Alfredo Fournier Beeche: ¿Será necesaria una Constituyente?

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Alfredo Fournier Beeche, Abogado.

Hace bastante tiempo vengo oyendo que es necesario convocar a una Asamblea constituyente, para quitar los múltiples defectos que la actual constitución tiene y daños que produce a la democracia costarricense. Lo he oído de pensadores nacionales del más alto calibre, especialmente de politólogos de gran valía. Esos pensadores dan sus razones muy enfáticamente y ponen ejemplos muy puntuales para respaldar sus opiniones.

Yo, con mucho respeto, estoy en desacuerdo con ellos. Pero ese desacuerdo debe ser razonado y explicado. Eso pienso hacer a continuación:

Tal vez la propuesta viene de una muy interesante manera de ser de los costarricenses, que consiste en no atacar el problema específico, sino atacar y destruir el problema genérico, porque atacando lo general se logra, también, atacar y destruir lo específico. Hay varios ejemplos muy claros de esta manera de actuar: Cuando Don Alfredo González Flores propuso la creación del impuesto sobre la renta, los círculos más retrógrados decidieron terminar con Don Alfredo, se le derrocó y con él se terminó con el impuesto. Cuando Don José Figueres se vio amenazado por la Legión Caribe, disolvió en ejército y logró que la Asamblea constituyente del 48-49 lo prohibiera como institución permanente, (Artículo 12 de la Constitución vigente). Cuando Robert Vesco vino al país y creó sociedades anónimas con acciones al portador para manejar sus inversiones, se prohibieron las acciones al portador, en vez de sancionar a los que hicieran mal uso de ellas. Lo único que ha faltado es terminar con los cheques, porque algunos los emiten sin hacer provisión de fondos suficientes.

La propuesta de una nueva constitución no es nueva, pues recuerdo muy bien que Don Daniel Oduber la hizo cuando fue presidente. No recuerdo las razones que entonces dio Don Daniel, pero era en la época en que se creía que dar la tierra a los campesinos traería, como por arte de la magia, el bienestar, la bonanza total, y la repartición del capital. Parecía que lo único que impedía ese milagro era el Artículo 45 de la Constitución. Entonces, en vez de atacar este Articulo, se ideó llamar a constituyente.

Ahora, que los malos gobiernos nos aquejan, que la corrupción se ha hecho corriente, que los políticos no encuentran soluciones y que parece que el túnel no tiene salida, es momento de que el esfuerzo nacional se dirija hacia los problemas específicos, para buscarles solución. Las soluciones deben ser positivas y también sancionatorias; deben de traer formas de hacer las cosas mejor, fáciles y, dentro de lo posible, ya probadas, aquí o en otros lugares. Que funcionen. Voy a proponer tres instituciones que ya han sido probadas a saciedad y podrían funcionar:

PRIMERA: El sistema parlamentario ha funcionado eficazmente en Europa y en algunos países de América, como Canadá, Jamaica y otros pequeños. En este sistema el poder ejecutivo está encargado a un primer ministro nombrado por los diputados, que debe mantener la funcionalidad del estado y dar forma a la administración, mediante el nombramiento del gabinete. Debe mantener el apoyo de los representantes populares, los diputados. Si los diputados que lo eligieron deciden que ya no le quieren como primer ministro, le niegan un voto de confianza y le sustituyen en el cargo, pero sigue diputado. Normalmente, el primer ministro será escogido dentro de los mismos diputados, por lo que debe de contar con respaldo electoral.

SEGUNDA: La elección de diputados debe cambiar, pues actualmente los que eligen los diputados son los dirigentes de los partidos políticos, que confeccionan una lista provincial. Por costumbre o reglamento, los candidatos a la presidencia nombran un cierto número variable de diputados en calidad de “diputados nacionales”, en algunas cabeceras de provincia. Este sistema es arbitrario e inconveniente y causa que los que encabezan las listas de cada partido en cada provincia sean los representantes de los cantones más grandes y los elegidos por los partidos sean todos del mismo cantón, dejando sin representación a los cantones con menos población.

Creo que la elección debe de ser por zonas delimitadas y en las que el representante de la zona se escoja por los electores entre varios y distintos aspirantes, por mayoría. Adicionalmente puede haber un número de diputados elegidos por sus méritos cuando el partido a que pertenecen logre en todo el país un porcentaje mínimo de votos, sea un cinco, un diez o el porcentaje que represente una cantidad sustancial de población. Estos últimos serían los diputados nacionales. Todo ciudadano debe tener derecho a proponer su nombre y el pueblo eligirá al que considere oportuno en cada zona. Claro, los partidos podrán proponer candidatos.

TERCERA: Debe de incluirse el juicio político – proceso conocido en inglés como impeachment – consistente en que los diputados pueden destituir al que sea objeto del proceso, por razón de la causa que se le imputo. No es, necesariamente, un proceso penal. Se trata de quitar al que manifiestamente los diputados no quieren que siga en su puesto. Puede ser una causa meramente política, administrativa, ética o de cualquier otra índole. Claro, la votación debe de ser calificada en su proporción de diputados que aprueban, para impedir la destitución por causas triviales. Al impeachment estarán sujetos el presidente y los demás funcionarios que la propia constitución o la ley indiquen, pero necesariamente serán el presidente, los propios diputados, los magistrados y los alcaldes, vicealcaldes y regidores.

Creo que, con las reformas que propongo, se evita el costo y el riesgo que una asamblea constituyente significa, pues en ella se podría cambiar todo lo que los constituyentes consideren oportuno, incluyendo la reforma o eliminación de los derechos individuales que la actual constitución reconoce: tales como el derecho a la vida, a la libertad individual, a la propiedad privada, al buen nombre, de asociación, a la privacidad del domicilio, de reunión, de religión, de comercio, de igualdad ante la ley, y de los derechos sociales, como son el trabajo, la sindicalización, salario mínimo, la jornada mínima, la cesantía, el preaviso, el descanso semanal, las vacaciones, la huelga y el paro. Todos son derechos y garantías ya consolidadas desde el inicio de la república y desde la reforma de 1941. En una asamblea constituyente sería ella la que diría como van a aprobar sus resoluciones, si por mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada y por cuantos votos. No podrá ser de otra forma porque dejaría de ser constituyente. Es un borrón y cuenta nueva.

Por ello es conveniente decidir qué es lo que se quiere: mejorar lo que está mal, pero conservando lo mucho bueno que existe, o, por el contrario, una nueva Costa Rica que no sabemos cómo sería. ¿Queremos lanzarnos a lo desconocido? ¿Sería sensato ir a una constituyente en que se puedan cambiar los preceptos éticos, religiosos, filosóficos, democráticos y de toda índole que han hecho de este país ejemplo? Creo que la contestación no es NO.

Queremos mejorar lo que está mal, no arriesgarnos a quedar peor.


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