Ana Victoria Badilla – Mujer: su derecho a una vida libre de violencia

Tenemos una obligación de denuncia, individual y colectiva, de los casos que conozcamos, pero también de llamar la atención para que se den acciones preventivas y de formación desde todos los sectores sociales: queremos paz y respeto para las mujeres en los trabajos, en los centros educativos, en las calles, en las casas, en los templos, en fin, en todos los quehaceres y espacios de la vida social.

Ana Victoria Badilla, Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Máster en Derecho Público

Históricamente la mujer ha sido víctima de violencia que, en algunos casos, no se valoró como tal debido a razones culturales, religiosas, etc. Por ejemplo, en la antigua Atenas, la capacidad jurídica de la mujer era tan reducida que constituía un estatus infantil, cuando era niña obedecía al padre, cuando era adulta debía someterse al marido y, si este fallecía, sus hijos administraban su vida. Es decir, siempre era “Alieni Iuris”, actuaba bajo el derecho de otro o con sujeción a otro, mientras que el hombre siempre actuaba bajo su propio derecho, “Sui iuris”, sea que tenía capacidad jurídica para realizar sus propios asuntos.

Los derechos humanos de la mujer también son vulnerados en diversos países debido a arcaicas costumbres o creencias, tradiciones tribales, etc., que constituyen lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) identifica como “violencia de genero invisibilizada” y que, a pesar de la lucha instaurada por las organizaciones internacionales, y de las prohibiciones internas hechas por los mismos países en que se practican, se siguen dando. Sin perjuicio de la existencia de otras formas más sutiles, algunos ejemplos inconcebibles desde nuestra perspectiva, son:

El matrimonio infantil: Se origina en razón de compromisos familiares, económicos o políticos: padres muy pobres casan a sus hijas para evitar el costo de mantenerlas, para establecer lazos familiares con familias “importantes”, para saldar deudas, etc. En otras ocasiones se entrega una niña al jefe vencedor para finiquitar una disputa, o se obliga a las niñas a contraer matrimonio para cumplir con una tradición. UNICEF calcula que hay 125 millones de niñas africanas que han sido obligadas a contraer matrimonio antes de cumplir los 18 años. Para 2050, la realidad será aún más triste: serán más de 300 millones las niñas que se casarán en África si no se toman medidas para remediarlo”. (Dra. Geeta Rao Gupta, Sub-Directora Unicef).

La mutilación genital femenina: Es una práctica que consiste en la lesión o ablación con un objeto cortante de una o varias partes del sexo femenino.  Esta mutilación se puede hacer de varias maneras, pues depende de cuantas partes se corte, siendo una de ellas la ablación del clítoris, otra de los labios menores o mayores y la más invasiva, la llamada infibulación. Muchas son las víctimas de esta práctica, y según se calculó por parte del Fondo de Población de la ONU “…en 2019, 4,1 millones de niñas fueron sometidas a ablación, y debido al crecimiento de la población, se prevé que ese número aumente a 4,6 millones de niñas en el año 2030 a menos que se intensifiquen las iniciativas para erradicar la MGF (mutilación genital femenina). Si la MGF sigue aumentando al mismo nivel que hoy, se estima que 68 millones de niñas serán sometidas a esta entre 2015 y 2030 en 25 países en que se trata de una práctica rutinaria y se cuenta con información pertinente”.

El “planchado de senos”:  consiste en una práctica tribal realizada por las madres o abuelas de las niñas con edades entre 9 y 14 años. Estas personas masajean los pechos incipientes de la niña con una piedra plana u otro objeto (palos de madera, espátulas de metal, telas y cinturones para atarlos), para que no se desarrollen; eso con la pretensión de evitar el acoso sexual y las violaciones, al hacer a las niñas menos codiciables para los hombres. “Según cifras arrojadas por la ONU, cerca de 3.8 millones de mujeres alrededor del mundo han sufrido de este acto. Se realiza principalmente en Camerún y Nigeria, país donde el 50% de la población femenina ha pasado por este procedimiento”, (ATB digital, Bolivia, 28-2-19).

La alimentación forzada: Esta costumbre, que aunque se supone prohibida, se sigue practicando en Mauritania, obliga a los padres a llevar a sus hijas con edades entre los 5 y los 13 años a las “leblough”, o granjas de engorde femenino, donde las encargadas practican el “gavage”, alimentación obligada -que en los animales se realiza mediante la introducción de alimentos en la garganta utilizando un tubo- para alcanzar el peso ideal – que debe ser de 80 kilos en adelante-. El fundamento de esta costumbre se expresa diciendo que el tamaño de una mujer es proporcional a la cantidad de espacio que ocupa en el corazón de su marido y, por esa razón, para casarse es imprescindible tener suficiente peso. Para los padres también es importante que las hijas sean robustas pues eso demuestra su capacidad económica.

La violencia contra la mujer es hoy mundialmente reconocida y las organizaciones internacionales se esfuerzan por lograr que los acuerdos alcanzados en los diversos instrumentos, sean respetados y puestos en vigencia en los países suscriptores. Los derechos de la mujer fueron enunciados en lo que se considera la carta internacional de los derechos de las mujeres, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, conocida como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.

Este instrumento se orienta a eliminar la discriminación, sin embargo no hace referencia a la violencia contra las mujeres por lo que la Comisión Interamericana de mujeres, CIM, consideró necesario que se elaborara concretamente sobre el tema; años después se presentó el documento y, el 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos  aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como “Convención de Belém Do Pará”. Esta Convención define el concepto señalando: “art.1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.Asimismo, reconoce tres tipos de violencia: física, sexual y psicológica y declara que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.

A pesar de que la protección del derecho de la mujer a vivir en un mundo    sin violencia ha evolucionado, como se indicó, hay aspectos culturales e históricos que siguen constituyendo un obstáculo a ese ideal, por lo que la mujer continúa siendo objeto de violencia que se manifiesta, no solamente en atavismos, sino también en conductas cotidianas como violencia doméstica, abuso sexual contra mujeres y niñas (uso de niñas en pornografía, entre otros), feminicidios, trata de personas, prostitución, etc.

Desafortunadamente en Costa Rica la violencia contra la mujer es problema cada vez más frecuente, escuchamos constantemente informaciones sobre ataques a damas en la calle, en los autobuses, acoso sexual en el trabajo. Incluso se han dado casos de altas autoridades públicas como sujetos activos de acoso sexual en el trabajo (entre ellos la condena de un exdiputado), de quienes por el contrario se esperan acciones en favor de los derechos de la mujer. Cabe mencionar otras formas de agresión femenina: en las instituciones cuando se da un trato diferente a las mujeres (para que una mujer pueda registrarse como asegurada por su esposo o compañero, éste debe presentarse, no basta con la documentación). Asimismo, es violencia el establecimiento de estereotipos de “belleza femenina”, este fenómeno ha causado múltiples muertes, pues para ser “bonita”, hay que recurrir a las cirugías estéticas, etc.

Si bien es cierto que contamos con un corpus normativo adecuado para luchar contra la violencia, también lo es que falta educación al respecto. Las medidas punitivas no logran erradicar vicios, costumbres y arcaísmos que son en gran medida la causa de la violencia contra la mujer. Incluso los mismos jueces encargados de juzgar este tipo de asuntos, sea desde la perspectiva penal o laboral, carecen muchas veces del arsenal conceptual, filosófico y cognitivo, que les permita valorar adecuadamente las situaciones (por ejemplo, en el citado caso del exdiputado condenado por acoso sexual en el trabajo, el juez de primera instancia no supo valorar pruebas ni entender los temas de género, lo que fue enmendado por el Tribunal de Trabajo, Sección IV, mediante resolución n° 132-2010, de 19 de mayo de 2010, en expediente n° 07-000367-0166-LA. Sentencia que   posteriormente fue confirmada por la Sala de Casación mediante fallo n° 0576 de las nueve horas cuarenta minutos del dieciocho de julio de dos mil doce).

Si se toma conciencia de esa realidad nacional (que no es exclusiva de nuestro país), no queda la menor duda que el gobierno y las instituciones deben trabajar en medidas de prevención, para cumplir con el predicado del artículo 7 de la Convención de Belem do Para, que establece que los Estados parte se obligan a: “…adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. En este sentido, la educación desde sus primeros años debe tener una orientación de respeto a los seres humanos y, especialmente, concientizar a los niños sobre la igualdad de derechos, una educación que dé énfasis al respeto y a la igualdad más que a la sexualidad, (¿para qué “¿Guías Sexuales”, si la violencia contra la mujer sigue avanzando?).

Por otra parte, todas las personas conscientes de esta problemática tenemos una gran tarea por delante para que, quienes no lo han hecho, comprendan que la violencia y la discriminación no deben ser permitidas en nuestra sociedad, independientemente de las personas contra quienes se dirija, si queremos un país verdaderamente democrático y de paz. Tenemos una obligación de denuncia, individual y colectiva, de los casos que conozcamos, pero también de llamar la atención para que se den acciones preventivas y de formación desde todos los sectores sociales: queremos paz y respeto para las mujeres en los trabajos, en los centros educativos, en las calles, en las casas, en los templos, en fin, en todos los quehaceres y espacios de la vida social. Esa debe ser una meta nacional.


En esta edición también contamos con artículos de las siguientes colaboradoras:
Abril Gordienko López, Alicia Fournier, Ana Victoria Badilla, Arabella Salaverry, Arlette Pichardo, Dinorah Cueto Cabrera, Elizabeth Jiménez Núñez, Gabriela Giusti, Gloria Bejarano, Inés Revuelta, Jeannette Ruiz, Kattia Martin Cañas, Lilliana Sánchez, María Laura Arias Echandi, María Laura Sánchez, Marinela Córdoba, Marta Acosta, Marta Núñez Barrionuevo, Natalia Díaz Quintana, Sofía Argüello Madrigal, Valeria Madrigal y Waizaan Hin Herrera,

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