracia, a los derechos individuales y garantías sociales, que como un ADN seguirán siendo parte esencial de esos valores superiores de nuestra institucionalidad.
  • Estado descentralizado: debatir la sustitución, sin renunciar a la estructura unitaria de Estado, el modelo de desarrollo centralizado y verticalista que se localiza en el Valle Central, por otro que favorezca el desarrollo equilibrado de las zonas periféricas del país y las necesidades reales de todas las personas, especialmente de las que habitan en las zonas más alejadas de San José.
  • Gobierno semipresidencialista: debatir la posibilidad de matizar el sistema de gobierno presidencial con algunas instituciones del sistema de gobierno parlamentario, con el propósito de acentuar el principio de responsabilidad, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. Reformas de esta naturaleza erradicarían la impunidad política que hoy cobija a las autoridades políticas superiores del sistema y harían más eficiente al Estado.
  • Tamaño del Estado: racionalizar el tamaño del Estado, con el propósito de mejorar la estructura administrativa del aparato público, con el fin de asegurar la mayor calidad y eficiencia, posible de los servicios públicos y el buen gobierno.
  • Patrimonio público y recursos hídricos: regular de manera amplia la materia relacionada con patrimonio público, recursos hídricos, áreas protegidas y la riqueza del subsuelo costarricense.
  • Relaciones internacionales: definir los principios fundamentales que deben orientar las relaciones de Costa Rica con la comunidad internacional. Además, con el propósito de profesionalizar y mejorar la calidad de nuestro servicio exterior, debe corresponder a la Asamblea Legislativa ratificar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que proponga el Consejo de Gobierno.
  • Ampliación de los derechos humanos: fortalecer y ampliar el decálogo de los derechos humanos. Solo por citar algunos ejemplos, se deben reconocer nuevos derechos relacionados con el principio de la dignidad humana, la equidad de género, el derecho a la protección de datos, el derecho al buen servicio, el derecho a la efectiva gestión del gobierno, el derecho a la participación política directa y a la tutela judicial efectiva, el derecho a internet. En otra categoría, se debe reconocer el derecho al bien común, el derecho a la protección integral de la salud, el derecho al desarrollo armónico de todas las regiones del país, el derecho al patrimonio histórico-cultural de los pueblos y el derecho al deporte y la recreación. En otras materias, se debe reconocer el derecho a la paz, el derecho al agua, el derecho a la naturaleza y a su restauración.  En el campo de las garantías, se debe constitucionalizar el derecho de rectificación y respuesta y crear el recurso de hábeas data, la acción por incumplimiento y un nuevo recurso de amparo para garantizar el derecho al buen servicio y el derecho a la efectiva gestión del gobierno y a la tutela judicial efectiva.
  • Deberes y obligaciones para los ciudadanos: introducir un capítulo nuevo en el que se especifique los deberes y obligaciones de los ciudadanos.
  • Solución alternativa de conflictos: reconocer como derecho humano la solución alterna de conflictos, como el arbitraje, la conciliación, la negoción y el diálogo para poner fin a los conflictos.
  • Revocación de mandato: reconocer el derecho ciudadano a revocar el mandato de cualquier funcionario de elección popular, por ineptitud, faltas grave y violación al deber de probidad.
  • Referéndum e iniciativa popular: facilitar el ejercicio de estos dos derechos ciudadanos para que realmente la ciudadanía los pueda ejercitar, con la regularidad y facilidad que demanda la democracia y el gobierno participativo.
  • Partidos políticos y otras organizaciones sociales: reconocer el derecho a la inscripción de candidaturas independientes y a otras organizaciones, además de los partidos políticos, como instancias democráticas de participación ciudadana, concertación, control y vigilancia de la gestión pública entre otros temas.
  • El poder al servicio de las personas: establecer de manera expresa que el Estado, los poderes públicos, los representantes populares, funcionarios y empleados públicos están al servicio de las personas.
  • Rendición de cuentas y eliminación de la impunidad: fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.
  • Poder Legislativo: 1) modificar el sistema de elección de los diputados; 2) simplificar el procedimiento legislativo y el ejercicio del veto; 3) distribuir de manera diferente la organización de las legislaturas; 4) Establecer procedimientos de rendición de cuentas; 5) mejorar la función de control político y; 6) sancionar a los diputados con la pérdida de su investidura por el incumplimiento reiterados de sus obligaciones, ineptitud, faltas graves o violaciones al deber de probidad.
  • Poder Ejecutivo: 1) Debatir la conveniencia de mantener el periodo presidencial en cuatro años o incrementarlo a cinco años; 2) Eliminar la segunda vicepresidencia; 3) Regular por separado las funciones del Presidente y la de los ministros; 4) Establecer que el Presidente de la Republica puede ser llamado por los diputados o que el Presidente puede acudir voluntariamente al seno de la Asamblea Legislativa a rendir cuentas; 5) Establecer que su cargo puede ser revocado mediante un referéndum ciudadano. 6) Autorizar al Presidente para que solicite a la Asamblea Legislativa el trámite de hasta cuatro proyectos de ley por año mediante una vía rápida. 7) Debatir acerca de la conveniencia de un Ministro primus inter-pares, una especie de Primer Ministro en el gabinete.
  • Poder Judicial: 1) Regular de forma expresa el principio de independencia judicial y sus garantías; 2) Eliminar las funciones administrativas que realiza la Corte Plena; 3) Crear el Consejo Administrativo y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; 4) establecer que todos los jueces son iguales; 5) Que deben respetar los términos judiciales y que serán responsables por los perjuicios que causen a las partes por su actuar negligente; 5) Modificar el sistema de elección, los requisitos y el periodo de nombramiento de los magistrados; 6) Crear la figura de los facilitadores judiciales para la paz o jueces de paz.
  • Poder Electoral: 1) Convertir el Tribunal Supremo de Elecciones en el Poder Electoral; 2) Crear el Registro Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; 3) Establecer que corresponde al Poder Electoral distribuir, de manera equitativa, el uso de espacios publicitarios entre los partidos políticos.
  • Régimen Municipal: 1) Regular el principio de alternancia en el ejercicio del poder municipal; 2) Eliminar la segunda vice-alcaldía y; 3) Asignar nuevas competencias y garantizan recursos a las municipalidades.
  • Instituciones Autónomas: eliminar las juntas directivas.
  • Economía: concebir el desarrollo económico como un medio de asegurar a todos los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a los medios de producción; regular el principio de justicia tributaria y el de estabilidad presupuestaria.
  • Presupuesto de la República: constitucionalizar los principios presupuestarios y establecer que se pueden aprobar para uno o varios años. Con el ánimo de mejorar la planificación, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados, establecer que en la formulación de los presupuestos se utilizarán técnicas que permitan evaluar el cumplimiento de los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, así como su impacto económico.
  • Contraloría General de la República: repensar la integración, organización y funciones de la Contraloría General de la Republica en el marco de una nueva organización del Poder político y administrativo del país.
  • Control interno: establecer que es responsabilidad del jerarca y del titular subordinado implementar, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, en la comprensión de que el control no es un fin en sí mismo sino una herramienta de trabajo.
  • Estatuto del servidor público: establecer que un régimen de derecho público, fuera de los avatares político-partidistas, basado en el mérito y la profesionalización de los servidores públicos, determinará el salario, la forma de ingreso, régimen de incompatibilidades, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación de los servidores públicos de sus funciones.
  • Régimen de responsabilidades: fortalecer el régimen de responsabilidades con el propósito de eliminar la impunidad que hoy campea en el sector público y que de esta forma, todos los servidores públicos sufran las consecuencias de sus abusos de poder, arbitrariedades y políticas públicas mal concebidas o mal ejecutadas.
  • Tribunal Constitucional: debatir acerca de la ubicación, funciones, integración y organización de la Sala Constitucional.

Reitero, estos solo son algunos ejemplos de asuntos que se deberían conversar con el propósito de dotar a Costa Rica de una nueva Constitución para modernizar el Estado y relanzarlo por la senda del desarrollo sostenible.

Señor Presidente, este es un año especial para Costa Rica, porque el próximo 15 de setiembre celebramos 200 años de vida independiente. Lamentablemente, la celebración de esta efeméride se produce en momentos donde el país atraviesa por la situación más crítica en la que nos hemos encontrado, quizás desde 1948. Es justamente por esta razón, que el país demanda se tomen decisiones visionarias y valientes. Estamos frente una gran oportunidad de propiciar una nueva etapa en el desarrollo del país a partir del bicentenario. En sus manos está enviar a la Asamblea Legislativa un Proyecto de ley con el objeto de convocar la Asamblea Constituyente. ¡No perdamos más tiempo! Celebremos en grande el bicentenario.


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