Ana Victoria Badilla: ¿Y la transparencia para cuándo? Arcanos en el tabernáculo de la justicia

No hay duda de que al abrir las puertas y ventanas de la Casa de Cristal por excelencia, la Corte, la corriente de aire fresco que ingrese permitirá no solo airear los viejos butacones y escritorios, sino también, algunas viejas ideas, costumbres, vicios y, por qué no, hasta personajes, que en nada contribuyen a la credibilidad democrática.

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Ana Victoria Badilla, Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Máster en Derecho Público

En las últimas semanas el país ha visto con sorpresa la serie de votaciones efectuadas, sin éxito, para escoger a quién ejercerá la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Esta inédita situación pareciera originarse en que sobre algunos de los postulantes hay serios cuestionamientos, que no han sido refutados: injerencias políticas, falta de idoneidad, relaciones inconvenientes para la investidura magistral, etc. Otro importante elemento que podría dañar la ya bastante maltrecha imagen del Poder Judicial es la ausencia de transparencia lo que hace suponer que los intereses personales, la vanidad y el deseo de ostentar poder, se superpone al interés de rescatar la inmaculada imagen de la justicia.

Es razonable que surja duda ante la negativa de la mayoría de los Magistrados para eliminar la votación secreta, pues considerando que “el que nada debe, nada teme”, todos deberían demostrar la nitidez de sus actuaciones, ya que “la transparencia genera legitimidad” (John Maxwell).

Quienes se oponen al principio de transparencia, sustentan sus argumentos en el artículo 59 inciso 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que corresponde a la Corte… “6) Designar, en votación secreta, al Presidente y al Vicepresidente de la Corte”. Siendo que varios magistrados invocan este secretismo con desconocidos intereses; y sin profundizar en un análisis jurídico  que ya reiteradamente tanto la distinguida jurista Rosaura Chinchilla  como la Magistrada Julia Varela lo han hecho, procede analizar cuál bien jurídico se perjudicaría  si se privilegia la transparencia, “sacrificando” el añejo concepto de secretismo, dichosamente recién erradicado  en algunos ámbitos, en atención  al clamor de la democracia por la claridad en los actos que son de interés público.

Debería entonces valorarse ¿qué problema causaría desaplicar esa norma haciendo la votación pública? ¿Cuál sería el daño que se causaría y a quién se perjudicaría? Debe considerarse, además, el tema de confrontación de valores o bienes jurídicos ya que el tema nos ubica ante una dicotomía: mantener regulaciones que por decimonónicas han perdido validez, o fortalecer garantías que la sociedad actual demanda. Es claro que hacer una votación secreta carece de interés social por su misma naturaleza: la opacidad; al contrario, la votación pública es dinámica ya que permite conocer la ideología de los Magistrados que juzgan en las diferentes Salas, pues al votar podrían explicar las razones por las que eligen a determinado candidato.  El voto secreto parece indicar que se apoya a alguien, pero sin mucha seguridad; con pena, temor, etc., y obviamente, con el deseo de que nadie se entere a quien se favorece con el voto. Si esa es la intención, la opacidad es determinante.

Según nuestra legislación existen acciones que se sustraen del alcance de la ley, son aquellas que no causan daño o lesividad a nadie, es decir no vulneran ningún derecho. Al respecto, nuestra Carta Magna dispone en el artículo 28: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley”, sea que, si el plenario en aras de la transparencia decidiera, como lo propone la Magistrada Varela, aprobar la votación pública, no se perjudicaría a nadie, lejos de vulnerar derechos se le daría gran satisfacción al interés público que exige transparencia y se fortalecería  la Corte, devolviéndoles credibilidad. Al contrario, el oscurantismo plasmado en el artículo 59 citado, mancilla la democracia y el ejercicio de un sufragio que es de interés de todos. No aplicar el secreto para tutelar un bien mayor cual es la transparencia y credibilidad de un poder de la República, sería una actuación conveniente y no habría en contra de la desaplicación acción alguna pues no se lesiona ningún bien jurídico. Incluso, lejos de provocar un daño o lesión a la sociedad, la actuación sería acorde con las aspiraciones de la ciudadanía ya que en vez de hacer una interpretación literal e histórica de la norma, se estaría actualizando el ordenamiento jurídico mediante una aplicación evolutiva de la norma, pues los conceptos y valores han cambiado desde la época de su aprobación al día de hoy; aplicación que, reitero, solo beneficios trae a la institucionalidad, ergo, a la sociedad.

Quienes ejercen hoy, transitoriamente, la magistratura en la Corte Suprema de Justicia, deben recordar que “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento” (Kofi Anan). No hay duda de que al abrir las puertas y ventanas de la Casa de Cristal por excelencia, la Corte, la corriente de aire fresco que ingrese permitirá no solo airear los viejos butacones y escritorios, sino también, algunas viejas ideas, costumbres, vicios y, por qué no, hasta personajes, que en nada contribuyen a la credibilidad democrática.

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