Antonio Alvarez Desanti.
Gobernar es una tarea complicada y uno de los elementos más importantes para poder hacerlo bien es el acceso a la información, de primera mano, de fuentes veraces y muy vigentes. Gobernar sin datos es como navegar sin instrumentos y el “ojímetro” no es un buen referente para la toma de decisiones. Por eso siempre he abogado por un INEC fuerte, con buen presupuesto que le permita manejarse al día y con profundidad, en campaña también defendí el SINIRUBE como un instrumento necesarísimo para maximizar recursos, llegar con ellos a quienes los necesitan, evitar duplicidades, corrupción y clientelismo político.
En Costa Rica, muchos gobiernos han trabajado teniendo de la mano oficinas dedicadas al manejo de la información con muy buenos resultados pero siempre en manos de profesionales del más alto nivel y respeto en sus campos de acción, Daniel Oduber tuvo a Luis Burstin y Miguel Angel Murillo, quienes trabajaron de la mano de Miguel Gómez, José Luis Vega y Flory Rodríguez quien daba sus primeros pasos en este campo, Luis Alberto Monge tuvo a Armando Vargas apoyado por Miguel Gómez, Oscar Arias lo denominó Colina Dos Mil con John Biel y Carlos Espinach a la cabeza, José María Figueres se organizó con Flory Rodríguez y Miguel Gómez y así podríamos seguir señalando otras administraciones.
Todas estas oficinas funcionaron como un soporte fundamental para las decisiones del presidente, recabaron información, analizaron variables, vieron tendencias nacionales e internacionales, sensibilizaron y simularon las acciones a implementar.
Por ello cuando se escucha que la administración Alvarado estaba estableciendo una unidad para estos fines, sin conocer el fondo, no podía más que apoyarla como una medida en la dirección correcta para ayudar a darle una brújula al gobierno que a todas luces la necesitaba.
Luego de que han salido a la prensa informaciones sobre la UPAD, es más que evidente que las acciones emprendidas tenían fines muy distintos a lo que siempre se acostumbró en la casa presidencial. Vale la pena comentar algunos elementos.
El equipo: estas unidades de trabajo estuvieron siempre en manos de personas de un altísimo nivel profesional y con un respeto en su gremio, basta con señalar solo uno: Miguel Gómez, padre de la estadística nacional, profesor de profesores.
La información: en la presente administración ha existido un interés por ir al detalle de la información individual, personal, con nombre y apellidos, esa no es necesaria para hacer políticas públicas, pero si pareciera que es útil para hacer política electoral. Veamos algunos ejemplos:
- Solicitar la base de deudores a la SUGEF. ¿Para qué ocupa saber casa presidencial cuánto debe Juan, Pedro o María, a quien y cuál es su atraso?
- Archivo Judicial del OIJ. ¿Para qué es relevante conocer quienes tienen juicios penales, órdenes de captura, etc.?
- Información de las cuotas obrero-patronales. Justificada su necesidad para la reactivación económica. ¿?
- Lista de vehículos de la Embajada Americana.
- Ubicación de iglesias evangélicas y su interpolación con los resultados electorales. Por cierto, esta información fue borrada luego de ser publicada, Tome nota doña Emilia.
El decreto. En el pasado no fue necesario emitir un decreto porque se trataba de información pública, pero en esta administración se requirió para poder sustentar las solicitudes frente a la oposición y rechazo por parte de las instituciones a entregar las bases de datos.
Ante esto no podemos más que calificar de graves las actuaciones de la Presidencia, esto dista mucho de ser el inició de la campaña electoral como ha querido justificar las críticas el presidente, respuesta que deja mucho que desear frente a la seriedad de las denuncias, de ahí que están mas que justificadas las investigaciones y se debe llegar hasta el fondo a sentar las responsabilidades de cada quien.
Sobre los allanamientos. Es muy triste ver nuestra casa presidencial en la prensa nacional y extranjera siendo allanada, como lo he dicho ha propósito de otros allanamientos, no creo que sea necesario el despliegue policial que se hace, no es lo mismo allanar Zapote, una empresa o un bunker del narco, la policía debe poder establecer protocolos para cada caso que permitan respetar los derechos humanos de las personas, ser eficientes en la diligencia judicial y evitar los efectos mediáticos.
Qué sigue. Como en todo régimen de derecho ahora le corresponde a cada órgano lo suyo, el Poder Judicial con los juicios penales, la Asamblea con las investigaciones, la Procuraduría de la Etica ejercer la tutela de los derechos de la ciudadanía. Pero por encima de todo debemos volver a la normalidad, este penoso incidente no debe obstaculizar la vida pública y privada del país, estos hechos dolorosos no nos definen como nación, con paciencia y seriedad esperemos lo que cada institución hará, pero los demás sigamos adelante.
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