Antonio de la Cruz: Los riesgos de “calibrar” las sanciones estadounidenses al régimen de Maduro

Seguir con la política de quid pro quo y calibrar las sanciones individuales y económicas prolongarán el régimen madurista por otro período. Esto hará que la administración de Biden se trague el sapo de la narcotiranía venezolana, con lo que ello significa para la democracia en Occidente.

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Antonio de la Cruz.  Director Ejecutivo de Inter American Trends

El presidente Joe Biden y su administración están dispuestos a “calibrar” la política de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, dependiendo de los resultados de las negociaciones entre el gobierno de facto y el interinato.

El anuncio fue hecho durante la conversación que Biden sostuvo con Juan Guaidó cuando viajaba a la IX Cumbre de las Américas, en California, el pasado junio. Además, de ratificarle su reconocimiento como «presidente interino de Venezuela», le expresó su “apoyo a las negociaciones lideradas por Venezuela como el mejor camino hacia una restauración pacífica de las instituciones democráticas, elecciones libres y justas, y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos».

La primera medida del gobierno de Estados Unidos, para calibrar las sanciones de segundo piso impuestas a la compañía estatal Pdvsa en 2019, fue autorizar en junio a la petrolera italiana Eni y la española Repsol a reanudar los envíos de petróleo venezolano a Europa con el objeto de compensar el crudo ruso sancionado por la Unión Europea.

Una condición para las petroleras europeas es que el crudo recibido por las socias de Pdvsa en las empresas mixtas «tiene que ir a Europa. No puede ser revendido en otro lugar”. Y la otra es que los cargamentos de petróleo son para compensar deudas pendientes de préstamos entre socios “corporativos” (Repsol 1.200 millones de dólares en 2016 y Eni 1.760 millones de dólares en 2012) y dividendos atrasados.

La Casa Blanca cree que Pdvsa no se beneficiará financieramente de estas transacciones sin dinero, a diferencia de las actuales ventas de petróleo de Venezuela a China.

Sin embargo, en junio, las exportaciones de petróleo de Venezuela indican que Pdvsa obtuvo un ingreso, una vez cancelada la alícuota de las deudas, de más de 100.000.000 de dólares por los cargamentos de Repsol y Eni de 1.900.000 barriles y 650.000 barriles de petróleo crudo diluido de 17 grados API (DCO, por sus siglas en inglés), respectivamente, según datos de TankerTrackers.com. El precio de referencia actual del Merey (API 16) de 88 dólares por barril para mayo según la OPEP, genera una diferencia con respecto al valor estimado en el préstamo que una vez realizada la operación se transfiere a Pdvsa.

En contraste con los envíos a China, estos cargamentos no sufren descuentos porque no están sancionados. Además, se cancelan en el término de 30 días, mientras que el pago por parte de las refinerías independientes chinas se hace a 60 o 120 días.

Por otro lado, las sanciones de la Unión Europea al petróleo ruso, por la invasión a Ucrania, ha reorientado las exportaciones de crudo de Rusia a China. Lo que ha venido desplazando la colocación del petróleo venezolano en el mercado refinador del gigante asiático.

Por ahora, Maduro sigue renuente a ir a la mesa de negociación en México, ganando tiempo para consolidar su posición de que es mejor cohabitar con su régimen. Sabe que no es ni el primero ni el último gobierno autoritario con el que Estados Unidos debe mantener relaciones internacionales.

Más bien la reunión con los altos funcionarios estadounidenses del Departamento de Estado y la Casa Blanca en marzo ha derivado en una relación de quid pro quo entre la administración Biden y el régimen de Maduro.

Los rehenes estadounidenses Jorge Alberto Fernández y Gustavo Cárdenas, liberados por la dictadura venezolana a cambio de la exclusión del sobrino de Cilia Flores, Carlos Malpica Flores, de la lista de sancionados del Tesoro de Estados Unidos ha hecho que la “restauración pacífica de las instituciones democráticas, elecciones libres y justas y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos” no esté entre las prioridades de Maduro y compañía. Sobre todo, después del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia.

La calibración de las sanciones estadounidenses al régimen de Maduro en el área petrolera debería tomar en cuenta que el heredero de Chávez necesita de las empresas internacionales para aprovechar los altos precios del crudo en los próximos años, pues la demanda del mercado chino está siendo satisfecha por Rusia. La producción del crudo de Venezuela tendría que ser colocada en las refinerías de Europa y de Estados Unidos en el Golfo de México.

Seguir con la política de quid pro quo y calibrar las sanciones individuales y económicas prolongarán el régimen madurista por otro período. Esto hará que la administración de Biden se trague el sapo de la narcotiranía venezolana, con lo que ello significa para la democracia en Occidente.


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