Antonio de la Cruz.  Director Ejecutivo de Inter American Trends

“El poder del pueblo es el mayor poder de todos”.

Alexei Navalny

Desde 2018, Nicolás Maduro ha sido señalado por las principales democracias del mundo como usurpador de la Presidencia de Venezuela, debido a la falta de legitimidad de origen en la elección de ese año. Manipuló el sistema democrático de forma tal que se apoderó de los partidos políticos opositores y se los entregó en bandeja de plata a sus aliados, lo que solo reforzó su estatus de ilegitimidad entre los países libres. Como resultado, su régimen ha enfrentado sanciones tanto personales como económicas. Debido a esa ilegitimidad, su administración ha sumergido al pueblo venezolano en una profunda crisis, empujando a muchos a emigrar en búsqueda de una vida mejor, a pesar de los riesgos que esto implica.

Para Maduro y sus cómplices, las elecciones presidenciales de 2024 representan una oportunidad para perpetuarse en el poder con la legitimidad de origen que no obtuvo en 2018. En contraste, para la gran mayoría de los venezolanos estos comicios simbolizan la esperanza de renovación, la posibilidad de reconstruir la democracia y el Estado de derecho que han sido erosionados durante los últimos 25 años.

En el complejo escenario político actual, María Corina Machado se ha convertido en la referente frente a las prácticas autoritarias destinadas a desvirtuar la voluntad popular expresada el 22 de octubre en las primarias. Su firme intención de participar en las elecciones presidenciales simboliza su perseverancia en la búsqueda de una transición ordenada a la grave crisis política que atraviesa Venezuela, desafiando el sistema diseñado para desmoralizar a quienes abogan por un cambio democrático. “No van a lograr desviarnos de nuestro camino electoral (…) Estoy dispuesta a hacer todo lo necesario. Seguiremos adelante hasta el final”, ha afirmado de manera insistente la líder de Vente Venezuela.

Como respuesta, la estrategia política adoptada por el régimen de Maduro ha estado dirigida específicamente a neutralizar a María Corina por el peligro que su mandato popular y liderazgo moral representan para la permanencia del madurismo en el poder. El arma utilizada para sacarla del medio: una supuesta inhabilitación validada por un poder judicial y un poder electoral (minúsculas ex profeso) que tristemente solo cumplen órdenes del Ejecutivo. Y todo esto es producto del gran temor que hay en Miraflores: ocho de cada diez venezolanos apoyan a María Corina, según las últimas encuestas. Una popularidad que consolida su integridad ética, la cual, al lado del pueblo, le otorga la fuerza para triunfar en la lucha contra el usurpador, para superar las barreras impuestas por el Consejo Nacional Electoral y el régimen.

Frente a la resolución de la presunta inhabilitada, el usurpador intensifica las tácticas represivas para tratar de inmovilizarla y, por ende, forzar su salida de la competencia electoral para que otro candidato tome su lugar en las elecciones presidenciales. Maduro también ha dicho que estaría dispuesto a dejar el poder si su contrincante en la elección es el actual gobernador del estado Zulia, quien no participó en las primarias ni respaldó activamente sus resultados. Paralelamente, anunció un calendario electoral sumamente ajustado, con la finalidad de que el poco tiempo disponible actúe como mecanismo de presión y María Corina tome de inmediato una decisión.

La candidata del pueblo, sin embargo, redobla la apuesta y recorre la nación para fortalecer sus bases de apoyo. La masiva participación en los actos públicos que convoca solo la habilita ante los intentos de marginación política, es un escudo que la protege de las acciones del régimen. “Hoy los humildes, los pobres, los explotados votan por una mujer blanca, mantuana, eso sí es una revolución”, afirmó el historiador Elías Pino Iturrieta.  

De seguir este curso de acción por ambos lados, se avizora una inevitable confrontación y sus respectivas repercusiones. Ahora es el tiempo para buscar un acuerdo hacia una transición democrática.

Es crucial que todos los actores, tanto nacionales como internacionales, capaces de influir en un cambio de dirección del régimen represor, insten a la eliminación de la inhabilitación arbitraria de María Corina, en lugar de presionarla para designar su reemplazo. De igual manera, deben propiciar las conversaciones que conduzcan a un nuevo modelo de gobernabilidad en Venezuela, donde se ofrezcan las garantías para que ambas partes puedan coexistir sin temor a ser anuladas, reconociéndose como adversarios y no como enemigos. Este es el momento óptimo para que los venezolanos encuentren la forma de convivir pacíficamente tras un proceso electoral entre el usurpador y la candidata injustamente inhabilitada.

María Corina posee la influencia y el respaldo necesario para que la población venezolana pueda superar las transgresiones perpetradas por el régimen de Maduro a lo largo de once años de gobierno.

No reconocer el llamado de cambio de la sociedad conducirá a más represión, a la profundización de la crisis humanitaria y a un mayor éxodo. En este escenario nadie estará seguro porque el usurpador gobernará con mano de hierro al no tener el respaldo popular como sucede hoy en Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, donde hasta los que contribuyeron a la toma y el mantenimiento del poder han sido despojados de su nacionalidad.

Es tiempo de encuentro entre la supuesta inhabilitada y el usurpador por el bien de la patria y las próximas generaciones. Lo contrario será un duelo que costará superar con el perdón, heridas que buscarán la revancha más pronto que tarde.

Por Antonio de la Cruz

Antonio de la Cruz. Es Director Ejecutivo de Inter American Trends @iatrends. Escribe para periódicos en los EEUU y comenta para CNN y otros medios noticiosos.