Alina Guadamuz Flores: Litigios mundiales por causa de la crisis climática

Como recomendación, resulta necesario que las ciencias jurídicas se actualicen constantemente con el fin de incluir dentro de sus regulaciones aquellas situaciones que se presentan conforme el ambiente se ve alterado, para así garantizar la participación civil, específicamente, el acceso a la justicia, ya que esta debe ser pronta y cumplida.

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Alina Guadamuz Flores, Abogada

De acuerdo con el medio de comunicación Europa Press, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala que los litigios climáticos se han duplicado en los últimos cuatro años. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, concluye que ello es resultado de que los pueblos indígenas, e incluso, las personas menores de edad, acudan a los tribunales con el fin de que se cumplan los compromisos gubernamentales y empresariales que buscan resguardar al ambiente. Con base en el mismo medio de comunicación, este contexto significa, en números aproximados, 1500 casos registrados en 38 países. Desde 2017, países como Brasil, Colombia, Indonesia, Pakistán y Sudáfrica, han registrado este aumento de litigios relacionados con el cambio climático, por lo que aquí se hará referencia al origen de los litigios ambientales en relación con la crisis climática y la situación judicial de dicha temática en algunos países.

Con base en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, en su artículo 1 sobre definiciones, se conceptualiza al “cambio climático”, como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.

Si bien la Tierra genera por sí misma un aumento de temperatura periódicamente, desde que comenzó la industrialización de las actividades humanas a finales de los años 1800 e inicios de los 1900, correspondientes a la I Revolución Industrial, esa producción artificial de gases aumentó, al punto que hoy todavía se sufren las consecuencias de la creación de la máquina de vapor en Inglaterra, cuyo funcionamiento se llevaba a cabo al quemar hulla, una roca derivada del carbón, esto, para conseguir que la maquinaria se pudiera mover y, así,  trasladarse.

La ONU menciona algunos de los efectos nocivos de este tipo de gases generados por el hombre de forma directa o indirecta y que se manifiestan a través de tres hechos: la concentración de Gases de Efecto Invernadero, GEI, en la atmósfera; concentración progresiva de gases desde la Revolución Industrial, y; el GEI más abundante es el dióxido de carbono, que es el resultado de la quema de combustibles fósiles.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPPC, por sus siglas en inglés) publicó en 2014 el Quinto informe de evaluación, donde señala, dentro de sus conclusiones, que de 1880 a 2012 se ha presentado un aumento de la temperatura media mundial en un 0,85 °C. Debido a ese calentamiento se han derretido las zonas heladas del planeta, lo que ha ocasionado que, de 1901 a 2010, el nivel del mar haya subido en 19 cm, aproximadamente. Al alterarse el clima y su nivel de humedad, se afecta la vegetación a nivel mundial, siendo que hay límites naturales que ya están sobrepasando el punto de inflexión que permitía contener el daño irreversible o de difícil reparación al ambiente. Como resultado de lo anterior, se proyecta que se dará un mayor aumento de la temperatura media global, el consiguiente aumento en el nivel de los mares, escasez de agua en los periodos sin lluvia, pérdida de biodiversidad, etc.

Para 2018, la misma IPPC publicó un informe donde indicó que no es necesario sobrepasar los 2ºC de “gracia” para que se ocasionen graves daños al planeta, con que se llegue a los 1.5ºC ya se producirían serios daños al ambiente

Dicho esto, se puede detallar al término de “crisis climática”, que es el que se ha estado usando de manera más reciente para referirse a estos tipos de fenómenos atmosféricos inoportunos, sustituyendo al de “cambio climático”. El sitio web RAEE Andalucía, proporciona la siguiente noción para la “crisis climática”: “la magnitud o consecuencias de la actividad humana, las consecuencias, cada vez más evidentes, del cambio climático.”. Con base en la misma página de Internet, esta última palabra, “crisis”, da una sensación de urgencia para atender la situación. Se pretende que se actúe ante la situación crítica en la que se encuentra el ambiente. Ese escenario agravado de cambio climático se convierte en una crisis climática. De ahí que, en la actualidad, sea este el término que se ha comenzado a utilizar cuando hacemos referencia a dicho tema.

Ahora podemos empezar a hablar de la parte legal, propiamente. Parte de los litigios por causa de la crisis climática se dirigen contra los gobiernos, pero también contra aquellas empresas que no toman medidas oportunas para tener una actividad comercial ambientalmente sostenible o que, incluso, ocultan información relevante o la proporcionan de una forma tergiversada a sus socios o accionistas, a las propias autoridades gubernamentales y al resto de la sociedad.

De acuerdo con lo indicado por el artículo periodístico de Europa Press, muchas de esas demandas judiciales se basan en normas jurídicas nacionales o internacionales que resguardan el ambiente, lo que refleja no solo el conocimiento que la sociedad va adquiriendo y mostrando sobre este tipo de regulaciones, sino que, también, refleja el resguardo que dichas normas logran ejercer en la práctica, haciendo que se ponga en marcha la eficacia jurídica que deben tener aquellas, en este caso, para el resguardo del ambiente, que conlleva a la protección de los bienes jurídicos de la salud y de la vida.

Muchos países registran casos en cuanto a litigios por crisis climática. Tenemos en Estados Unidos el de Massachusetts vs EPA. En esta ocasión, los demandantes solicitaron a la Corte que la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), regulara al dióxido de carbono y a otros GEI como contaminantes y que el tema fuera regulado por la EPA, por resultar de su competencia. La EPA no quiso regular el tema y por eso surgió el conflicto. La sentencia estadounidense de 2007 se basó en la legislación de 1970 y antecedentes de legitimación activa de 1990, indicando que la EPA debe velar por el resguardo del ambiente en ese país.

Si nos vamos para el sur del continente, encontraremos que en 2018 un grupo de habitantes de Colombia presentó una demanda contra su gobierno debido a que, en promedio, se talaban cerca de 16 hectáreas de bosque por hora, situación que compromete el futuro de las generaciones presentes y futuras dado que la reforestación es la forma en como mejor se puede combatir el cambio climático, entiéndase, crisis climática. En esta ocasión, la Corte le otorgó al gobierno un plazo de 4 meses para que detuviera el alza de la deforestación en la Amazonia colombiana. Además, le ordenó construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, documento que debía elaborarse junto con las personas adultas jóvenes que conformaron a la parte demandante en el litigio. Este caso tiene como particularidad que reconoció a la Amazonia como un sujeto de derechos; eso significó que las personas con títulos de alcaldes y las corporaciones autónomas de la región tuvieran que cumplir sus deberes contra la deforestación.

Otro caso de litigio ambiental mencionado por la nota de Europa Press es el de la asociación ambientalista Urgenda, cuyo nombre completo es Urgent Agenda y el Tribunal Supremo de Países Bajos, donde se indicó que el Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga a un Estado a proteger el derecho a la vida de su población. La nota periodística del diario La Vanguardia, a su vez, explica que el Tribunal holandés le ordenó al Estado la reducción de sus emisiones de GEI en un 25%. Para llegar a esta decisión, la Corte Suprema se basó en investigaciones científicas (Principio de Objetivación) y, así, estudió a las emisiones registradas en 1990, por lo que estableció que la orden judicial debía cumplirse antes de que finalizara 2020.

Continuando por Europa, en 2020 se presentó en España el primer litigio en razón de la crisis climática. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, presentaron la demanda por la falta de acción del gobierno español para buscar la disminución de sus GEI y, además, porque se ha tardado en implementar tratados internacionales como el Acuerdo de París.

Otro país europeo, Portugal, registra un litigio ambiental por la crisis climática en 2020. En esta ocasión un grupo de personas menores de edad y jóvenes dirigieron el litigio contra 33 países, argumentando que, por sus prácticas contaminantes, pusieron en riesgo sus vidas y su salud física y mental. Si este litigio resulta favorable para las personas denunciantes, no solo los gobiernos deberán adecuar su actividad a la normativa ambiental, sino que también las empresas que estén domiciliadas en sus territorios.

Si pasamos por Asia, nos encontramos con que Greenpeace Southeast Asia y otras ONGs, le solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas dos peticiones. La primera: “las implicaciones que el cambio climático y la acidificación del océano tienen para los derechos humanos y la resultante violación de derechos en las Filipinas” y, la segunda, “si una de las Grandes del Carbono había violado su responsabilidad de respetar los derechos del pueblo filipino”. En este caso, las sospechosas de cometer la infracción son 50 empresas. Al parecer, la primera contaminación se tiene registrada desde 1751. Las personas asiáticas están basando su petición en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esta ocasión las empresas indicaron que el Consejo no tenía competencia para responder a la solicitud de Greenpeace. El asunto jurídico radicaba en determinar si la ley podría establecer responsabilidad por relacionar la emisión de GEI y el impacto negativo al ambiente.

En África tenemos el caso de 2005, Gbemre vs Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. El planteamiento de la denuncia se dirigía contra la quema de metano y la producción de GEI que impactaban sobre el cambio climático mundial, ocasionado por la empresa Shell, mientras producía gas en el delta del Río Níger. Se alegó que esta práctica violaba el derecho humano a un ambiente limpio y saludable, resguardado jurídicamente por la Constitución Política nigeriana y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos alegatos encontraron acogida por parte del Tribunal.

Para incluir a los cinco continentes así como a un tema que viene de la mano con la crisis climática, se hará referencia al caso Ioane Teitiota vs The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment, en Nueva Zelanda, en 2015. El litigio trata sobre los refugiados climáticos. El demandante era de nacionalidad kiribatiana y recurrió a los tribunales neozelandeses solicitando nacionalidad en este país insular, ya que los niveles del mar comenzaban a subir en el suyo por causa del cambio climático. El Tribunal le indicó al sujeto que un desplazamiento por razones ambientales no le hacía cumplir con los requisitos para ser refugiado de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, la Corte aclaró que su decisión no descartaba la posibilidad de que “la degradación ambiental resultante del cambio climático u otros desastres naturales pudieran… abrir una vía hacia la aplicación de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados o para la jurisdicción de persona protegida.”. En un caso como este se debe analizar el hecho de que si, por ejemplo, el país que se está viendo afectado por la crisis climática soporta inundaciones por lluvia o por subida del mar, sufrirá daños en la tierra donde se cultiva, degradándola. Además, se considera como riesgo extremo que un país llegue a verse sumergido bajo el agua; lesiona el derecho a la vida y a la dignidad (Peña, 2021, pp. 54 y 55).

En general, existen tres tipos de actores sociales: el gobierno, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil. Para el caso holandés se enfatiza que, si bien a los políticos les corresponde la elaboración de la política pública que debe resguardar al ambiente y a la vida y la salud de las personas, específicamente, la reducción de los GEI, también corresponde a los tribunales hacer valer el resguardo jurídico de dichos bienes, lo que significa la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (Ver nota “Los «litigios climáticos» se duplican en cuatro años, según la ONU” de Europa Press).

Así como existe el lavado de dinero, existe el greenwashing o lavado verde, que implica alterar los datos del impacto ambiental de una empresa, con el fin de evitar ser objeto de críticas por parte de los actores civiles. Esta situación debe regularse jurídicamente en todos los países y denunciarse con el fin de promover la ética empresarial en el ámbito ambiental.

En Costa Rica, de acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental se registran conflictos por: gestión y distribución del agua en Guanacaste; en Puntarenas, por aleteo de tiburón, minería, expansión inapropiada de las piñeras y del árbol Gmelina, la potencial construcción de un aeropuerto en la Zona Sur, disputa de territorios indígenas; en la frontera con Panamá, por la presencia de un oleoducto y la expansión de proyectos turísticos; en San José, por proyectos hidroeléctricos; en Limón, por proyectos hidroeléctricos e invasión de ganaderías en tierras indígenas, afectación por nemagón y; Alajuela, por proyectos de minería, específicamente, el de “Crucitas”. Sin embargo, de acuerdo con dicho mapa interactivo, Costa Rica no registra casos de litigios por la crisis climática, propiamente. El mismo sitio web aclara que, el hecho de que en el mapa no aparezcan conflictos, no significa que no existan.

Como política pública existe la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030, que indica distintos cuerpos jurídicos, políticas públicas y programas que protegen al ambiente combatiendo el cambio climático (pp. 40 y 41.), no obstante, muchas de estas normas no incluyen propiamente la palabra “cambio climático” o “crisis climática”, por ejemplo, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Uso Racional de la Energía, por lo que, al no existir una ley específica dedicada a combatir la crisis climática de manera expresa como ley marco, habrá que recurrir a la hermenéutica jurídica para hacer un análisis sistémico que incluya a diversas normas, de diferentes cuerpos jurídicos (lo que es muy común en el ámbito ambiental en Costa Rica) para así conseguir un compendio de normas que sustenten jurídicamente una eventual demanda judicial contra la crisis climática en el Estado costarricense.

La siguiente tabla muestra la cantidad de litigios por crisis climática por país, para 2017, año de publicación del documento de la ONU, precisamente, sobre demandas ambientales:

Fuente: ONU, 2017, p. 11.

Como recomendación, resulta necesario que las ciencias jurídicas se actualicen constantemente con el fin de incluir dentro de sus regulaciones aquellas situaciones que se presentan conforme el ambiente se ve alterado, para así garantizar la participación civil, específicamente, el acceso a la justicia, ya que esta debe ser pronta y cumplida.

A manera de conclusión se puede decir que el Derecho es una herramienta valiosa y noble que permite alcanzar la justicia mediante diferentes métodos científicos, principios, etc., sin necesidad de recurrir a la violencia. Muchas personas de los diferentes países y continentes han recurrido a los tribunales con el fin de hacer valer sus derechos, lo que refleja, primero, el conocimiento del evento dañoso, sea la crisis climática y, segundo, el conocimiento de los instrumentos jurídicos para poner un alto al daño a la región específica y, de forma global, al Planeta Tierra.

La normativa jurídica y el acceso a la justicia serán el medio para alcanzar la justicia ambiental, así como el Desarrollo Sostenible, específicamente sus objetivos: 4, sobre educación de calidad, dado que mediante la educación ambiental se podrá inculcar un resguardo por el planeta y su biodiversidad; el 13, manifestándose una clara acción por el clima a través de las instancias judiciales y; el 16, al buscar aplicar la justicia mediante los tribunales de los distintos países que conforman el orbe, acciones que empezarán a ser llevadas a cabo de forma más constante y frecuente por parte de personas de todas las zonas geográficas de cada país y de todas las edades.


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