Carta abierta al Ministro de Hacienda

San José, lunes 27 de noviembre de 2023.
S.G. 21-25-2354-23

Honorable señor
Nogui Acosta Jáen
Ministro
Ministerio de Hacienda

Con el debido respeto, le estamos enviando la presente misiva, con el carácter de Carta Abierta, exhortándole con vehemencia a que su despacho se refiere a la gran incógnita que invade las conciencias del amplio conglomerado laboral del Sector Público, con relación al pago de una deuda salarial por reajuste por costo de vida, vigente y pendiente de ser pagada desde el 1 de enero de 2020 a la fecha.

Como es de su conocimiento y del actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles (en su condición de Ministro de Estado en la cartera de Hacienda, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, por cierto, ambos, en sus respectivas posiciones políticas firmaron el decreto de rigor en su momento); en diciembre de 2019 se acordó en el seno de la entonces vigente Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, (o, Comisión para la Fijación de la Política Salarial para el Sector Público), un reajuste por costo de vida que, en promedio, estableció la cantidad de 7 mil 500 colones para cada salario base de ese entonces, de cada una de las personas trabajadoras del sector Público.

Para quienes laboran en el Gobierno Central (como, por ejemplo, las policías, el Magisterio, el sector Salud (que no es la CCSS), el de Seguridad Social, otros ministerios y entes adscritos a los mismos, diversas instituciones descentralizadas; tal deuda salarial por reajuste en el costo de la vida, continúa pendiente de ser honrada por el Estado.

Hablamos de deuda que abarca 12 meses en el año 2020, 12 meses en el año 2021, 12 meses en el 2022; y, serán, 12 meses al término del 2023. Además, tienen los aguinaldos y los salarios escolares proporcionales de cada uno de esos 4 años.

Y, según dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), esa deuda ya es propiedad de la persona trabajadora, es parte de su patrimonio y hay que honrarla. ¡Punto! Así quedó establecido por Ley de la República, específicamente, la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), No. 9343, misma que le dio tal carácter patrimonial personal del reajuste por costo de vida cuando éste saliera producto de un acuerdo de la arriba mencionada comisión, hoy, prácticamente extinguida.

De la misma manera, la propia PGR ha indicado que el congelamiento salarial prolongado es, aparte de ir en contra de la Constitución Política, contrario a los mismos Derechos Humanos (DD.HH.); pronunciamiento que emitiera en sede constitucional con ocasión de la tramitación en Sala Cuarta de la Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP en contra de la Ley Marco de Empleo Público, Ley No. 10.159.

Producto de la imposición a la sociedad de un programa macrofiscal de consecuencias negativas para la estabilidad financiera de las familias trabajadoras asalariadas de los sectores público y privado; las pertenecientes al sector estatal han sufrido 4 años consecutivos de congelamiento salarial puro y duro; pues, como se explicó, el reajuste por costo de vida establecido en el 2019 sigue sin ser honrado; y para los años que corren del 2020 a hoy, tampoco ha habido nuevos reajustes de por costo de vida.
Esa imposición, llamada regla fiscal, indica la permanencia de tal congelamiento salarial radical mientras la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB) no baje de los 60 puntos porcentuales.

De manera reciente, usted mismo está informando que, al cerrar el mes de octubre, esta relación está en 59.8 puntos. Esto, por una parte. Por otro lado, las entidades públicas deudoras de tal reajuste con su respectivo personal, recibieron orientaciones de la cartera de Hacienda, de presupuestar para el ejercicio fiscal 2024, lo correspondiente a fin, suponemos nosotros, pagar el dinero que ya es propiedad de las personas trabajadoras que laboran en los segmentos gubernamentales citados.

Así las cosas, oficialmente y por esta vía, invocando el Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional (tan solo dos postulados jurídicos sobre Derecho Ciudadano de Petición bien conocido por su autoridad ministerial), ANEP le solicita indicar si, efectivamente, va a ser honrada la indicada deuda salarial y cuándo estará depositado en las cuentas individuales correspondientes.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP