Alina Guadamuz Flores, Abogada

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19, una de las recomendaciones sanitarias hechas por los rectores en materia de salud de los países fue el distanciamiento físico, para disminuir el contagio de este virus. Como resultado de ello, de este distanciamiento físico y su consiguiente cuarentena, las personas debieron acudir a las vías remotas disponibles para poder llevar a cabo sus trabajos, estudios, etc., siendo la más usada, el Internet. Esta forma de comunicación, si bien resulta beneficiosa porque impide que se estanque totalmente la economía al poder mantener el contacto entre las diferentes personas, por otro lado, aumenta el riesgo de sufrir una violación a los datos personales, delitos cometidos por parte de los ciber delincuentes. El peligro en la ciber seguridad va dirigida en varias direcciones, entre ellas, el posible hackeo de cuentas bancarias y de redes sociales, el posible control gubernamental en cuanto a la ubicación de sus habitantes a través de sus dispositivos móviles y la pornografía infantil.

En las primeras se corre el riesgo de que queden expuestos datos de la vida privada, que si bien no necesariamente implica alguna humillación ni le genera un problema grave a la víctima, sí le provoca la incomodidad de dejar datos privados expuestos, lo cual violenta su derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, que en Costa Rica se encuentra resguardada por la Constitución Política en el artículo 24 (ver  SINALEVI). Peor aún si quedan expuestos datos íntimos de la persona, que afectan su fuero personal y su honor.

Para evitar la vulneración de las cuentas de redes sociales, algunos expertos han recomendado mantener actualizadas las aplicaciones, buscar que en las reuniones virtuales solamente participen usuarios registrados y que la reunión tenga una contraseña  (ver aetecno. Conoce las claves para proteger tus vídeollamadas de los ataques y hackeos).

En cuanto al hackeo de cuentas bancarias, algunas entidades pertenecientes al sector (ver BCR. Consejos Generales de Seguridad) han indicado en su páginas web que existen métodos fraudulentos por parte de los ciberdelincuentes como el PHISHING, que consiste en la creación de sitios falsos de Internet; VISHING, que se trata de llamadas telefónicas para cometer el fraude; SMISHING, que usa el envío de mensajes de texto en los teléfonos móviles; DNS poisoning, donde se lleva a cabo el ataque manipulando las vulnerabilidades del sistema del nombre de dominio y desviando así el tráfico de Internet de los servidores legítimos, hacia los falsos (ver How-To Geek. What is DNS Cache Poisoning?); Tab-Napping, que es una combinación entre un ataque informático y el PHISHING, donde se intenta convencer a los usuarios para que envíen sus datos de inicio de sesión y contraseñas a sitios web populares, haciéndose pasar por ese sitio, simulando ser genuino (ver Collins. Tab Napping); además se encuentran otros riesgos como las distintas formas de Malware, que es un software malicioso que intenta infectar una computadora o un teléfono móvil (ver avast. Malware & Antimalware).

Un troyano llamado Cerberus, dirigido para atacar al sector bancario, puede incluso burlar los códigos de autenticación de doble factor de la aplicación de Google Authenticator. Este troyano lo que hace es tomar una captura de pantalla mientras el usuario tiene la aplicación abierta (ver aetecno. Malware financiero robaría códigos de autenticación de doble factor de Google).

El segundo riesgo cibernético que se presenta durante la pandemia es el de la localización constante de las personas que posean teléfonos móviles, tanto por parte de las empresas privadas relacionadas con las telecomunicaciones, así como de los gobiernos. Esto enciende las alarmas en temas de privacidad, ya que los Estados y las empresas conocerían la ubicación de las personas a tiempo completo, con la justificación de saber cómo se está expandiendo el virus COVID-19.

En Taiwán, que ha denominado este control como “cerca digital”, se ha dispuesto que, si una persona ha sido obligada a mantenerse en cuarentena y, de acuerdo con el control de datos que se lleva a cabo mediante el teléfono móvil, la persona parece haberla irrespetado, puede llegar a ser multado hasta por $33 000. El no contestar los mensajes gubernamentales o las llamadas telefónicas de advertencia para mantenerse en cuarentena, puede hacer que la policía llegue a la casa para corroborar si la persona está en aislamiento (ver Quartz. How Taiwan is tracking 55,000 people under home quarantine in real time).

Costa Rica ha sido monitoreada por la empresa Google, quien comparó la movilidad de sus habitantes, en el lapso enero-marzo, para contrastar los datos durante la cuarentena y con anterioridad a esta. Los usuarios que entraron en la medición fueron aquellos que usan los servicios de la empresa. La misma midió los tiempos de estancia de las personas en determinados lugares públicos, siendo que hubo un 68% menos de visitas a comercios de ventas al por menor y lugares de recreación, reducción de un 41% de personas que fueron a supermercados y farmacias, 71% menos de visitas a parques, 68% menos de presencia en estaciones de transporte público y 39% menos de asistencia a lugares de trabajo (ver crhoy. Ticos han dejado de asistir a comercios y sitios públicos: datos de Google lo confirman).  Desde el inicio Google había indicado que las tendencias no mostrarían todos los datos sino las visitas a parques, tiendas, casas y lugares de trabajo. Tanto como se hace con el control del tráfico vehicular, para el tema del COVID-19, los datos usados serán agregados y anónimos, de los usuarios que hayan activado su historial de ubicación (ver France 24. Google to publish user location data to help govts tackle virus).

Por mediciones como estas es que alrededor de 106 ONGs han solicitado que la pandemia del COVID-19 no sea usada como excusa para irrumpir en la privacidad de las personas, sobre todo en relación con las minorías raciales o poblaciones marginadas (ver dpl news. ONGs piden no usar apps de rastreo del Covid-19 como pretexto para vigilancia masiva). Estas ONGs han indicado en un manifiesto de 8 consideraciones (ver Human Rights Watch. Joint Civil Society Statement: States use of digital surveillance technologies to fight pandemic must respect human rights) que este monitoreo debe limitarse durante el periodo de la pandemia con el fin de evitar violaciones a la libertad de asociación, expresión y de la privacidad, así que se debe mantener el respeto por los derechos humanos en general, ya que, a pesar de la pandemia, siguen vigentes.

El tercero de los riesgos cibernéticos generados durante la pandemia del COVID-19 que hemos mencionado, es el de la pornografía infantil, tanto en su consumo, como en su producción.

De acuerdo con BBC Mundo. Coronavirus: el dramático incremento del consumo de pornografía infantil en el confinamiento por el covid-19, la semana del 17 al 24 de marzo, fecha en la que el gobierno español decretó estado de alarma por la pandemia, se registraron alrededor de 17.000 descargas de material con pornografía infantil por parte de las personas pedófilas. De la semana del 24 al 31 de marzo, las descargas con contenido sexual infantil subieron a 21 mil.

De acuerdo con datos de la ONG, EDPAC (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes), los pedófilos en línea muestran varios rasgos en común. El 99% de ellos son hombres, siendo que la lista de pedófilos incluye desde niños adolescentes de entre 13 y 15 años, hasta adultos mayores, y forman parte de todas las clases sociales. Otro rasgo es que ese tipo de pedófilos tiene una formación tecnológica, por lo que pueden navegar en Internet de manera anónima y, además, se aconsejan entre ellos para que la policía no los pueda localizar (ver BBC Mundo. Coronavirus: el dramático incremento del consumo de pornografía infantil en el confinamiento por el covid-19).

El Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicaron un documento con once principios que indican cómo prevenir el abuso sexual infantil en línea. Los países que participaron en esta intervención gubernamental estadounidense son Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda (ver dpl news. Autoridades de EUA y cuatro países más publican principios para contrarrestar el abuso sexual infantil en línea).

El documento Voluntary Principles to Counter Online Child Sexual Exploitation and Abuse permitirán saber cuándo se está dando una actitud de grooming o intento de amistad nociva por parte de la persona pedófila hacia una persona menor de edad, con el fin de explotarla sexualmente.

Por lo anterior es que se debe tener mucha cautela al navegar por Internet, dado que la pandemia del COVID-19 ha provocado el incremento de su uso y los hackers y los pedófilos intentan dañar a las personas, tomando para su ventaja, el hecho de que las mismas se encuentran más expuestas ahora, en comparación al momento anterior al comienzo de la cuarentena y de que se implementara, casi a tiempo completo, el trabajo, el estudio y el entretenimiento, a través del Internet.

Una versión más extensa de este artículo está disponible en Derecho de Telecomunicaciones.