PODER

En el artículo publicado por Nuria Marin en el diario La Nación el 16 de junio, titulado “El poder absoluto corrompe absolutamente”, realiza un agudo análisis sobre la importancia de los mecanismos de control en una democracia liberal. Ella retoma la famosa frase de Lord Acton, “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, para subrayar la relevancia histórica y contemporánea de evitar la concentración de poder en manos de una sola entidad o individuo. Este comentario se inscribe en una tradición de pensamiento que remonta a filósofos y teóricos políticos como John Locke, Montesquieu y Rousseau, cuyos trabajos influyeron profundamente en la conformación de las democracias modernas.

Nuria Marin señala cómo los constituyentes de diversas democracias, inspirados por estos autores, diseñaron sistemas con una clara división de poderes y la implementación de pesos y contrapesos. Estas medidas son fundamentales para prevenir el abuso de poder y garantizar que los fondos públicos se gestionen con transparencia y legalidad, destacando la independencia funcional y administrativa de dicho órgano

“Es en este espíritu que los constituyentes crearon una institución que técnicamente es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, primer poder de la República por representar al pueblo”.

La autora se refiere específicamente a los artículos 183 y 184 de la Constitución, que establecen las funciones y objetivos de la Contraloría General de la República. Este órgano, aunque auxiliar de la Asamblea Legislativa, goza de una autonomía que le permite supervisar de manera efectiva la Hacienda pública. También cita la jurisprudencia del artículo 183 para reforzar su argumento, mencionando la sentencia 9380-05 de la Sala Constitucional:

“La vigilancia permanente y eficaz del uso de los fondos públicos es un imperativo de rango constitucional”.

Uno de los puntos más destacados del comentario es su crítica a las acciones del Ejecutivo que parecen orientadas a debilitar los mecanismos de control existentes. Señala expresamente su sorpresa y preocupación por el aparente desconocimiento o desdén del Ejecutivo respecto a la imposibilidad de disminuir el poder de control de la Contraloría. Al respecto, la sentencia 5224-11 de la Sala Constitucional es clara:

“La Contraloría General de la República es un órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa, con competencias expresas para la fiscalización y vigilancia de la Hacienda pública, lo que se concreta en un control de legalidad en la administración financiera” .

El comentario de Nuria Marin, pone de relieve la importancia de mantener fuertes los mecanismos de control en una democracia, como forma de protegerse contra la corrupción. Esta postura es particularmente relevante en un contexto donde las instituciones de control pueden enfrentar presiones para ceder su independencia. La autora sugiere que cualquier intento de debilitar estos mecanismos no solo pone en riesgo la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, sino que además abre la puerta a la corrupción, el mismo mal que los sistemas de pesos y contrapesos buscan prevenir.

Finalmente, concluye enfatizando que la fortaleza de una democracia se mide, en parte, por la eficacia de sus mecanismos de control y la capacidad de sus instituciones para operar sin interferencias indebidas. Este comentario no solo es una defensa de la Contraloría General de la República, sino un recordatorio de los principios fundamentales que deben regir cualquier sistema democrático: la independencia de los órganos de control y la transparencia en la gestión pública.

La vigencia del pensamiento de Lord Acton se hace evidente en este análisis, subrayando que la lucha contra la corrupción y el abuso de poder es una tarea permanente que requiere vigilancia y compromiso constante.