Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends

El viernes pasado, el rector de la Universidad de Costa Rica firmó una circular que no se parece a ningún trámite. La R-61-2026 suspendió exámenes y cerró oficinas para este martes: la universidad se apagó para salir a marchar. Del Pretil a la Asamblea Legislativa, con los rectores de las cinco universidades públicas al frente. Y marchó: salió a las nueve de la mañana y llenó el trayecto hasta la Plaza de la Democracia. Cuando una institución que vive de horarios y calendarios decide romperlos, está diciendo algo que no cabe en un comunicado.

Lo que los rectores dijeron en su conferencia urgente merece atención. No hablaron de privilegios. Jorge Herrera, rector de la Nacional y presidente del Conare, lo dijo en plena marcha: es «absolutamente falso» que las universidades no rindan cuentas; sus cuentas las verifica la Contraloría. Hablaron de carreras científicas en Limón, Cartago y la Zona Sur que pueden desaparecer si prosperan las mociones del oficialismo. La noche del lunes prosperaron en la Comisión de Hacendarios: ₡16.966 millones recortados entre operación y FEES, en un dictamen que ahora va al plenario. Hablaron, en el fondo, de un mapa: el de la Costa Rica que queda fuera del valle central y que solo conoce al Estado cuando el Estado llega en forma de aula. Cerrar una carrera científica en Limón no es un ajuste administrativo: es decirle a un muchacho de dieciocho años que su futuro está en San José o en la lancha que sale de noche. El Estado no se retira de un territorio dejando un vacío; lo deja ocupado por quien llegue primero.

El presupuesto de 2027 cuenta la otra mitad de la historia. Al Ministerio de Educación Pública le recorta el 13%. A la comunicación de la Presidencia le suma ₡1.996 millones. A mí esa aritmética me parece una confesión: el gobierno está dispuesto a pagar más por contar lo que hace que por enseñar a quienes tendrán que sostener el país. Y La Nación lo midió la semana pasada: la matrícula cae en la educación pública y crece en la privada. La privatización no siempre llega con una ley aprobada. A veces llega con un recorte silencioso y una fila de padres haciendo cuentas. Nunca hubo tanta plata para el relato y tan poca para la materia del relato.

Mientras tanto, la presidenta define la seguridad en otros términos. El 13 de octubre, ante la Alianza Evangélica Latina reunida en San José, prometió «desterrar el narcoterrorismo». Días después viajó a San Salvador, caminó el modelo de Bukele, y el 14 de octubre su gobierno inauguró el CACCO: 5.100 internos, unos US$35 millones, la cárcel como respuesta. El viernes extraditó a tres mexicanos del cartel de Sinaloa. Todo eso es real, y parte de ello era necesario. Pero es una definición de seguridad que empieza cuando el delito ya ocurrió.

El dato que debería incomodar a todos está en el OIJ: 50 homicidios dobles en lo que va de 2026, un 25% más que el año pasado, cien víctimas. La violencia no solo crece; se profesionaliza, se mueve en moto, cobra por encargo. Frente a eso, la pregunta no es si Costa Rica necesita cárceles. Las necesita. La pregunta es qué país produce menos sicarios: el que invierte en celdas o el que mantiene abierta la escuela pública en los barrios donde el narco recluta. Costa Rica respondió esa pregunta durante setenta años, y su respuesta fue un ejército de maestros en vez de un ejército de soldados.

Hay que ser justos con el dilema del gobierno. La plata no alcanza para todo, el crimen organizado no espera a que madure una reforma educativa y ningún presidente quiere explicar un homicidio con un plan de estudios. La mano dura da resultados fotografiables en semanas; la educación los da en décadas, cuando ya gobierna otro. Ese es el incentivo perverso: el político cobra hoy por la cárcel y la escuela la paga otro. Fernández no inventó ese incentivo. Solo lo está obedeciendo con más entusiasmo que sus antecesores. Y hay que decirlo: la mano dura es popular. El salvadoreño que abraza a Bukele en las encuestas no está loco; está cansado. El problema no es que la cárcel funcione como respuesta inmediata. El problema es creer que es la única respuesta. Esa tarde, en el plenario, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, dudó de que los estudiantes supieran por qué marchaban y culpó a los rectores de haberlos llevado: no discutió la partida, discutió la legitimidad de quien la defiende.

También hay que ser justos con la marcha. Las universidades defienden la educación pública y, de paso, el presupuesto que las sostiene; tienen intereses propios, como cualquier actor en una disputa. El PLN, por cierto, ya jugó esa carta el lunes en la Asamblea: condicionó su apoyo a la armonización eléctrica a que se retiraran los recortes a las universidades. La educación convertida en moneda de cambio de una negociación de kilovatios. Eso también habla del momento: hasta para defender las aulas hace falta una transacción.

La batalla de fondo es por una palabra. «Seguridad» significa hoy, en el discurso oficial, más celdas y el conteo de homicidios de cada noche. La marcha del martes propuso otra acepción. Una pancarta lo dijo sin rodeos: «les dan más miedo los estudiantes que los narcos». Seguridad es que un muchacho de Limón pueda estudiar una carrera científica sin salir de su provincia, que una madre de Puntarenas no tenga que endeudarse para que su hijo no caiga en la única empresa que recluta en su barrio. Yo creo que ninguna de las dos definiciones es falsa. Pero un país elige cuál financia, y el presupuesto de 2027 ya eligió.

Costa Rica se construyó sobre una costumbre más que sobre una ley: la de resolver sus problemas sin fusiles, apostando a las aulas. Las leyes se cambian con 29 votos en una tarde. Las costumbres mueren de otra manera: por desuso, por recorte, por aburrimiento. Nadie deroga la educación pública un martes. Simplemente se le quita el dinero año tras año, hasta que un día la fila de la privada es más larga que la de la pública y ya no hay marcha que alcance. Las decisiones de matrícula que toman hoy miles de familias no se revierten con un decreto el año que viene. El tiempo, en esto, también vota.

El martes el Pretil caminó hacia la Asamblea. Caminó por una partida presupuestaria, sí, pero peleó por algo más grande: la definición de seguridad que hizo de este país una excepción en un continente de cuarteles. Los recortes aún no son ley: el dictamen va al plenario, y será ahí, voto a voto, donde se decida de qué lado de esa palabra queda Costa Rica.

Antonio de la Cruz

Por Antonio de la Cruz

Antonio de la Cruz. Es Director Ejecutivo de Inter American Trends @iatrends. Escribe para periódicos en los EEUU y comenta para CNN y otros medios noticiosos.