Alfredo Fournier Beeche: No se vale con el FMI

Alfredo Fournier Beeche, Abogado.

En mis años, desde que empecé a oír a hablar del Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre el tema fue cuán complaciente iba a ser el FMI y cuanta la ayuda al país; si el gobierno de turno lograría que la solución y si se alcanzaría fácilmente. La razón es que las personas encargadas de negociar serían muy capaces y lograrían convencer a los negociadores del Fondo de ser más suaves que lo que debe ser o de lo que se necesita. Siempre ha habido la creencia de que, por inteligencia o astucia, nuestros representantes logarán condiciones muy suaves, más que las normales o de las que le han exigido a otros países. Siempre el gobierno de turno dirá que lo que logrará será que el Fondo no maltrate la frondosa burocracia estatal y el país seguirá disfrutando de sus empleados públicos, sin merma y sin hacer un análisis severo de los múltiples filtraderos de dinero que componen el déficit fiscal.

Ciertamente, el FMI necesita saber que el país que reciba su ayuda va a honrar sus compromisos de pago. El dinero no lo prestarán si consideran, en el propio FMI, que no es posible que sea pagado de vuelta. Para que el pago sea posible, el país tendrá que convencer al FMI que no gastará la plata en destinos tontos (tales como pagar a gente que no trabaja, dar pensiones exageradas a los que ya dejaron de trabajar o a sus familias, pagar a los empleados públicos remuneraciones exageradas, mantener duplicidades de servicios públicos innecesarias etc.).  También, obligará al Estado a que tenga un sistema contributivo (impuestos) que permita pagar de vuelta  las sumas prestadas.

Para analizar y estudiar las posibilidades de Costa Rica, debe de hacerse un recuento de situación nacional y de lo recientemente sucedido. Los encargados ya deberían estar haciendo su tarea. Creo que es un error empezar a publicar los detalles como si se tratara un asunto en que pueden participar todos los ciudadanos. Corresponde al Poder Ejecutivo llevar adelante la negociación, con los funcionarios que corresponde y la ayuda del Banco Central de Costa Rica. No se trata de una elección popular en que los ciudadanos están llamados a dar su parecer. Para eso tenemos autoridades constituidas y autorizadas legalmente a hacerlo.

Como es un asunto político, la Constitución le dio la potestad de decidir a los representantes del pueblo, la Asamblea Legislativa. En vez de gastar el tiempo en convencer a los ciudadanos, el Poder Ejecutivo debe de apurarse y considerar la propuesta al FMI con realismo y pensando en el mejor resultado y negocio para el país. Debe recordar que el partido de Gobierno solamente tiene nueve diputados y lo que se va a discutir no es placentero para los representantes populares. No será aceptable presionar a los diputados a aceptar lo que mal negocie el Poder Ejecutivo.

Se plantea el dilema más ingresos o menos Estado. Vaya pensando el Gobierno a qué se apunta. Acaba La Asamblea Legislativa de aprobar y el Poder Ejecutivo de poner el Ejecútese al mayor paquete de impuestos en la historia del país y la reforma del Estado se quedó en las frases bonitas. No se hizo nada. Continúa el despilfarro y la mala administración de prioridades en el gasto. Ya se oyen las voces de los expertos llamando a la cordura y señalando lo que ellos consideran oportuno. También se oyen los lamentos de los ciudadanos, agobiados por los muchos impuestos ya existentes y por la pandemia, que ha impedido el crecimiento nacional y ha traído tanto dolor a las familias costarricenses.

Tengamos claro que todo impuesto es llevar dinero ganado por los trabajadores a las bolsas del Estado, que usa los fondos recogidos para pagar salarios y sueldos, para pagar las obras de infraestructura y para pagar los intereses y abonos al capital que se debe, deuda pública. La únicas dos posibilidades de lograrlo es pagar menos o conseguir más dinero para pagar. No hay otra alternativa. Serán el Poder Ejecutivo y los diputados los que tomarán la ruta que escojan como mejor. O una mezcla de ambas.

Solamente quiero recordar que los impuestos los pagamos todos. Los sueldos y salarios de los empleados estatales los reciben únicamente ellos. Los demás somos pagadores de impuestos y también somos pueblo. Por eso, el pueblo, sin distingos, debe cuidar que esos servicios que  paga sean razonables y útiles para cada uno de los ciudadanos. No se vale recibir pago de servicios que no se dan; no se vale pagar servicios de mala calidad; no se vale pagar servicios repetidos; no se vale pagar cantidades exorbitantes por servicios que valen menos; no se vale pagar supuestos servicios para lograr el agradecimiento de unos cuantos y no de todo el pueblo; no se vale cobrar más que lo debido; no se vale inventar gastos innecesarios; no se vale cobrar salarios por trabajos mal hechos; no se vale no trabajar la jornada que se está pagando; no se vale interrumpir el trabajo para tomar café, hablar por teléfono u otro menester, durante el tiempo que el Estado está pagando; no se vale organizar fiestas, tertulias, comentarios de los partidos del fin de semana, contar chistes o chismes u otras actividades que no sean para lo que se está pagando. Tampoco se vale evadir el pago de impuestos ni eludir su pago y el Estado no debe hacerse la vista gorda con los que lo hacen. Todos deben pagar lo que les toca. Sin triquiñuelas ni perdones.

Hay que recordar que cuando se aprobó el paquete de impuestos del año 2018 se dijo que sería la solución de los problemas del Estado. Pues no. Solo era un pequeño parche en todo el enorme problema que aqueja al país. Se prometió y no se cumplió. Ahora nos plantean nuevos impuestos. Por eso debemos recordar a Mackenzie King, ex Premier de Canada, que decía “las promesas de ayer del político son los impuestos de hoy”.

Saludo muy cordial.