¡GLORIA ETERNA A LOS MÁRTIRES DE CHICAGO!
Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden
Albert Parsons, Auguste Spies, Oscar Neebe, George Engel

Al cumplirse 138 años de su paso a la Eternidad La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y considerando el 75 aniversario de  a entrada en vigencia de la actual Constitución Política    de la República (1949 – 7 de noviembre – 2024)

PROCLAMA:

Que nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social, partiendo de nuestras formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo, se entrecruza con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.

En un posicionamiento más específico, citamos la Opinión Consultiva OC 27/21, de 5 de mayo de 2021, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): DERECHOS A LA LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA, Y SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; con carácter de Vinculante Obligatoriedad para nuestro país…

POR TANTO

Daremos la lucha correspondiente, fomentando todas las acciones pertinentes, aportando para que:

  1. Se preserve por siempre y para siempre el legado histórico de Los Mártires de Chicago, la Jornada de las 8 horas; misma que está inserta, a plenitud, en todo el sistema jurídico costarricense y en el de orden internacional que hemos convenido en respetar; lo cual nos lleva a reafirmar el rotundo rechazo a la actual iniciativa de ley, en contrario, que se nos pretende imponer en los actuales momentos.
  2. A la clase trabajadora asalariada con empleo fijo que labora para el sector Privado: a) se le defina un nuevo salario mínimo que adquiera el carácter de digno y de justo, para una real inclusión económico con movilidad social; b) se restaure el sistema de fijación semestral por costo de vida; c) se establezcan fijaciones específicas-extraordinarias en los casos de actividades de vigilancia privada, de conducción de autobús y de explotación de mano de obra agrícola.
  3. A la clase trabajadora asalariada del sector público: a) se le libere del congelamiento salarial brutal al que ha sido condenada y que está ya en el quinto año consecutivo, agravada por las funestas disposiciones de las leyes del Combo Fiscal y Marco de Empleo Público, todo lo cual es violatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y los de orden constitucional (particularmente, es muy grave este drástico congelamiento salarial en los cuerpos policiales, en programas de política social y de salud, como los del control de vectores del Ministerio de Salud y otros; b) se restaure la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; c) se establezcan fijaciones salariales con carácter de ajuste técnico en ocupaciones vitales y estratégicas para el país.
  4. A la clase trabajadora independiente, se les dé el tratamiento diferenciado establecido por ley para con sus obligaciones de Seguridad Social, ofreciéndole nuestra experiencia organizativa.
  5. Evitar la consolidación de un proceso de esclavitud financiera contra las personas asalariadas, el cual se ha gestado últimas dos décadas, y a través de políticas alcahuetas de las autoridades financieras y del poder político, mediante las cuales extraen, abusivamente, rentas de los sectores más empobrecidos.
  6. Se fomente, al máximo y con todas las modalidades posibles, en ambos sectores de la economía, las negociaciones obrero-patronales para el establecimiento de convenciones colectivas de trabajo; ya no solamente potenciadas por la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH; sino, a nivel estatal, por la opinión de la Procuraduría General de la República (PGR), No. PGR-C-036-2024.
  7. Se le dé aprobación legislativa a la normativa que censura, legalmente, el acoso laboral en el empleo; específicamente, la ratificación del Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
  8. Se implementen la serie de recomendaciones del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que planteó en su reciente visita a Costa Rica, acerca de las formas de esclavitud laboral moderna con el objetivo de que sean erradicadas en nuestro país.
  9. Se fortalezca la institucionalidad pública de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), rechazando toda forma de privatización-tercerización; exigir el pago de la deuda estatal (misma que está cercana a los 4 billones de colones); y propiciar un debate público-diálogo nacional para nuevos desafíos en cuanto a la formación de especialistas.
  10. Se fortalezca el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS), cerrándole el paso a las pretensiones de imponer pago de cuota de enfermedad a la persona pensionada; así como las pretensiones de elevar la edad de jubilación, aumentar la cuota obrera y reducir el beneficio pensional. Además, modificar lo legalmente necesario para una concreción material real de acceso a los fondos personales totales individuales que tiene cautivos el denominado ROP.
  11. Se rechace la privatización del actual modelo eléctrico nacional históricamente gerenciado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); combatiendo, fuertemente, la aprobación parlamentaria del Expediente Legislativo 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
  12. Fracase la nueva intentona de venta-privatización del Banco de Costa Rica (BCR), con grave riesgo para la misma estabilidad económica del país.
  13. Se fortalezca el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), considerando que el agua es un Derecho Humano fundamental; combatiendo, fuertemente, las tesis solapadas de debilitarlo para su privatización; además, se puedan fortalecer los vínculos estratégicos con el movimiento ecologista comprometido con la defensa del carácter público del agua.
  14. Continúen siendo de propiedad pública empresas estatales exitosas como Correos de Costa Rica S. A., Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto Nacional de Seguros (INS); festejando en este último caso la llegada de sus 100 años de existencia al servicio del bien común. Igualmente, entidades estatales claves como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC).
  15. Se concrete, políticamente hablando, la más grande operación de política pública para el fortalecimiento estratégico de los diferentes cuerpos policiales responsables de la Seguridad Ciudadana en sus diversos órdenes: mayor contratación de personal, mejor avituallamiento y provisión tecnológica, salud ocupacional integral, mejor calidad de trato a la mujer policía, aumentar el nivel salarial más atractivamente y establecimiento de pensión anticipada.
  16. Se fortalezca el sistema de parques nacionales y de áreas de conservación, rechazando formas abiertas y/o solapadas de entrega del patrimonio verde del país a la lógica del lucro mercantil de mercado; aumentando el personal y dándole carácter estratégico a su actividad.
  17. Se dé un real fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), para su transformación en la televisora y la radio pública del país por excelencia, en el medio de comunicación del Estado y sus políticas públicas para reducir y superar la pobreza y la desigualdad; específicamente, en los ámbitos educativo y cultural. De manera colateral, rescatar los presupuestos del Ministerio de Cultura y Juventud ante su casi colapso total.
  18. Se fortalezca, con sentido de futuro estratégico-país, el Régimen Municipal; aportando para su relacionamiento fiscalizador con la comunidad y preservando, al máximo, su carácter de servicio público; aumentando la vigilancia obrera y cívica para un actuar militante de denuncia de la corrupción.
  19. Se imponga un nuevo sistema tributario a fin de que el actual, contaminado de corrupción y de injusticia, desaparezca; dando paso a una estructura tributaria progresiva; considerando, colateralmente, la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública y su más que obsceno pago de intereses.
  20. Impulsar, con una diversidad de acciones e iniciativas con perspectiva del sindicalismo sociopolítico,  y con base en nuestras propuestas alternativas al modelo económico excluyente vigente y para fortalecer con éxito el combate a la criminalidad y a la delincuencia del crimen organizado; el fortalecimiento de programas de política social a cargo de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el CEN-CINAI, la Junta de Protección Social (JPS), entre otros.
  21. Se definan fuertes políticas nacionales de soberanía y de seguridad alimentarias, mismas que deben fundar nuevos sistemas de apoyo al pequeño y al mediano productor agropecuario que nutre el mercado interno abastecedor de alimentos a la clase trabajadora del país.
  22. Se dé a conocer, lo más intensa y ampliamente posible, entre las bases del Magisterio Nacional el documento ANEP: 10 ejes y 100 propuestas para el Rescate de la Educación Costarricense; que constituye el aporte de la organización al debate sobre el futuro de la educación pública de nuestro país considerando la crisis que está viviendo.
  23. Se impulse y se concrete un sistema de inclusión económica de la persona trabajadora joven desempleada, considerando la capacidad instalada del movimiento cooperativo, su referencia institucional en política pública; y, la existencia de millonarios fondos públicos para potenciar emprendimientos de diverso orden en los ámbitos públicos y privados de la economía. Propiciar, al respecto, el potenciamiento del papel del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en la formación juvenil con sentido estratégico para aportar en cuanto a desestimular la exclusión social y económica.
  24. Incentivar al máximo una política sindical agresiva de denuncia de la corrupción en el nivel estatal y en su expresión coludida del interés público con el privado; en el marco de la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
  25. Fomentar, en esta nueva época de agudización de la exclusión social y económica, el ejercicio cívico de la Democracia de la Calle, como forma activa de aportar para la defensa de la institucionalidad pública que nos fue heredada en función del bien común y de la inclusión social y económica, así como de los valores eternos de la Justicia Social; mediando nuestro aporte para la construcción de un gran proceso de articulación cívico-patriótica que destierre, al máximo, el hegemonismo que impide la construcción de acciones compartidas y puntuales en contra de las tesis neoliberales, para lo cual las coincidencias son muy grandes en el seno de la diversidad de enfoques para abordar la lucha social en estos tiempos.
Junta Directiva Nacional
Período 2021-2025
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
ANEP
Miércoles 1 de mayo de 2024