Asamblea Legislativa. Los diputados ampliaron el plazo por cuatro años a la Ley de Minería con el objetivo de que las familias coligalleras de la comunidad de Abandares, puedan subsistir y emigrar a otras actividades productivas en el país.
El proyecto 20922 Ley para prorrogar el plazo establecido en el transitorio I de la Ley de reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65, y reforma del inciso k) del artículo 103 del código de minería, reformó varios artículos y eliminó los permisos de exploración y explotación existentes en ese momento para la extracción de minerales pesados, fue aprobado en su trámite de Primer Debate.
La única excepción que permitió la ley en ese momento fue otorgar permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, por un lapso de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta reforma. En ese plazo, estas personas tenían la obligación de reconvertir su actividad minera al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente, para lo cual, el Estado se comprometió a dar el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera para que dichas familias lograran la reconversión de su actividad.
Asimismo, el Estado se comprometió a promover alternativas productivas sustentables para convertir esa actividad en turismo minero, en orfebrería u otras que le dieran valor agregado a la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. Además, el Gobierno ofreció darles a esas familias, el acceso al crédito por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo. El 10 de febrero de 2019 se vence el plazo establecido en esa Ley, y el Poder Ejecutivo no dio el acompañamiento a esas familias de coligalleros artesanales por lo que éstos no han logrado emigrar hacia tecnologías mineras alternativas más amigables con el ambiente.
Además, dado que el Poder Ejecutivo no ha otorgado ninguna concesión a las cooperativas constituidas de conformidad con la Ley N.° 8904, éstas familias no han podido dedicarse lícitamente a la producción minera tal y como era uno de los propósitos de la citada ley. Al vencimiento del plazo fatal de ocho años antes señalado, estas familias que literalmente dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares, quedarán absolutamente desprotegidas con el consiguiente problema social de la zona. Por lo anterior, el objetivo de este Proyecto es ampliar el plazo establecido en el Transitorio I de esa Ley, a fin de que los compromisos asumidos con este sector social se cumplan y puedan mejorar la actividad minera con el acompañamiento del Estado.
La diputada Aida María Montiel, manifestó que ante la insuficiencia de acompañamiento estatal para resolver la situación de los coligalleros y pequeños mineros, el cumplimiento del plazo fatal dejaría desamparadas a docenas de trabajadores mineros y sus familias que dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares. “Esto provocaría un problema social principalmente en el cantón de Abangares en donde la actividad minera se ha convertido en una de las pocas fuentes de ingresos para muchas familias, las oportunidades de empleos son escasas y la dependencia de la actividad minera es totalmente evidente, si se aplica la prohibición en la ley sin que el Estado haya cumplido con sus obligaciones estaríamos condenando a la pobreza a cientos de habitantes de ese cantón”, externó esta tarde la diputada.
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Armando Alonso González
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