Las especulaciones financieras en general y en particular cuando se ciernen sobre una entidad bancaria suelen ser altamente peligrosas, al encenderse alarmas ante el público (lo cual parece estar olvidándose o minimizándose) y generar inquietud respecto a la estabilidad de la banca, por más buena salud que tenga.

El caso de Bancrédito probablemente se arrastra desde su creación y concepción, como un banco agropecuario, que no pudo ajustarse al cambio del entorno y mucho menos al siglo XXI, como sus pares Nacional y de Costa Rica.

La situación al día de hoy, de no manejarse adecuadamente puede acabar mal, y de estas experiencias ya tenemos una que aún resuena en los círculos económicos y políticos, como lo fue el cierre del Banco Anglo Costarricense, de grata memoria.

Las pérdidas y los desajustes financieros que retratan diversos medios de comunicación como caída de utilidades, deficiencias en el manejo de las carteras de crédito y el crecimiento desmedido del gasto administrativo, hacen ver poco claro el futuro de este Banco, a pesar de los intentos del Gobierno por oxigenarlo con el apoyo de algunas medidas administrativas más cosméticas que de fondo.

Días atrás el Presidente Luis Guillermo Solís dijo públicamente que cerrar el Bancrédito le costaría al país más del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, al menos ¢621.000 millones, lo cual descartaba como posible opción.

Por otro lado, el Gobierno también considera presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para convertir al Bancrédito en un banco de fomento y desarrollo, acción que sería obviamente a mediano plazo, por todo lo que conlleva la discusión y búsqueda de acuerdos parlamentarios.

De momento se consumó la renuncia de la Junta Directiva, por supuesto responsable de la dirección del Banco, sea por el tiempo que haya fungido como tal y de las decisiones que se hayan tomado o no.

Lo importante, es que se trata de fondos públicos. Es el Estado que ve peligrar una de sus instituciones cuyo futuro institucional y económico debe resolver con decisiones correctas y oportunas.

En esto, no hay más responsable que el Gobierno de la República, a punto de concluir su tercer año en el poder, quien está obligado a decidir qué hacer o no. Lo peor para Bancrédito sería caer en irregularidades financieras de alto impacto, si no se actúa a tiempo.