Antonio Álvarez Desanti.

Se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa una propuesta para autorizar al Poder Ejecutivo a emitir Eurobonos por el orden de los $6.000 millones, para repago de la deuda que vence en los próximos cuatro años. La idea es conveniente y oportuna dado que no se recomienda tener que acudir al mercado interno para lograr esas captaciones. Por esa razón la discusión no versa sobre si esta autorización se dará o no, sino de la forma en que las y los diputados deben hacerlo.

En este punto hay dos corrientes: la gubernamental que pretende una aprobación única por la totalidad del monto y otra que busca autorizar primero $1.500 millones que es más de lo que vence en los próximos meses y conforme el gobierno de muestras de un manejo sano de las finanzas públicas, entiéndase control del gasto, mejora en el cobro de impuestos, combate a la evasión, eficiencia administrativa, entre otras, se aprueben montos adicionales para los próximos años.

Razones de fondo

Ante la crisis fiscal, los legisladores han sido muy cautos en no dar un cheque en blanco con una única autorización para lograr casualmente que se imponga la disciplina fiscal, así fue con la administración Alvarado y el resultado fiscal fue exitoso. Recordemos que un gobierno con el repago de sus obligaciones asegurado puede caer en la tentación de aumentar el gasto público, mientras que aquel que debe rendir cuentas para obtener nuevas autorizaciones será sumamente cuidadoso de mantener el correcto manejo de los recursos. Este mecanismo ha funcionado exitosamente y el país no ha caído en mora o cesación de pagos y el gasto se ha controlado.

La administración Chaves se ha caracterizado por una marcada inclinación al gasto, basta señalar algunos ejemplos, todos en menos de cien días:

  • Reinterpretó la aplicación de la Reglas Fiscal contrario al criterio de la Contraloría General de la República lo que le otorgó ¢417.000 millones adicionales para gastar.
  • Pretendió descongelar plazas vacantes que han generado ahorros por ¢14.000 millones, renunciando a aplicar mecanismos como las reubicaciones que logran una mayor eficiencia estatal y no aumentan el gasto.
  • Buscó tomar ¢6.000 millones de colones de los programas de vivienda para cubrir gasto corriente. Lo que demuestra además una falta de sensibilidad social, dado que son dineros para familias en una alta vulnerabilidad.
  • Quiere destinar a gasto público los recursos del Fondo de Avales ($270 millones), en lugar de apoyar pequeñas y medianas empresas en problemas económicos por la crisis.
  • Finalmente, un llamado a la preocupación fueron las manifestaciones dadas por el presidente en Guanacaste durante la celebración de la Anexión cuando reunido con alcaldes les dijo: hablen con sus diputados de la provincia para que me voten Eurobonos, porque ahí están los recursos para sus necesidades. Esto siembra la gran duda sobre si los Eurobonos serán utilizados indirectamente para un festival de gasto.

Pensando en los más altos intereses del país, la responsabilidad impone ser prudentes con el gasto y dar las autorizaciones a las emisiones separadamente, aquí no existe un falso dilema entre Eurobonos si o Eurobonos no. Por eso el ministro de Hacienda ofende a las señoras y señores diputados cuando los asusta afirmando que la deuda llegará al 85% del PIB, porque él sabe que la propuesta de quienes lo adversan es también autorizarlos, pero en tractos.

Nuevas alternativas

Circula una propuesta que pretende se dé una única autorización por $6.000 millones, que está “amarrando” al gobierno a una serie de condicionamientos para poder emitir los futuros tractos. Esta propuesta es engañosa y tiene al menos tres portillos muy graves:
• En el artículo 12 inciso d) obliga al gobierno a cumplir la Regla Fiscal según la define el Fondo Monetario Internacional, hábilmente se omite que sea según el criterio de la Contraloría General de la República, lo cual permite ampliar el gasto público a manos llenas. Esta es una peligrosa concesión.
• Permite el mismo artículo 12, que se exceptúe la aplicación de los parámetros establecidos, cuando Hacienda active las cláusulas de escape que prevé la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que significa que será su sola discreción la que le permitirá salirse de los parámetros establecidos.
• En general, las “metas indicativas” asociadas al convenio con el FMI definidas en el artículo 12 pueden ser negociadas ex post o, en el transcurso de las revisiones con el FMI, las autoridades pueden lograr waivers para posibles incumplimientos, lo que introduce gran flexibilidad a los parámetros para autorizar las siguientes colocaciones.

Problemas de constitucionalidad

Adicionalmente esta propuesta presenta un roce serio e insalvable de constitucionalidad, ya que le da atribuciones a las Comisiones de Hacendarios, Económicos y al plenario que no le otorgan ni la Constitución, ni el Reglamento de la Asamblea y que van a contrapelo de las atribuciones constitucionales, ya que la Asamblea aprueba los presupuestos y créditos (121 incisos 11 y 17) y luego aprueba o imprueba las cuentas luego de que la Contraloría conoce de su liquidación (181) por ello el establecer una fiscalización previa deviene en inconstitucional. La Asamblea promulga leyes y controla a posteriori el ejercicio presupuestario, lo que se establece en la nueva propuesta no es ni una ley, ni un control a posteriori, es una especie de derecho a vetar a priori acciones del ejecutivo, potestad que no le otorga la carta magna al Congreso.

Sobre la estrategia del Poder Ejecutivo

El Presidente y su Ministro deben medir los tiempos y posibilidades legislativas. Esta legislación requiere de 38 votos, que a hoy no están. Insistir con una nueva propuesta que irá a consulta ante la Sala, difícilmente estará lista en el plazo que demanda el gobierno y pondría en peligro el rollover ordenado del Eurobono que se vence en enero próximo, lo cual provocaría presiones sobre el riesgo país y el tipo de cambio.

Planteadas así las cosas lo más sensato e inteligente para el Ejecutivo es llegar a un acuerdo de inmediato: aceptar la autorización por los $1.500 millones y tenerla convertida en ley antes de las celebraciones de la independencia.

Si el gobierno insiste en la autorización total que luego no culpe a los partidos de oposición si la ley no sale a tiempo para los pagos, ellos serán los únicos responsables por su falta de visión pese a estar advertidos.