Alicia Fournier Vargas, Periodista, Cooperativista, Ex Diputada, Ex Viceministra de la Presidencia, Ex Presidenta Ejecutiva del SINART.
El tema de la mujer ha sido siempre más que una preocupación, una dedicación y lo digo porque habiendo sido diputada ante la Asamblea Legislativa, dos veces, dediqué mis esfuerzos en pro de la legislación favorable a la mujer y la familia. Fuera de la Asamblea, en mi vida privada y recientemente como cooperativista, desde esa esquina, continúo dedicando energías hacia el beneficio de las mujeres en el ámbito productivo.
Quiero escribir en el Día Internacional de la Mujer acerca de dos aspectos, uno muy cercano a mi, en cuanto a experiencia y vivencia como costarricense y otro, referido a los desoladores efectos que ha tenido la pandemia en el mundo, retomando señalamientos que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre este tópico, referido especialmente a la mujer latinoamericana y del Caribe.
I.
Las prácticas desiguales y discriminatorias hacia las mujeres todavía están tan asentadas en la sociedad, que las vemos como naturales y no llegan a cuestionarse. De ahí la importancia de contar con instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que toman como punto de partida esa desigualdad y discriminación histórica.
Tal es el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros más específicos para los derechos de las mujeres como la Convención CEDAW o la Convención de Belem do Pará.
La práctica social determinó -históricamente- la aplicación de los derechos humanos en “clave masculina”; es decir, el hombre como centro del pensamiento humano, del desarrollo histórico, protagonista único y parámetro de la humanidad.
El gran desafío para nuestras sociedades estriba en acortar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad de hecho o sustantiva, en la que las mujeres han sido parte de la concepción de que son una minoría.
La socialización de la desigualdad y la discriminación, hace que veamos como naturales muchas prácticas y conductas, y de que la sociedad completa continúe reproduciéndolas.
El cuestionamiento de ese orden establecido y hacer cambios tendientes a su transformación, requiere tener conciencia de que debemos “desaprender” lo aprendido y que ello conlleva acciones en el ámbito privado y público.
Esto conduce a la implementación de acciones afirmativas que toman como punto de inicio esa desigualdad y discriminación histórica en materia de representación y participación política de las mujeres.
Este mecanismo controvertido y nada glorioso para muchos, ha demostrado ser necesario y eficaz para re-equilibrar un poco la participación de hombres y mujeres en espacios de decisión que competen a la sociedad como un todo.
Hoy quiero recordar un hecho histórico que se dio en nuestra Asamblea Legislativa, al haberse reformado su Reglamento y crearse en el año de 1999 de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, instancia que tuve el honor de presidir en sus dos primeros años de vida.
La institucionalización de la Comisión de la Mujer dentro de la Asamblea Legislativa marcó el inicio de un proceso de transformación de la estructura jurídica e institucional para asegurar los derechos humanos de las mujeres como un primer gran paso en esta esfera.
Se han creado las condiciones objetivas para visibilizar a la mujer como tal dentro de la vida jurídica y promover las leyes y acciones correspondientes para materializar sus derechos y crear espacios de atención y resolución a sus derechos, necesidades y expectativas.
Muchas de las leyes que hoy hacen justicia a las mujeres han sido estudiadas, analizadas y dictaminadas por la Comisión de la Mujer, un acuerdo que se plasmó gracias a la coyuntura histórica que vivimos en aquella época y por el cumplimiento de los compromisos asumidos en la “IV Cumbre Mundial de la Mujer”, celebrada en Beijing en 1995, que marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. Posteriores reuniones internacionales a distinto nivel han venido remarcando temas y posesionando avances alcanzados, que nos llevan a lo interno de cada país a impulsar iniciativas concretas que reafirmen los derechos de la mujer.
Hoy desde el campo del cooperativismo, veo con aun mayor claridad, el papel de la mujer en la economía y en la sociedad, cuyo papel es trascendental y resultado de muchos años de luchas ininterrumpidas, donde la educación y la capacidad de organización han marcado la diferencia.
A cada una de nosotras nos corresponde «cultivar una parte del jardín». Lo que importa es hacerlo bien y sintonizar nuestros aportes con quienes están cultivando otros espacios del jardín para saber que no estamos solas, para que el esfuerzo individual sume hasta multiplicarse, para que la contribución nuestra tenga sentido como parte de un jardín diverso y único.
II.
Ahora bien, en cuanto a la realidad actual que nos ha obligado la pandemia del COVID-19, la familia ni la mujer escapan a ella, porque precisamente los estudios llevados a cabo por instancias nacionales e internacionales lo señalan.
Aquí hemos visto con gran preocupación y pesar los resultados de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que reportan como las mujeres han sido las más afectadas en cuanto a desempleo y pobreza. Panorama que también señalan los análisis del Proyecto Estado de la Nación, remontándose a años mucho anteriores a la pandemia, con claras advertencias sobre las acciones a tomar.
Por su parte la CEPAL en un reciente informe, titulado “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, señala entre otras cosas la urgencia de destinar recursos públicos para poder llevar a cabo medidas para hacer frente a la pandemia desde una amplia perspectiva social y de género.
Y es que está claro que uno de los principales efectos de la pandemia ha sido el aumento de la pobreza, debido a los cierres y disminución de actividades laborales que impactan directamente las estadísticas de la economía a nivel nacional como un conjunto, pero con nombres y apellidos en cada familia y particularmente en las cuales la mujer es la jefa de hogar, como lo estamos viendo en nuestro país.
Añade el informe de la CEPAL que “…un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos”. Este panorama desolador en un mundo cuyos escenarios ya eran difíciles para la mujer, nos hace pensar en que el Estado tiene que dar respuestas, pero desde otros ángulos, muy distintos a los acostumbrados para atender con acciones directas para la igualdad de género en la recuperación económica.
Así, sugiere una serie de medidas en materia fiscal que deberían contribuir de forma simultánea y sinérgica a los objetivos de la reactivación económica y el cierre de brechas, asentándose en los principios de suficiencia, progresividad e igualdad, para lo cual plantea la necesidad de un nuevo pacto fiscal, que promueva la igualdad de género como elemento central para una recuperación sostenible, es decir, un pacto que cumpla con requerimientos tales como:
- Ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios para cautelar los recursos orientados a las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.
- Reactivar sectores gravemente afectados como el comercio, el turismo y los servicios, que además de redinamizar las economías tienen un potente efecto en la recuperación del empleo de las mujeres.
- Promover medidas dirigidas a que el crecimiento de los sectores tecnológicos vaya acompañado por el aumento de la participación de las mujeres, prestando especial atención a la eliminación de las barreras de ingreso en estos sectores.
- Expandir la cobertura de la protección social para abordar la situación de las mujeres en su diversidad, evitando que el acceso a prestaciones y transferencias esté sujeto a condicionalidades.
- Garantizar el acceso de las mujeres, no solo en su condición individual sino también como empresarias, a servicios y productos financieros sin que se reproduzcan sesgos de género en lo referente a evaluación de riesgo, historial crediticio, avales y garantías y tasas de interés.
Partiendo de la base que la miseria en nuestro continente tiene muchas veces orígenes y efectos, nosotras sin duda que tenemos que identificarnos con algunos de los aspectos señalados, ya que recientemente poco mas del 20% de nuestra población vive en estado de pobreza.
El compromiso como nación debe ser férreo como el actuar en el tiempo debido y oportuno, generando cambios de perspectiva con visión de largo plazo. Digo esto, sabiendo que el actuar del Estado está restringido por capacidades de dirección y de recursos, lo cual es cada vez más notorio. Sin embargo, no por ello debemos cejar en el empeño.
Se avecinan períodos electorales en tiempos de pandemia, lo cual también afectará la vida organizativa, participativa y política, ocasión en la que no podemos estar ausentes ni demostrar signos de apatía y desinterés, porque, al menos yo tengo muy claro que los cambios importantes que dan perseverancia y continuidad, se dan en las esferas políticas, en las que la mujer viene demostrando dese el siglo pasado, su capacidad.
Celebrar este Día en las condiciones que nos imponen las circunstancias de la pandemia, es muy duro, pero tengo esperanzas en que el papel de las mujeres en su conjunto y en los aspectos de motivaciones que las agrupen, tengamos presente los intereses del país del cual tomas somos parte y hemos logrado construir.