Amnistía tributaria: aclaraciones pertinentes y necesarias

Se trata de un mecanismo transparente y que apoyaría en forma significativa a paliar el déficit y sobre todo la inmediatez de recuperar $600 millones para mitigar en parte el problema serio de flujo de caja que tiene este gobierno

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Gerardo Corrales BrenesEconomista.

Se me ha pedido me refiera al artículo publicado hoy en el Diario Extra por mi apreciado amigo y distinguido economista don Guillermo Zúñiga titulado «Aquí hay Compadre Hablado», haciendo referencia a dos transitorios del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas donde se les da a los contribuyentes por un período máximo de 90 días la posibilidad de entrar en una amnistía tributaria.

Empiezo por advertir que no soy tributarista sino un simple economista que analiza los temas de la forma más objetiva como me enseñaron los grandes Maestros en mi Alma Mater de la UCR.

Por Amnistía Tributaria técnicamente entiendo una posibilidad de perdón o condonación de intereses y multas, no principal, que el gobierno ofrece sin distingo a un grupo de contribuyentes que tienen litigios o juicios pendientes durante un periodo finito relativamente corto, como una forma efectiva de recaudar recursos frescos no presupuestados así como eliminar lo costos legales y administrativos de dichos procesos legales que normalmente son prolongados. Es una práctica común que normalmente se acompaña en proyectos de reforma fiscal como han sido los casos de Alemania, España, Bélgica, México, Colombia, Honduras.

En el caso particular de Costa Rica, el transitorio XXIII ofrece un período máximo de 90 días para que los contribuyentes paguen el principal completo en litigio, condonando intereses y reduciendo las multas o sanciones en un 80% si el pago se hace en el primer mes, 70% en el 2 mes y un 60% en el 3 mes.

En el transitorio XXXVIII se da la misma opción para los bancos, especialmente para los bancos del Estado que tienen litigios pendientes desde el 2010 al 2017 por traslados de cargos no aceptados. En ese sentido, puedo al menos ver las siguientes ventajas de este mecanismo:

  1. Aumenta la recaudación de forma inmediata con un impacto directo e indirecto sobre el déficit fiscal. El primero por los recursos que ingresan a la Tributación Directa que no están registrados, no contabilizados en el Presupuesto Nacional y de forma indirecta, pues al recuperar recursos entidades autónomas como el IMAS, INDER, FODESAF le da margen a la Tributación de ajustar las transferencias que por destinos específicos le asigna la ley para estas organizaciones, pues con este proyecto de ley se esta desatando esa inflexibilidad, salvo los destinos constitucionales.
  2. Permite a los contribuyentes formales, no importa su tamaño, que tienen litigios con dichas entidades a regularizar su situación tributaria y la incertidumbre contable, financiera y administrativa que estos procesos legales largos producen,
  3. Reducen los costos administrativos y legales que los procesos judiciales le generan al Estado y a los contribuyentes e incluso el eventual pago de costas y daños y perjuicios si es que el Estado llega a perder algún juicio. En cuanto a si hay o no compadre hablado, manoseo, perjuicio para el fisco, una moción que se coló misteriosamente en el proyecto, temas señalados por don Guillermo, respetuosamente le manifiesto que no hubo tal y esto fue una negociación pública que se negoció entre un grupo de expertos tributarios independientes y el Ministerio de Hacienda, a tal nivel que incluso en el Programa de Amelia Rueda todas las partes explicaron al público y a los diputados de las distintas fracciones el concepto y las pretensiones, con un estimado de recaudación fresca de casi $600 millones, el 1% del PIB que bajo la condición critica actual de liquidez y flujo de caja es como mana caído del cielo. Además, refresco la memoria que la amnistía planteada es un mecanismo legal que ha sido probado en otras ocasiones en el país y ha sido exitoso como:
  • Ley de Justicia Tributaria, No. 7535 de 1º de agosto de 1995, que estableció una amnistía de tres meses, a partir de su vigencia, para el pago de deudas fiscales, con exoneración de intereses y multas.
  • Asimismo, mediante la Ley No. 7900 de 1º de octubre de 1999, que se considera la última reforma fiscal importante en Costa Rica, se estableció otra amnistía tributaria, de tres meses, a partir de su vigencia, para el pago de deudas fiscales, con exoneración de intereses y multas.
  • La última amnistía fiscal otorgada por nuestra Asamblea Legislativa, se presentó con la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley No. 9428 de 21 de marzo de 2017, que permitió a los contribuyentes morosos de este impuesto (años del 2012 al 2015), pagar exonerados de multas e intereses.

El articulo de don Guillermo comete el error grave de señalar que ambos transitorios dan la posibilidad de reducir el pago de principal en un 80%, 70% y hasta 40%, lo cual como ya se aclaró no es cierto pues se refiere a las multas no a las deudas principales.

El caso de los Bancos y con conocimento de causa lo puedo señalar, es una situación vieja, desgastante, tirante con costos legales y administrativos de los juicios altísimos por interpretaciones arbitrarias de funcionarios de la Tributación que fundamentan sus traslados en que los intereses de las inversiones de los bancos locales en el exterior son gravables localmente cuando todos sabemos que no hay renta mundial sino que el sistema es territorial, que las estimaciones por incobrables que se pasan por gastos reconocidas por Sugef no son un gasto deducible, cuando así se establece en la ley del Banco Central y porque sin mayor justificación la Tributación aplica directamente la proporcionalidad de ingresos exentos o de pago único definitivo al gasto total de los bancos y argumentan que ese porcentaje de gastos es no deducible.

Claro que este tipo de criterios infundados ha provocado traslados millonarios a los bancos, mayoritariamente Estatales y si al final de los procesos judiciales se le diera la razón a la Tributación pone a los bancos del Estado en condición de quiebra o intervención lo cual haría que el Estado tenga que inyectarles capital por lo que la supuesta recaudación seria un juego de suma cero.

En conclusión difiero de la posición de don Guillermo, no hay compadre hablado, se trata de un mecanismo transparente y que apoyaría en forma significativa a paliar el déficit y sobre todo la inmediatez de recuperar $600 millones para mitigar en parte el problema serio de flujo de caja que tiene este gobierno.

El autor es Economista y Máster en Administración de Empresas, fue Gerente general del banco BAC San José y vicepresidente ejecutivo del grupo financiero BAC Credomatic y en el 2014 fue galardonado como Empresario del año.

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