Ana Gabriel Zúñiga: No somos un país de paz por el simple hecho de no tener ejército

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Ana Gabriel Zúñiga Aponte.

Directa, la exviceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga afirma que  “que no somos un país de paz por el simple hecho de no tener ejército”

Egresada en Derecho, con énfasis en Derecho Ambiental; egresada de maestría del Instituto Centroamericano de Administración Pública, y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

Activa participante en los movimientos sociales durante su etapa universitaria y en el Movimiento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Desde ese entonces mantuvo su militancia en colectivos ecologistas y de mujeres.

Fue la jerarca responsable de la administración de la Casa Presidencial, y asumió, además, la presidencia del consejo directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, y la representación del Ministerio de la Presidencia ante la junta directiva del Consejo de la Persona Joven (CPJ).

Fue la persona encargada por parte del Gobierno de atender la agenda de trabajo con los pueblos indígenas; también asumió la representación ante la Alianza por un Gobierno Abierto. Como viceministra en Diálogo Ciudadano, tiene como prioridad construir una dinámica inclusiva en lo que corresponde a las relaciones del Gobierno con los movimientos sociales, poblaciones vulnerables, fuerzas comunales y ciudadanía activa.

Ana Gabriel Zúñiga, con gran simpatía, amabilidad y compromiso de seguir colaborando con La Revista, nos concedió esta entrevista en los siguientes términos:

Usted formó parte del primer equipo de gobierno del partido Acción Ciudadana, desempeñándose en un importante cargo en la Presidencia de la República.  ¿Podría contarnos acerca de su experiencia profesional y laboral durante su gestión como viceministra de la Presidencia?

«Creo que mi experiencia profesional y laboral fue bastante retadora, enriquecedora y llena de aprendizajes, durante la administración Solís Rivera del mayo 2014 a mayo 2018.

Ello fue complejo el haber asumido el cargo a los 25 años. Me convertí en la jerarca femenina más joven de la Administración, lo que implicó,  lamentablemente en mi doble condición de mujer y joven, irrumpir creativamente en diversos espacios, y particularmente en el espacio político.

Sin embargo, de una de las principales satisfacciones consistió en que se pudieron crear, con diferentes actores y sectores de sociedad civil, espacios de confianza y de interacción respetuosa.

Fue un verdadero reto porque era la primera vez que se contaba con un viceministerio de este tipo.  El presidente Solís decidió no contar con un viceministerio de Seguridad Nacional, para dar un viraje y contar con un enfoque de diálogo ciudadano. Nuestra principal labor era precisamente atender diferentes sectores y poblaciones a lo largo del territorio nacional, para establecer procesos de diálogo ante diferentes conflictos, e incluso generar espacios de cocreación de política pública y de soluciones, y así prevenir cualquier posibilidad de disconformidad ciudadana ante temas de relevancia tanto para la ciudadanía como para el Poder Ejecutivo.»

Puede decirnos ¿cuáles fueron los avances que, en su criterio, se hicieron en materia de Gobierno Abierto?

«Los primeros dos años y, principalmente, el primer año, se enfocó la atención de gran cantidad de acciones colectivas que llegaban a Casa Presidencial porque recibimos un país con alta conflictividad social acumulada de la Administración anterior.

Es así, como una de las prioridades llega a ser, precisamente, el establecimiento de mecanismos de diálogo y de nuevas formas de relación entre funcionarios y funcionarias públicas, y con diferentes organizaciones comunitarias territoriales y, en general, con la sociedad civil.

Dos años después, de este arduo trabajo, logramos bajar los índices de conflictividad social, siendo la administración Solís una con un índice menor en cuanto a acciones colectivas se refiere. Por lo menos durante el año 92. Esto pues es bastante positivo.

La paz social es mucho más que el no contar con un ejército o con inestabilidad social . Conscientes de ello, hemos afianzado la cultura de paz en Costa Rica. Claro que, sin duda alguna, nos hace falta avanzar, actualizar y modernizar el ejercicio de esa cultura, entendiendo que la única forma de lograrlo es incorporando a las poblaciones y a los diferentes actores en toma de decisiones públicas, en las agendas que son de interés general.

Además, la Administración Solís Rivera asumió el reto de un gobierno abierto, transparente y participativo, de lucha frontal contra la corrupción. También, se dio trato especial a los asuntos indígenas puesto que el presidente consideraba relevante poder avanzar en cuanto a la gran cantidad de deudas históricas que se habían contraído con esta población.

Fue un ejercicio muy interesante de política. Teníamos una forma particular de trabajo en equipo, que se hizo posible por el acompañamiento de los diferentes miembros del viceministerio y de otros jerarcas.

Precisamente este nuevo paradigma del ejercicio de lo público, – que pretende un acercamiento y una transformación de la relación de las instituciones del Estado con la sociedad civil – logró establecer algunos hitos importantes que marcaron una diferencia y que pusieron el tema sobre la agenda nacional.

Obviamente, se cometieron algunos errores, pero hubo un proceso constante de aprendizaje y mejoramiento en este campo de una nueva manera de entender el ejercicio de lo público; se ha estado experimentando mucho.  Costa Rica tenía un rezago importante en este aspecto, pero luego de que se creó por decreto una Comisión Nacional de Gobierno Abierto, decidí asumir la gran tarea de asesora de la Presidencia de la República.

La comisión fue conformada por representantes de cinco instituciones de gobierno, una representación de CONARE, una de UCCAEP y dos representantes de la sociedad civil, garantizándose un mínimo constante de concreción en todas las decisiones sobre esta agenda.

Hubo hitos interesantes, como el de que Costa Rica logró que la calificación más alta del índice de percepción de la corrupción mejorara significativamente. Me refiero al índice que elabora Transparencia Internacional. Además, Costa Rica obtuvo el reconocimiento de la OCDE como el primer país en iniciar procesos y esfuerzos para consolidar un Estado abierto.  Esto quería decir que habíamos iniciado un proceso para incluir a todos los Poderes del Estado, algunos gobiernos locales, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes y a la Procuraduría de la Ética.

Este esfuerzo devino en un Convenio de Estado Abierto, en el que todos los Poderes lograron acordar asuntos o agendas comunes; y también en acciones individuales que permitieran avanzar, en lo referente a datos abiertos, participación ciudadana, garantía del derecho de acceso a la información, creación y lucha contra la corrupción..

Justo al cierre de la gestión gubernamental, Costa Rica recibió el reconocimiento como país líder en gobierno abierto para América Latina, junto con Chile. Esto es un verdadero estímulo que permite seguir afianzando una agenda de acciones concretas que generen apertura: no se trata sólo de la aplicación de estándares, de liberar datos, sino también de como reusarlos, de cómo abrir espacios para el diálogo y la conversación En breve, de cómo crear políticas públicas.

Se lograron emitir dos decretos, uno de acceso a la información pública y otro sobre política de datos abiertos, circunstancia que compensa una carencia de Costa Rica que no tiene ley de acceso. Eso realmente ha afectado el ejercicio pleno del derecho humano al acceso a la información pública.

Redactamos un proyecto de ley que está actualmente en la corriente legislativa, y que no ha tenido mayor avance. No obstante, los dos decretos que señalé, en sólo tres meses de aplicación, lograron mejorar significativamente la calificación de 70 instituciones del Poder Ejecutivo en el índice de transparencia del sector público. Ahora, contamos con mejor información disponible en los respectivos sitios web de las instituciones públicas.

A pesar de estos logros, creo que el principal ha sido de índole cultural. Hemos podido transformar la forma en la que las instituciones se relacionan se relacionan con la gente, tanto en los procesos de diálogo como en las políticas de gobierno abierto. También en las capacidades de la sociedad civil para realizar una mejor fiscalización y obtener una incidencia más constante en su actuar público.»

En materia de avances sobre los derechos de la población indígena ¿cuáles fueron las mayores satisfacciones y frustraciones?

«Hubo grandes satisfacciones y avances. También hubo frustraciones relacionadas con la falta de tiempo y recursos. Hay que entender que se han acumulado la gran cantidad de demandas y necesidades de la población indígena por cuanto el Estado costarricense lamentablemente ha sido impulsando políticas racistas y excluyentes para esta población.

Una de las primeras acciones afirmativas fue incorporar en mi equipo a una persona indígena, siendo dos al final, que trabajaron directamente en estas etapas.

Creo que logramos más satisfacciones que frustraciones, puesto que generamos una discusión nacional sobre un tema complejo, como es el tema de tierras y de la ocupación ilegal. Se inició un proceso para ordenar la dispersión existente entre todas las instituciones involucradas en esto.  No se logró resolver todo como hubiéramos querido, pero se obtuvieron avances importantes en este tema. Incluso en la actual administración se han continuado esfuerzos en tal sentido, como por ejemplo en el territorio de Salitre, donde se han recuperado tierras para el pueblo afectado. Además, logramos visitar los 24 territorios indígenas para identificar prioridades de coordinación con otras instituciones en temas como salud, acceso al recurso hídrico, educación, vivienda e infraestructura.

Otra gran satisfacción, fue la creación del mecanismo general de consulta para pueblos indígenas, proceso que nos llevó dos años de trabajo. Se visitaron los 24 territorios; se organizaron dos encuentros nacionales, se emprendieron una serie de acciones afirmativas como generación de materiales en las lenguas originales, visitas casa a casa, perifoneo, convocatorias por WhatsApp en territorio donde las distancias impedían ir de casa en casa. También, se llevó a cabo una interpretación en su idioma propio, una facilitación de cuido para los niños en los encuentros nacionales para que las mujeres pudieran participar. La resultante fue que después de un proceso de dos años, 22 de los 24 territorios del país firmaron y suscribieron un decreto que se convirtió en norma jurídica vinculante para el Estado costarricense. Se cumplió así con la obligación asumida como país desde el año 93, cuando se suscribió y ratificó el convenio 169 de la OIT, que regula la consulta libre previa e informada y que no se había logrado operacionalizar en Costa Rica.

Podría decirse que ahora hay mayores capacidades para el Estado y para las comunidades sobre cómo atender estas consultas.  Obviamente quedan muchos desafíos presupuestarios y organizativos pendientes para atender estos procesos, desafíos que se acentúan al no contarse con un mecanismo de diálogo intercultural apropiado.»

 Tomando en cuenta su experiencia y visión de la globalidad ¿en materia de empleo y particularmente en el desempleo juvenil ¿qué acciones, en su criterio, deberían hacerse para mitigar esta situación?

«Creo que es prioritario enfrentar la brecha educativa. Es necesario generar capacidades y facilidades para el acceso a créditos de banca de desarrollo y a la generación de facilidades cooperativas que permitan mejorar las posibilidades de las personas jóvenes de acceder a un empleo. Hay una gran dificultad para los jóvenes, puesto que para contratar se exige una experiencia que en la práctica no se proporciona.

Es importante crear y ampliar mecanismos que permitan incentivar experiencias de calidad en las personas jóvenes, para que así puedan poder por mejores empleos. También se hace necesario atender los temas de exclusión escolar y colegial, ligado al tema de estructura y calidad de una planeación curricular que permita a los jóvenes mantenerse en sus ciclos educativos.

Los jóvenes deben tener una formación profesional y académica oportuna, que les permita ser competitivos en el mercado; pero también, paralelamente, hay que generar opciones que no sea necesariamente las únicas que ofrece el mercado empleador, sino que es necesario generar posibilidades de crecimiento laboral y profesional autónomos.»

¿Cómo se puede incentivar la participación ciudadana de forma más activa de  cara a los escenarios que plantea el presente siglo?

«Esto es muy complejo.  Creo que lo primero que debemos entender es que no somos un país de paz por el simple hecho de no tener ejército.

Hay que ejercitar constantemente la democracia y la paz social a través del diálogo, de la creación de políticas públicas, de la colaboración y el entendimiento de las diferencias, entendiendo el conflicto como un recurso político y no como un separador o un atizador de las diferencias sociales.

Naturalmente es imposible pretender que todas las personas seamos iguales en la sociedad. Urge la formación de cultura de paz y construcción en diversidad. Esto implica una reforma completa al currículo de educación cívica que reciben los estudiantes. Los costarricenses ignoran las herramientas con las que cuentan para incidir, participar y exigir cuentas a los gobernantes.

Es necesario que el Estado invierta en procesos de rendición de cuentas, pero también en fomentar la capacidad de fiscalización de la ciudadanía.  Es necesario estimular el ejercicio de un periodismo que le de herramientas críticas a la ciudadanía y que le dé insumos para fiscalizar y entender mejor los asuntos públicos.

De hecho, Costa Rica tiene una gran cantidad de normativas que regulan diversos espacios pero que no son utilizados o facilitados en su máxima expresión, lo que hace que seamos uno de los países con menores índices de participación social en América Latina.

Lo que se requiere de buena voluntad de buena fe y de ejercicio, y no teorizar más. La “pomada canaria” ya existe, los espacios existen. El reto consiste en garantizar los derechos existentes, ser transparentes y trabajar desde la buena fe.»

Considerando la presente y compleja coyuntura ¿cree que la articulación de diferentes sectores bajo una agenda concertada es posible? 

«Sin duda alguna la articulación de diferentes sectores bajo una agenda conciliatoria es posible. Pero requiere de un ejercicio humilde y autocrítico de todos los sectores involucrados, entendiendo que alcanzar objetivos no es cosa inmediata, y que todas las partes tienen que ceder.

Soy una optimista de las posibilidades del diálogo. Creo en el conflicto como recurso político, y estoy convencida de que la única forma de lograr acuerdos importantes es con la participación de las mujeres en dichos procesos, tanto a nivel de gobierno como de los diversos sectores.

Todas los partes tienen que ceder; las formas patriarcales, excluyentes y elitistas no benefician a las mayorías, sino que siguen siendo dinámicas que favorecen minorías. La imposición y el golpear la mesa no son la vía del ejercicio de la política.

Ella requiere un espacio más pausado, más sensato y con mucha conversación, sobre todo en un contexto como el nuestro donde se da una polaridad social importante; donde incluso se negocia en materia de derechos humanos, lo cual es absolutamente inaceptable. Existen mínimos que no se pueden negociar.

Es importante entendernos y comprendemos en diversidad. La  separación dificulta las transformaciones sociales, políticas y culturales requisitos de todo país que busque su prosperidad.

Tenemos que replantearnos la forma en que hemos venido haciendo las cosas. Es necesario entendernos con tranquilidad y sensatez; escuchar a las personas y entenderlas en discrepancia;  conciliar los temas que nos permitan alcanzar las soluciones que nos exige la resolución de los asuntos públicos.»

 

 

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