Armando Chaguaceda: Referéndum cubano, demagogia plebiscitaria y respuesta ciudadana

Sigue la tendencia a la baja de antiguos índices comiciales soviéticos, superiores al 90%. Sin legitimidad histórica, carisma o desempeño, con propaganda y clientelismo declinantes, a los actuales gobernantes cubanos les queda usar otros recursos. Incluidos violar sus leyes, instituciones y procesos. Usar cada vez más la represión abierta y posible fraude en su repertorio de control social.

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Armando Chaguaceda, Doctor en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana (México). Máster en Ciencia Política, Universidad de la Habana. Especializado en procesos y regímenes autocráticos en América Latina y Rusia.

El pasado domingo en Cuba se votó por un referéndum que buscaba aprobar un nuevo Código de las Familias, para sustituir el de 1975. El objetivo de la votación era legalizar temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, todo mecanismo de participación ciudadana debe ser analizado por su contenido legal, su contexto social y su horizonte político. Porque la manipulación autocrática de votaciones plebiscitarias es materia vieja. Desde el remoto antecedente de la demagogia clásica (Aristóteles dixit) hasta llegar a sus modernas variaciones de tema, formato e ideología, el objetivo es siempre legitimar, dentro y fuera del país, a los déspotas. Ampliando sus bases de apoyo y dividiendo a la ciudadanía. Manoseando los derechos, para pervertir la justicia. De Lugansk a Mayabeque.

En tiempos recientes, numerosos gobiernos conservadores (especialmente en la Europa postcomunista) han abusado de los mecanismos de democracia directa para dar una legitimidad de masas a la restricción de derechos. Las colectividades de la diversidad sexual han denunciado, como corresponde, tal proceder. En Cuba, la naturaleza iliberal y tradición plebiscitaria del régimen vigente conecta con aquella tendencia global. De ahí que, por derecha o izquierda, poderes interesados en dar voz a la ciudadanía para fortalecer su legitimidad y agenda sean parte del panorama político actual. Desde tal marco y precedente, el artefacto de manipulación plebiscitaria denominado “Consulta sobre el Código de Familia”, del pasado 25 de septiembre (en adelante 25S), debe evaluarse no sólo en sentido jurídico o moral, sino también en términos sociopolíticos muy concretos. El proceso y las posiciones en torno suyo: Sí, No, Abstención.

Hay varios elementos a considerar en la convocatoria. Los contenidos legales tienen un horizonte social progresivo, aunque ambiguo: se avanza en ciertos derechos, mientras otros se mantienen acotados o son susceptibles de manipulación desde el poder. El contexto social y el horizonte político del 25S son claramente regresivos: hay retrocesos en el status real de la ciudadanía social, civil y política cubana, por el aumento de la desatención a la creciente pobreza y desigualdad social, la explotación económica y la represión policiaca del Estado.

Las rutas de cada sector enfrentado (Sí y No) este 25S fueron fijadas, ex ante, por la propia agenda oficial. La comunidad progresista del “Sí” celebró los avances de la norma, pero desatendió sus aspectos problemáticos -como un potencial abuso del Estado para, aprovechando la norma, despojar a padres disidentes y emigrados de la tutela sobre sus hojos- y desoyó las razones ligadas al contexto y objetivos de la convocatoria. La comunidad conservadora del “No” repudió los avances (negando derechos a la comunidad LGBTQIA+) y también desoyó las razones de contexto y objetivo de la convocatoria. Ambas posturas, favorable o negativa, son respetables en tanto ejercicio (acotado) de agencia, bajo lógicas posibilistas. Ambas concurrieron, desde el apoyo o el rechazo, avalando de cierto modo la plesbicitación de los derechos de toda la ciudadanía.

¿Por qué eligió el Estado esta ruta para el 25S? Porque fragmentaba y polarizaba a una sociedad que, durante los últimos años, maduró cívicamente. Encontrando demandas compartidas, desde su diversidad identitaria, en el reclamo transversal del derecho a tener derechos. Ese Estado ha elegido, alternamente, aliarse y reprimir a tirios y troyanos. En los pasados años, durante el proceso de discusión de la nueva Constitución (2018/2019) los sectores estatales más conservadores cortejaron a las Iglesias cristianas (católica y protestantes), concientes que eran una fuerza social creciente. Reprimiendo entonces a la comunidad LGBTQIA+, con el hito de su marcha independiente en mayo de 2019.

El Estado hoy invierte demagógicamente la ecuación. La actitud de buena parte de las comunidades religiosas, desde su participación en las protestas sociales de 2021/2022 y en la denuncia y acompañamiento a víctimas de la represión, pareció convencer al Estado que los fieles creyentes son hoy más peligrosos para su hegemonía que una comunidad LGBTQIA+ con menos músculo movilizativo y susceptible de proveer, al Estado, el apoyo de sectores progresistas del mundo.

Participar este 25S apoyando al pudo conseguir diversos beneficios progresistas para ciertos sectores de la población, con el viento a favor de la maquinaria de Estado. Optar por el No legitimó conservadoramente esa misma convocatoria, aún padeciendo la censura oficial, mientras se le niega a los otros derechos ya disfrutados. Ambas opciones reunieron a mucha gente cuya historia de dolor y esperanza la llevó a ejercer su derecho para defender sus ideas y opciones de vida. Esto es, sin fisura ni condicionamientos, respetado.

Algunos críticos desearon el abstencionismo. De hecho, muchos activistas y opositores democráticos de la isla, conocidos por su acompañamiento a los reclamos de sectores históricamente excluidos parecen haber apostado por esta. La abstención constituyó una clara protesta -de carácter transideológico- ante la manipulación, política y legal, del nuevo Código. Preservando de facto (dada su aprobación ex ante por el poder) las ganancias de los beneficiados. En el escenario del 25S, esta pareció ser la opción que consiguió un mejor equilibrio entre contenido legal, contexto social y horizonte político.

En dictadura cada votación es fuente de legitimación política. El “árbitro” controla el total de votos e informa resultados convenientes. La ciudadanía puede registrar (con tiempo, lugar y evidencia) incidencias. Sumadas y analizadas seriamente, confrontan la “verdad oficial. Allende los datos finales que publicará el Estado, sin auditoría independiente y con varios días de retraso, la cifra dada por el Consejo Electoral Nacional revela la mayor abstención y voto negativos de cualquier evento similar desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Los conteos de mesas reportados por ciudadanos arrojaron inicialmente una relación promedio de 60/40 a favor del Sí, con una abstención aproximada de 40%. El parte oficial preliminar indica que votaron 6251786 de un total de 8.447.467 electores, una participación de 74,01%. Para el referendo constitucional de 2019 —el último ejercicio equivalente a la actual consulta del Código de las Familias— la participación fue del 84,4%, y en su antecesor de 1976 la cifra alcanzó el 98%.  El órgano electoral indicó que los votos por el No alcanzaron el 1.950.090, un 33%. Una tendencia que las autoridades calificaron como irreversible.

La sociedad cubana no es necesariamente conservadora, pero está molesta, hastiada y descreída del poder. El Estado conserva su capacidad de movilización, pero pierde legitimidad. El discurso oficial, amplificado por todos los medios, a favor de una opción (Sí) cambió votos indecisos que, en las urnas, optaron por el No. Sigue la tendencia a la baja de antiguos índices comiciales soviéticos, superiores al 90%. Sin legitimidad histórica, carisma o desempeño, con propaganda y clientelismo declinantes, a los actuales gobernantes cubanos les queda usar otros recursos. Incluidos violar sus leyes, instituciones y procesos. Usar cada vez más la represión abierta y posible fraude en su repertorio de control social. En un ambiente post 11J, donde la violenta respuesta de las demandas ciudadanas ha superado el “control de daños” tradicional ¿alguien puede sostener que incluso el fraude sobre el total final no estuvo a la mano este 25S, para mostrar el “apoyo popular a la Revolución? ¿Qué, objetivamente, lo impide?

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