La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la reciente propuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de destinar ₡200 mil millones para abordar las listas de espera en el sistema de salud. La ANEP cuestiona la validez y la transparencia de esta iniciativa, señalando diversos elementos que, según la organización sindical, plantean dudas sobre la gestión y el respaldo de esta reserva financiera.
En primer lugar, la ANEP destaca la ausencia de respaldo en un acuerdo específico de la Junta Directiva para la creación de la reserva financiera de ₡200 mil millones. Esta carencia de un marco normativo específico genera inquietudes sobre la legitimidad y la transparencia de la medida propuesta por la CCSS.
La organización sindical también cuestiona la falta de fundamentos sólidos en términos técnicos y financieros que respalden la asignación de tan significativa suma de recursos. Se señala que la Gerencia Financiera y el Comité de Inversiones del Seguro de Salud no han presentado análisis robustos que justifiquen comprometer una cantidad tan considerable de recursos. Además, la contradicción en los criterios expresados en un corto periodo de tiempo genera dudas sobre la coherencia y la rigurosidad del proceso de toma de decisiones.
Un aspecto adicional que preocupa a la ANEP es la aparente vinculación de la reserva con una estrategia operativa para el año 2024. Al amarrar estos recursos a un plan específico, la organización sindical sostiene que se limita la posibilidad de obtener mejores rendimientos y se comprometen a la corriente ordinaria, lo que podría no ser la opción más eficiente.
La ANEP también plantea la posibilidad de que la decisión de la CCSS afecte otros proyectos y reservas ya definidas para inversiones en infraestructura y tecnologías. Esta acción, según la ANEP, podría detener el avance de proyectos previamente establecidos, generando inquietudes sobre la coherencia y la planificación estratégica de la entidad.
Finalmente, la ANEP sugiere que la reserva podría destinarse a la compra de servicios por terceros, que no están contemplados en el presupuesto para el año 2024. Esto, según la ANEP, podría contravenir el ordenamiento jurídico y técnico relacionado con la contratación administrativa, planteando la necesidad de garantizar el debido proceso previo a la toma de decisiones.
Ante estas preocupaciones, la ANEP insta a la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la forma en que se han tomado estas decisiones en la CCSS. La transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones encargadas de velar por la salud y el bienestar de la población costarricense.
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