NARCOTRÁFICO

El narcotráfico es un grave problema en Costa Rica, que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad del país. El tráfico de drogas ha generado violencia, corrupción y otros delitos, que afectan a la población en general.

Las autoridades costarricenses han realizado esfuerzos para combatir el narcotráfico, pero aún existen dudas sobre la efectividad de sus acciones. Algunos sectores consideran que el gobierno no está haciendo lo suficiente para detener el tráfico de drogas, y que la corrupción está obstaculizando la lucha contra este flagelo.

Algunas de las dudas que existen sobre el actuar del gobierno en materia de narcotráfico son las siguientes:

  • ¿Existe una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones encargadas de combatir el narcotráfico?
  • ¿Son suficientes los recursos económicos y humanos asignados a la lucha contra el narcotráfico
  • ¿Se está atacando a las principales redes de narcotráfico?
  • ¿Se está trabajando para prevenir la corrupción en el combate al narcotráfico?

Es importante que el gobierno costarricense responda a estas dudas y adopte medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El tráfico de drogas es un problema que afecta a todos los costarricenses, y es necesario que el gobierno demuestre transparencia, compromiso y resultados para reafirmar su credibilidad.

En torno a este tema de actualidad e importante trascendencia, retomamos y parafraseamos el comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en el que se señala su “enorme preocupación” ante un artículo publicado en el diario mexicano El Universal, que sugiere la existencia de una supuesta negociación entre el actual gobierno de Costa Rica y estructuras narcotraficantes de alcance internacional.

Lo más relevante de destacar en este contexto es la identificación y vinculación de diversas acciones y decisiones gubernamentales que, si se observan de forma aislada, podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, al analizarlas en conjunto, estas acciones y omisiones institucionales pintan un panorama complejo que arroja serias dudas sobre la toma de decisiones en el gobierno.

En los últimos años se han presentado las siguientes situaciones:

  1. Resistencia a dotar de recurso y plazas a la Policía Profesional de Migración, lo que, en medio de crisis migratoria, les imposibilita realizar patrullajes en fronteras, inspecciones en hoteles y plantas productoras y/o empacadoras de productos de exportación, donde se contrata personal indocumentado. En muchas ocasiones estas personas, que luego son despedidas sin derechos, por su estado de vulnerabilidad son captadas por bandas dedicadas al narcotráfico.
  2. Una pésima distribución de recurso de la Policía Aeroportuaria que disminuye la atención de los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos; situación que ha servido como excusa para ejercer presión, e intentar sacar al cuerpo policial con potestad de imperio de nuestra frontera más grande, para colocar seguridad privada.
  3. La nula cantidad de oro decomisado en Crucitas, y más recientemente la decisión de Seguridad Pública de retirar a la Fuerza Pública del lugar (posteriormente, y tras cuestionamientos en medios de comunicación, la policía fue enviada de nuevo al sitio).
  4. No crecimiento de recurso policial en la zona sur del país, por donde ingresa la droga que viene del cono sur del continente.
  5. Excluir a Costa Rica del programa de revisión de contenedores de Naciones Unidas.
  6. Resistencia por llenar plazas vacantes en Policía de Control de Drogas.
  7. Asignación de horarios en muelles y fronteras que dejaban estos puntos sin agentes antidrogas luego de las 19 horas y hasta el día siguiente (situación subsanada luego tras hacer la denuncia pública).
  8. “Cambio de estrategia” de Seguridad Pública, que implica retirar a la Policía de Control de Drogas de sus labores de inteligencia e investigación en los muelles, fronteras y aeropuertos (aplicación actual).
  9. Solicitud a la Policía de Control de Drogas de entregar los usuarios, claves y contraseñas (incluye información sensible) de los sistemas informáticos. (Que nunca habían sido vulnerados pese a los hackeos que ha sufrido el país). (Situación actual.
  10. Ministerio de Hacienda no transfiere la totalidad de los montos que la ley destina a cuerpo policiales por impuestos como el de sociedades anónimas, del banano y casinos.
  11. Encarcelamiento de exdirector de Fuerza Pública, por nexos con el narcotráfico.
  12. Aprobación de leyes como la 9635, que encapsuló al Ministerio de Seguridad Pública en una imposibilidad de crecimiento presupuestario por la “regla fiscal” y disminuyó el poder adquisitivo de las y los servidores policiales
  13. La Ley Marco de Empleo Público que congela indefinidamente los salarios de las y los policías, generando un factor de riesgo para la corrupción y captación del reclutamiento de estructuras del crimen organizado.
  14. Resoluciones judiciales cuestionadas, que no interponen medidas cautelares a personas presuntamente vinculadas a actividades de crimen organizado.
  15. Desde el ámbito legislativo: no aprobación de leyes como la de extinción de dominio, grabar capitales golondrinas, para conocer beneficiarios finales de las personas jurídicas…
  16. Visita de personas aparentemente ligadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa.
    Entre otras…

El conjunto de situaciones denunciadas por la ANEP no solo ha levantado alarmas en cuanto a la posible existencia de una negociación entre el Estado y el narcotráfico, sino que también pone de relieve la necesidad apremiante de una investigación exhaustiva para aclarar estos asuntos.

Ante la serie de eventos y decisiones que socavan la integridad del aparato estatal y, en última instancia, podrían haber venido empoderando a las organizaciones del crimen organizado, Costa Rica enfrenta un desafío crucial en materia de seguridad y transparencia gubernamental.

La pregunta que persiste es clara: ¿Está el gobierno de Chaves pésimamente asesorado en temas de seguridad, o realmente se están defendiendo intereses vinculados al narcotráfico? Las respuestas a estas cuestiones tendrán un profundo impacto en el futuro de la nación costarricense.