Alina Guadamuz Flores: Proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital

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Alina Guadamuz Flores, Abogada

Dentro de la aparente calma que acompañaba a un mundo convulso como el actual, en 2019 surgió en la ciudad de Wuhan, China, un virus, el SARS-CoV-2, que generó una pandemia mundial. Dado que este virus es muy contagioso, las autoridades de las carteras de Salud de los diferentes países han optado por diversas medidas con el fin de evitar la propagación de este, siendo la cuarentena una de ellas. La misma implica tener que llevar a cabo el teletrabajo en aquellos puestos laborales en los que sea posible hacerlo, así como la teleeducación. Si bien esta puede ser una medida óptima porque permite mantener fuera de riesgo sanitario a los estudiantes, por otro lado, la falta de los implementos que les permita a los alumnos continuar con su educación, sea una computadora o el Internet, se presenta como una dificultad. Además, se ha reflejado un problema abstracto: la falta de alfabetización digital. Bajo este contexto se presentó el proyecto de ley denominado Programa Nacional de Alfabetización Digital, Expediente N.º 22206.

Si nos enfocamos directamente en el concepto en el cual se basa este proyecto de ley, es de utilidad entender en qué consiste el mismo. La Western Sydney University indica que la alfabetización digital significa tener las habilidades que se necesitan para vivir, aprender y trabajar en una sociedad donde la comunicación y el acceso a la información se está incrementando a través de las tecnologías digitales como las plataformas de Internet, redes sociales y dispositivos móviles. (Traducción propia).

Desde 2010, con el fin de promover la alfabetización digital en el país, se presentó un proyecto de ley que buscaba implementar un programa que educara a la población infantil con las habilidades suficientes como para manejar los equipos tecnológicos requeridos en el proceso de aprendizaje y así evitar el rezago académico de los menores, por la falta de conocimientos en el área digital. El texto del proyecto de ley, Ley de alfabetización digital en escuelas públicas primarias, expediente Nº 17749, en su artículo 1 creaba el “Programa socioeducativo para el aprendizaje Edu-Digit@l”, que estaría adscrito al FONATEL. El MEP apoyaría la ejecución de este proyecto formativo a través del departamento de Recursos Tecnológicos en Educación. Edu-Digit@l sería un órgano de desconcentración máxima y gozaría de personalidad jurídica instrumental.

El proyecto se dirigía a todas aquellas personas en edad escolar, así como a sus docentes, con el objetivo de garantizarles una computadora, el acceso a Internet y la capacitación, para que supieran cómo usar el equipo físico y su sistema operativo, que es donde entra la alfabetización digital. El equipamiento se daría de forma mixta, específicamente, de tres maneras. En la primera de ellas habría una asistencia gubernamental total, donde el equipo sería gratuito para aquellas familias que comprobaran que no tenían la capacidad económica para adquirirlo; la segunda manera sería a través del subsidio: entre el Programa y el núcleo familiar del menor cubrirían los gastos; la tercera de las formas de equipamiento era sin financiamiento, donde la familia del menor tiene la capacidad económica para asumir el costo del equipo.

Esta dotación estaría sujeta a lo que decidiera, mediante criterio técnico, la Comisión Nacional del Programa socioeducativo para el aprendizaje Edu-Digit@l. Dicha Comisión estaría conformada por un representante del FONATEL, uno del MEP, uno del MICITT, uno de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital y un representante de las universidades públicas.

El artículo 6 del proyecto indicaba que el financiamiento del proyecto se nutriría de hasta el 50% de los fondos del FONATEL, así como del aporte que hicieran las instituciones, empresas y bancos del Estado. En el inciso a) de este numeral se indicaba que el Programa se incluiría dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, PNDT.

Esto le evitaría al Poder Ejecutivo tener que solicitarle a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), ya que, al ser incluido en el Plan, que es elaborado por el Poder Ejecutivo, le da al documento la versatilidad para ser modificado a como este poder de la República lo considere.

Este proyecto no se aprobó como ley de la República.

10 años después, el 10 de setiembre de 2020, se presenta el proyecto de ley llamado, Programa Nacional de Alfabetización Digital, expediente Nº 22206. En este proyecto se indica, dentro de sus considerandos, que la pandemia ha revelado la necesidad de instruir a los niños con los conocimientos digitales necesarios para que sepan cómo usar los dispositivos tecnológicos y la Internet y así evitar que se queden rezagados en sus estudios.

Este proyecto de ley dice tener ventaja sobre los proyectos del FONATEL, ya que con la implementación de la Red Educativa se busca dar un acompañamiento pedagógico al estudiante para generar la alfabetización digital; el FONATEL provee el servicio de Internet junto con el equipo requerido para usar a la primera.

Con este proyecto de ley se pretenden modificar algunos artículos de la LGT, por ejemplo, el artículo 6, sobre definiciones, agregándole, a la definición del inciso 4), la frase “contenidas en el Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones.”, lo que le da al programa esa versatilidad a la que antes se hizo referencia, con la cual el Poder Ejecutivo podría variar los objetivos de los proyectos modificando el PNDT, ahorrándose el trámite de una reforma legislativa para hacer aquellas inclusiones o modificaciones normativas que considere necesarias realizar; es una vía expedita.

En su artículo 6, definición 19ª, se añade un par de renglones al concepto original. Con la reforma se indicaría que se exonera de contar con un título habilitante, en este caso autorizaciones o concesiones, al proveedor del servicio de alfabetización digital:

19- Proveedor:  Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según corresponda.  El proveedor de servicios de alfabetización digital o de suministro de dispositivos para ese fin, por la naturaleza de dicho servicio, no requerirá ser titular de una concesión o autorización a que se hace referencia en esta ley.

En el numeral 34 propuesto se pretende que el dinero de FONATEL financie, al parecer totalmente, a la tarea de alfabetización digital, que debería ser asumida por el MEP, por tratarse de un tema de educación propiamente.

El artículo 35 del proyecto de ley es el que pretende trasladar al MEP (cartera que cuenta con su propio presupuesto para llevar a cabo los proyectos de educación que le corresponde desarrollar) parte del dinero de FONATEL. Antes de que el MEP le solicite al FONATEL el traslado del dinero, deberá contar con la aprobación del MICITT, que, como rectoría del sector de telecomunicaciones, tendrá el deber de revisar que lo propuesto por el Ministerio de Educación Pública esté sujeto a lo que indique el PNDT y que su petición de dinero al sector de telecomunicaciones no vulnere “la sostenibilidad de los programas restantes a cargo de FONATEL.”.

Estos “programas restantes” a los que se refiere el proyecto de ley, fueron los programas que se crearon para desarrollar al sector de telecomunicaciones en el país y así evitar serios rezagos en la materia, debido al elevado costo del despliegue de la infraestructura del sector y el consiguiente suministro del servicio; es por estos proyectos que se creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, administrado por la SUTEL. Estos programas, considerados como “restantes”(¿adicionales?) por el proyecto de ley, en realidad son los proyectos originales, importantes para desarrollar al sector de telecomunicaciones en Costa Rica y, por lo mismo, se financian con el dinero que genera esta industria, pero, al parecer, pretenden dejarse en un segundo plano para darle prioridad al proyecto a cargo del MEP, sobre alfabetización digital.

Los actuales proyectos del FONATEL dirigidos a los centros de educación, se llevan a cabo a través del Programa Centros Públicos Equipados, siendo que, para la fecha, con el dinero del Fondo se han entregado cerca de 26388 equipos a escuelas y colegios públicos del MEP:

Los proyectos ejecutados por el FONATEL, relacionados propiamente con el sector de telecomunicaciones, que buscan desarrollar a este sector en varias áreas de manera simultánea, son: Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros Públicos Equipados y Espacios Públicos Conectados.

Una versión más extensa de este artículo está disponible en Derecho de Telecomunicaciones.

 

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