
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
El documento se publicó en Bangkok este martes, 13 de octubre, a miles de kilómetros de San José. El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó allí su informe de octubre, y en una de sus tablas —la que ordena el crecimiento de Centroamérica y el Caribe— Costa Rica aparece en una posición que no ocupaba desde hace años: sexta entre siete economías, con 3,3% para 2026 y 3,5% para 2027. Es, además, el único país de la subregión cuya proyección fue revisada a la baja.
Los números, en fila: Panamá 5,0%, República Dominicana 4,6%, El Salvador 4,5%, Guatemala 4,0%, Nicaragua 3,8%, Costa Rica y Honduras 3,3%. Hace apenas seis meses, en la edición de abril, Costa Rica marcaba 3,6% y se movía en el pelotón de arriba. Hoy mira la tabla desde abajo. El Banco Central proyecta 3,4% y el Banco Mundial 3,3%: nadie discute el diagnóstico, solo su significado.
Hoy, la prosperidad de un país no depende de su mapa ni de su suerte. Depende de sus instituciones: las reglas escritas y las que nadie escribió, las que determinan quién puede participar de la economía y quién se queda mirando desde la acera. Un país que cae en el ranking mientras sus vecinos suben tiene un problema anterior a la cifra. Tiene un problema con sus reglas.
Miremos la tabla con esa lente. Panamá revisó su proyección al alza en 1,2 puntos: canal, logística, servicios. El Salvador, otro tanto: reservas recompuestas, acuerdo con el Fondo, inversión privada que vuelve sobre la mejora en la seguridad. Ninguno de esos avances cayó del cielo. Son decisiones institucionales acumuladas: marcos que premian la inversión productiva en un caso, orden público que abarata el riesgo en el otro. Costa Rica, en cambio, revisa a la baja. No es un desplome —tres décimas—, pero es la dirección lo que inquieta, y sobre todo la soledad: nadie más en la tabla retrocede.
Pensemos en rostros concretos. El exportador de dispositivos médicos en Coyol que calcula, calculadora en mano, qué le haría un arancel estadounidense a su margen: el propio FMI advierte en un documento de trabajo que Costa Rica es el país más vulnerable de la subregión a un alza de aranceles de Washington, con un golpe potencial de entre 0,9 y 1,3% del producto. La operaria de zona franca cuyo empleo depende de que esa cuenta siga dando. El pequeño hotelero de Guanacaste que paga la energía —importada, cara— mientras el petróleo sigue 45% por encima de su nivel previo a la guerra de Medio Oriente. Ninguno de ellos aparece en la tabla de Bangkok. Todos viven debajo de ella.
Cada actor tiene su dilema, y sería deshonesto no reconocerlos. El gobierno de Laura Fernández administra una restricción fiscal real: no hay margen para el gasto alegre, y la disciplina es una virtud que los mercados premian. Pero la disciplina sin reforma es solo austeridad administrada: el país debate las jornadas 4×3 mientras la diversificación energética y la agenda de competitividad esperan turno. La oposición, por su parte, enfrenta su propio dilema: bloquear al gobierno le da rédito inmediato, pero cada veto sin propuesta alternativa es un ladrillo más en el muro que frena al país. Y el sector productivo celebra el nearshoring con una mano mientras con la otra hace las cuentas del arancel que viene.
Hay también una batalla por el lenguaje, y conviene nombrarla. El 3,3% será presentado como «crecimiento estable», «resiliencia», «moderación responsable». Las palabras importan porque deciden qué se discute: si esto es estabilidad, no hay nada que reformar. Si es declive relativo, la conversación es otra. Sextos de siete, los únicos a la baja: así suena distinto. No hace falta censurar datos para proteger un statu quo; basta con administrar su significado.
El tiempo, como siempre, es el recurso político más escaso. Tres décimas de revisión parecen poco, pero los círculos —virtuosos o viciosos— se componen en el tiempo: Panamá compone al alza porque cada reforma abarata la siguiente; el rezago compone a la baja porque cada año sin diversificar encarece la corrección. La ventana que hoy se abre —el reordenamiento de cadenas, la ola tecnológica que el propio FMI dice que América Latina casi no está captando— no espera a que el país se ponga de acuerdo consigo mismo.
Y aquí la advertencia más seria del informe: la vulnerabilidad arancelaria. El problema es más hondo que lo comercial. Costa Rica apostó su modelo a una preferencia que otorga otro, y las preferencias ajenas se pueden retirar. Depender de lo que Washington decide cada cuatro años no es una estrategia: es una espera.
Costa Rica tiene, sin embargo, un activo que la tabla no mide: sus costumbres democráticas. Las leyes se escriben en la Asamblea; las costumbres se practican todos los días. Acatar el fallo, aunque duela. Entregar el poder cuando toca. Discutir sin romper la mesa. Son ellas las que sostienen a las instituciones inclusivas cuando las leyes flaquean. La pregunta que deja Bangkok no es si el país crecerá 3,3 o 3,6. Es si sus instituciones económicas siguen siendo tan inclusivas como sus instituciones políticas. Porque cuando las reglas empiezan a proteger rentas en vez de abrir oportunidades, el sexto lugar deja de ser un accidente estadístico. Pasa a ser un síntoma.
Y los síntomas no mejoran solos.

