Ana Victoria Badilla – Acoso sexual: ¿Una sentencia ingenua?

Nótese que el Tribunal continúa destacando la “ingenuidad” del Juzgador, quien, siendo un juez laboral supuestamente con amplia experiencia, también valoró “ingenuamente” el despido de la actora y le reprocha que “En cuanto a los hechos, que se tienen por indemostrados, el Juzgado invierte el principio de las cargas probatorias y le imputa esa falta a la actora…”

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Ana Victoria Badilla, Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Máster en Derecho Público

El acoso sexual en el trabajo es una situación que se ha reiterado durante muchos años, desafortunadamente en otra época la mujer, que es en la mayoría de los casos el sujeto pasivo, carecía de protección, por lo que no quedaba más que comentarlo con las amigas e intentar alejarse del agresor. Obviamente en muchas ocasiones la víctima del acoso, al no aceptarlo, perdía su medio de subsistencia, que también lo era el de su familia. El acoso sexual no solamente deteriora la autoestima y causa serios daños psicológicos a la afectada, sino que en ciertos supuestos da al traste con su vida familiar, asimismo en otros afecta la situación económica de sus hijos pues no son pocos los casos en que, sumado a todo el daño, la afectada pierde su trabajo.

Actualmente esa desagradable situación ha sido regulada  mediante la promulgación de la ley 7476, de 3 de febrero de 1995, “Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia”, que tutela el derecho de la mujer a mantenerse libre de este flagelo, estableciendo, al igual que las convenciones internacionales, que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer al reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

A pesar de esta nueva concientización sobre el problema del acoso sexual, al analizar algunas sentencias emitidas sobre el tema, se puede concluir que hay aspectos extrajurídicos que pueden impedir que la ofendida reciba la protección adecuada de acuerdo a la legislación.  Entre esos juegan un papel importante elementos subjetivos propios de la persona a quien se le encomienda impartir justicia. Esto por cuanto en su concepción de los derechos de la mujer, las faltas que debe sancionar pueden no ser parte de su personal “catálogo de ofensas o abusos”,  es decir, que lo que la ofendida estima que la lesiona, ante ese juzgador(a) podría parecer una broma o una simpleza, por lo que desde su punto de vista, el acusado es inocente, talvez un poco bromista, etc.- y la dama que se estima afectada, no es más que una zafia que interpretó mal al acosador, quien en ese caso, gracias a la valoración machista de quien examina, deviene en víctima de la denunciante.

Otro factor que perjudicaría a la víctima podría ser que la persona juzgadora incurra en consideraciones relativas a los antecedentes del comportamiento sexual de la persona ofendida, entre otros, intentando descalificar la denuncia. Más grave aún es el atropello que sufriría la víctima si la persona responsable de impartir justicia actúa bajo presiones externas, que pudieran beneficiarle o perjudicarle, especialmente en casos en que el denunciado ostenta poder –sobre todo político- o a veces económico, lo que de algún modo podría incidir en beneficio o perjuicio del juzgador, ya que hay casos en los que puede aplicarse aquella verdad amarga que dice “…más, si el puñal es de oro, enmudece el juez…y besa el puñal. (Verdades Amargas, Ramón Ortega).

Veamos un caso concreto en el que la actora, al contrario de lo que sería una correcta práctica jurídica, fue victimizada por el juzgador, quien revertió en su contra el principio de la carga de la prueba, pretendiendo que ella demostrara el acoso que denunciaba: La dama denuncia ser víctima de acoso por parte de su jefe, afirma que por haberse negado a satisfacer sus libidinosas pretensiones, éste la despide; no obstante, por tratarse de un político, el partido trata de “bajar el perfil” del tema y “trasladan” a la víctima a otra oficina, de la misma fracción parlamentaria. Esta interpone la demanda la que es conocida por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, donde el juez la resuelve mediante sentencia de las 13:46 horas del 13 de marzo de 2019.

En el sub-examine la persona encargada de aplicar justicia, falló en perjuicio de la víctima, ignoró hechos que meridianamente mostraban la veracidad de las irregularidades denunciadas y benefició al demandado a pesar de que la situación de acoso era clarísima. En este caso el juzgador invirtió la carga de la prueba, omitió atender prueba que era absolutamente necesaria y contundente para cimentar la verdad de los hechos denunciados, y de manera antojadiza y arbitraria “revictimizó” a la actora. Afortunadamente el Tribunal, constituido por jueces de amplia experiencia y madurez jurídica, no solamente revocó la sentencia y emitió un fallo acorde con la realidad fáctica y jurídica, sino que hizo ver las falencias del A quo (juez de primera instancia).

En su análisis el Tribunal indicó que el A quo había incurrido en una serie de omisiones, imprecisiones, malas interpretaciones, etc. Asimismo, incorporó a los hechos probados otros que el juez nunca consideró al dictar su sentencia; pues se había negado a recibir el dictamen pericial ofrecido por la actora. En esta nueva instancia los juzgadores solicitaron el dictamen, e incorporaron como hecho probado lo siguiente: “Mediante Dictamen Pericial Psicológico Forense, N° SPPF-2010-213, de fecha 4 de marzo de 2010, se realiza la siguiente síntesis diagnóstica y conclusiones: (documento de folios 765). El demandado le formulaba expresiones de doble sentido a la actora, exigiéndole absoluta incondicionalidad y le decía, que “mientras se portara bien con él, nada le iba a suceder e iba a surgir políticamente”. A simple vista, llama la atención que el juzgador no considerara que este “ofrecimiento” (si se portaba bien), el cual fue denunciado por la actora desde el principio no constituyera acoso sexual. El mismo dictamen establece los daños causados a la víctima del acoso señalando que en términos psicodiagnósticos presenta un trastorno de adaptación con reacción depresiva prolongada… y presenta secuelas emocionales de corte traumático y coherente con hechos como los que se investigan.” (El destacado no es del original).

Al referirse a la inversión de la carga de la prueba hecha por el juez, indica el Tribunal “Contrario a la tesis sustentada, por el Juzgado, es importante reiterar, que existe una presunción de veracidad en favor de la víctima…”  Más adelante señala el Tribunal “Dice la sentencia, que al llegar al Hotel la actora no manifestó ninguna inconformidad, como si estuviera obligada a divulgar lo sucedido, para que ahora se le crea.” (el énfasis es agregado)

El Tribunal aunque lo hace con cortesía, reclama al juzgador el haber privado a la ofendida de un medio probatorio, al señalar: “Llama poderosamente la atención a este Tribunal, que el Juzgado no haya ordenado la prueba psiquiátrica, que insistentemente solicitó la actora, desde el inicio del proceso ni haya tomado en consideración el dictamen pericial, que consta en el expediente, rendido por la psicóloga Gabriela Espinoza”. Más adelante manifiesta, “…no tiene ninguna duda este Tribunal, que la actora fue acosada sexualmente por el demandado…”, continúa el Tribunal resaltando la mal praxis en que incurrió el A quo al apreciar la prueba, al respecto dijo: “…este Tribunal valora en forma diferente y tiene una apreciación totalmente distinta, pues considera que son conductas propias de un acosador.”

Sobre el despido de la víctima que fue soslayado por el A quo, el Tribunal al analizarlo concluyó que fue producto de la asimetría existente entre acosada y acosador, indicando sobre el tema:

“Para este Despacho, nuevamente se pone en evidencia una conducta típica de un acosador, que no pudo lograr su objetivo, entonces toma represalias laborales contra la víctima, haciendo gala de su condición de poder.” Y, aunque con “guante de seda”, le da una reprimenda al juzgador al decir: “En realidad nota este Tribunal, un poco de ingenuidad en las apreciaciones del Juzgado, que no observa nada anormal, irregular o inapropiado en estos hechos” (lo destacado no es del original). Por supuesto que no es creíble que un juez con muchos años de estar en la judicatura sea ingenuo, pero al fin son compañeros y aunque los integrantes del Tribunal quisieran calificar adecuadamente la actividad judicial realizada por el A quo, se abstienen de hacerlo y utilizan un eufemismo.

Nótese que el Tribunal continúa destacando la “ingenuidad” del Juzgador, quien, siendo un juez laboral supuestamente con amplia experiencia, también valoró “ingenuamente” el despido de la actora y le reprocha que En cuanto a los hechos, que se tienen por indemostrados, el Juzgado invierte el principio de las cargas probatorias y le imputa esa falta a la actora…”

Al respecto señala el Ad quem (el Tribunal, sea la instancia superior): “Con respecto al despido, se justifica en aspectos administrativos, manejo de la oficina, desempeño de funciones y relaciones con los compañeros, sin embargo, nada de esto ha sido acreditado en forma diáfana, palmaria y sin dubitación alguna, como lo exige la jurisprudencia, en tratándose de la causal de despido.”

Más adelante el Tribunal continúa refiriéndose a la sentencia recurrida indicando: “Nuevamente, se incurre en el mismo error, al considerar el fallo dictado, que no existe ninguna prueba, que demuestre que la noche del 4 de agosto de 2006, el demandado haya tomado a la actora, con fuerza del brazo, la haya llevado a un lugar oscuro, le diera un beso en la mejilla y la boca e intentara introducirse en su habitación.”  Y continúa: “De nuevo, se invierte la carga de la prueba y se obliga a la actora a demostrar un hecho, que no debe probar. El mismo relato dice, que el accionado la tomó del brazo y la llevó a un lugar oscuro, como suele suceder con este tipo de figuras, entonces por qué obligar a la víctima a probar”.( énfasis agregado)

Para acentuar aún más la mal praxis jurídica, señala el Tribunal: “Son demasiados hechos, que evidencian una conducta totalmente hostigadora del demandado, lo que es difícil entender, es cómo justificar esos hechos.”  De igual manera el Tribunal acusa negligencia del Juzgador al señalar omisiones de gran transcendencia para impartir justicia de manera correcta, en este sentido dijo:

“En este caso, el A Quo, en forma ajena a la realidad de lo sucedido, minimizó los alcances de la conducta discriminatoria y violenta del demandado y omitió tomar en cuenta la trascendencia de la incorporación, de la teoría de género, en la valoración de la prueba, en situaciones de acoso u hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Se nota que, en el análisis del testimonio de la víctima, se dejó de lado, que el miedo, la humillación, la impotencia, el temor a represalias y a perder la fuente de empleo, son circunstancias que permiten concluir, que su declaración es realmente veraz y se ajusta con exactitud a todo lo acontecido. En una situación como la presente, se aprecia, que el acoso es una patente y clara expresión de abuso de poder, que evidencia un trato discriminatorio en el empleo, por razón de género, donde la violencia sexual, fue empleada verticalmente, desde arriba hacia abajo…”

Desde luego habiendo valorado los hechos y la prueba y considerando las falencias y omisiones de la sentencia apelada, el Tribunal revocó parcialmente (en los aspectos principales) la sentencia, condenó al demandado, como en derecho procedía y fijó una indemnización a favor de la víctima.

Ambas partes recurrieron a la Sala de Casación, la Sala confirmó lo resuelto por al Tribunal, pues su criterio fue coincidente al estimar la existencia indiscutible del acoso sexual denunciado, por tanto confirmó la sentencia del Tribunal  indicando: VI.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE LA EXISTENCIA DEL ACOSO SEXUAL EN EL CASO CONCRETOconsidera la Sala que existen los indicios suficientes, graves y concordantes, para tener por acreditada la veracidad del dicho de la víctima, contenido en su demanda, en relación con los actos de acoso sexual sufridos durante el período que laboró bajo las órdenes de CFT… XI.- CONSIDERACIONES FINALES: Por la forma en como (sic) se han resuelto los agravios precedentes, procede confirmar el fallo impugnado, -incluso en cuando denegó la contrademanda-, al haberse acreditado efectivamente la conducta de hostigamiento sexual del que fue víctima la actora.”  Nótese que fue confirmada en todos los extremos, incluida la condenatoria al pago de diez millones de colones por daños y perjuicios, monto pocas veces visto, del que también responde solidariamente el Estado, es decir, todos(as) y cada uno(a) de los(as) costarricenses.

De lo expuesto se desprende que la sentencia dictada por el juez de primera instancia careció de un análisis objetivo de la prueba y de los hechos denunciados, omitió la aplicación de reglas básicas de lógica jurídica, dejó ver un desconocimiento supino de hermenéutica jurídica y demostró una pueril ingenuidad, que descalificaría a quien pretendiera obtener una plaza de juzgador, si así se puede llamar a resolver con conceptos de una sociedad patriarcal y decimonónica, totalmente alejado de las nuevas concepciones de género  y de los derechos de la mujer.

Situaciones como la descrita plantean ciertas interrogantes: ¿debería la Corte, revisar si ese juez de primera instancia aprobó correctamente los exámenes para ingresar a la judicatura? ¿Debería la Corte obligar a ese juez al menos a llevar algunos cursos de lógica jurídica, análisis de derechos humanos, estudio de la Ley contra el Hostigamiento Sexual, sensibilización sobre derechos de la mujer? Pues eso no ocurrió, ni ocurrirá nunca; el juez seguirá impartiendo su justicia a partir de su limitado conocimiento y escaza sensibilidad.

Pero lo que es realmente grave y amenazante para las damas, es que ese juez, desde su posición seguirá conociendo denuncias por acoso sexual en el trabajo y, por supuesto, con su óptica e “ingenuidad”, la valoración que él haga de acoso perjudicará a la mujer, como ocurrió en el sub-litem, en consecuencia, la víctima que presente una denuncia por acoso y se entere de que ese juez va a ser parte de los juzgadores involucrados lo debería recusar. Esto en caso de que la denuncia llegue a Casación, porque ese ingenuo juez, es hoy Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y Coordinador de la Comisión de Ética del Poder Judicial. En aras de la transparencia y en beneficio de quienes no han incurrido en hechos semejantes, me veo obligada a compartir el nombre de ese juez:  Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.


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