Benjamín Sevilla García, Abogado, Secretario de Juventud ANEP

La región latinoamericana ha visto despertar en distintos momentos el monstruo de la opresión, de la pobreza, de las dictaduras, de los golpes de Estado, de las guerrillas y de los autoritarismos. Cuando pensamos que éramos más democráticos y que lo anterior era parte de un violento y pasado momento histórico, se descubre ante nuestra vista un nuevo escenario, un camaleónico despertar de la opresión, de la dominación, de esclavitud moderna. En este nuevo contexto, los derechos y las garantías de las personas trabajadoras se ven limitados, suprimidos al máximo o eliminados de facto.

En varios países de la región se iniciaron procesos de reformas laborales ampliamente regresivas bajo la excusa de crisis económica o fiscal, la austeridad es el nuevo concepto que se utiliza para precarizar salarios y desconocer derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Ante este escenario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una Opinión Consultiva en respuesta a solicitud realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el alcance de las obligaciones de los Estados bajo el Sistema Interamericano y sobre las garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género.

Competencias y funciones de la Corte IDH

Lo primero que hay que decir es que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal regional que busca proteger los Derechos Humanos y que ha sido creado mediante un tratado internacional: Pacto de San José, del cual Costa Rica es parte.

Normalmente se le adjudican dos competencias, aunque tiene cuatro funciones bien definidas, la contenciosa, la consultiva, la preventiva y la ejecutiva.  En cuanto a la competencia contenciosa, es importante recordar que la Corte IDH cumple una función jurisdiccional.  Goza de autonomía para resolver asuntos contenciosos y para decir cómo se interpreta y se aplica el Pacto de San José. Busca garantizar los derechos y libertades que les hayan sido conculcados a las víctimas.  En cuanto a la función consultiva, tiene que ver con la interpretación que realiza de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y de otros Tratados internacionales en esta materia. La finalidad de la Corte IDH es ayudar u orientar a los Estados para que cumplan con sus obligaciones internacionales. Una tercera competencia o función de la Corte IDH es, precisamente, la preventiva y tiene que ver con medidas precautorias o provisionales que son dictadas por este Tribunal ante casos “de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”.  Por último, la función ejecutiva que es una especie de supervisión que realiza la Corte IDH para constatar que los Estados estén cumpliendo con lo dictado en las sentencias.

 ¿Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH son vinculantes en Costa Rica?

La respuesta es sencilla: sí, son vinculantes y de acatamiento obligatorio.  Se debe recordar que por el sistema de jerarquía de las normas en su aplicación algunas están por encima de las otras. El artículo 7 de la Constitución Política establece que: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.”

De manera que, este mandato implica que el Pacto de San José es superior o está por encima de nuestras leyes.

En el mismo sentido, las líneas interpretativas de la Sala Constitucional dejan muy claro esta posición. Primero, “La Sala Constitucional le[s] proporciona a los instrumentos de Derechos Humanos un valor superior a la Constitución, cuando estos otorguen mayores derechos o garantías a las personas” (resolución 3435-92).

Segundo, en otra sentencia indica que, “Debe advertirse que si la Corte IDH es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá de principio el mismo valor de la norma interpretada” (resolución 2313-95).

En tercer lugar, en el voto número 2014-12703 sobre el carácter vinculante del control de convencionalidad la Sala indica que: “es de acatamiento obligatorio para las salas y Tribunales Constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones consultivas.”

Sobre el mismo tema, el artículo 27 de la ley 6889 que aprobó el Convenio para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país, es una de las principales normas que le otorgan el carácter de vinculante a las resoluciones de la Corte en todo el ordenamiento jurídico costarricense. “Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses.”

Este artículo manifiesta claramente que las resoluciones (no solo sentencias, sino también opiniones consultivas) de la Corte IDH, pasan en autoridad de cosa juzgada, por consiguiente, tienen la protección del artículo 42 de la Constitución Política de Costa Rica, lo que implica que son de acatamiento obligatorio y vinculante para todos los tribunales del país y demás órganos administrativos.

Todos los órganos del Estado costarricense Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y órganos administrativos, tiene que aplicar las resoluciones de la Corte y no pueden invocar que esa resolución es contraria a una norma interna o que requiere para su cumplimiento la sanción de una ley, esto porque la regulación en materia de derechos fundamentales es reserva de ley de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política.

Adicionalmente a esto, Costa Rica suscribió la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Ley 7615) y en su artículo 27 establece el deber de los Estados de cumplir con lo pactado en Tratados internacionales, “aun cuando estas disposiciones sean contrarias al ordenamiento interno.” Por su parte el artículo 26 señala que: “Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (Pacta Sunt Servanda)

De cualquier manera, debe tenerse presente que la interpretación que hacen los Jueces de la Corte son sumamente relevantes, por constituir las conclusiones del órgano que el mismo Pacto de San José creo para su interpretación.

 ¿De qué trata la Opinión Consultiva de la Corte IDH?

En resumen, la Corte se refiere a los siguientes aspectos:

“a) El alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias;

  1. b) El contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales;
  2. c) El deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales; y
  3. d) El alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías.”

Siete aspectos relevantes de la Opinión Consultiva de la Corte IDH

  1. La relación de unos derechos con otros

Los Derechos Humanos poseen unas características que vale la pena mencionar antes de continuar con la explicación de esa relación que existe entre unos derechos y otros. En primer término, los Derechos Humanos son Universales, lo que implica que todos los poseemos sin discriminación alguna por el simple hecho de ser humanos; y, son progresivos, lo que significa que una vez que los Estados los aceptan y se comprometen a aplicarlos y garantizarlos, ya no podrían dejar de observarlos. En todo caso, sí pueden ampliar las garantías, pero no menguar lo avanzado.

De igual manera, los Derechos Humanos son irrenunciables, son consustanciales e inherentes al ser humano. Es imposible que alguien pueda renunciar a ellos, ni siquiera por su propia voluntad, pues no se concibe cómo una persona podría renunciar a su propia naturaleza humana. Además, son imprescriptibles, lo que significa que nos les afecta la prescripción legal (no se pierden por el transcurso del tiempo).

En el mismo orden de ideas, los Derechos Humanos generan obligaciones tanto para las personas físicas como para los Estados; y, son indivisibles, es decir, que no se pueden separar o jerarquizar porque responde a una sola estructura.

Por último, los Derechos Humanos son interdependientes, lo que significa que el disfrute, la existencia y el reconocimiento de un derecho, está directamente relacionado con el de los otros derechos. Y es aquí, donde muchos que ostentan el poder, no quieren admitir esa relación que hay entre unos derechos y otros.

La profesora Rosaura Chinchilla Calderón, advierte que esta relación que hace la Corte IDH entre derechos de libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga, con los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, responde a una cuestión estratégica y muy hábil de los jueces de la Corte. Ella señala que en Costa Rica y en los demás países de la región, existe una tendencia a exaltar unos derechos humanos y a ignorar o restarles importancia a otros derechos humanos.

Pareciera que la explicación de la Profesora Rosaura trata de señalar que los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión, en el tanto algunas personas por cuestiones de estudio los ubican en la Primera Generación de Derechos Humanos (los civiles y políticos) tienden a ser maximizados; y, que, los Derechos Humanos de las personas trabajadoras, convenientemente son minimizados. Pero que, en este caso, la Corte IDH los interrelaciona, dejando ver que todos los Derechos Humanos son importantes, sin hacer categorizaciones o jerarquías.

  1. Protección específica para sindicatos y sus representantes

La Corte señala que “los sindicatos y sus representantes gozan de una protección específica para el correcto desempeño de sus funciones”, esta protección específica es la que recoge la Corte IDH, de los Convenios y Tratados internacionales. Importante señalar que la Corte IDH para interpretar la Convención y los alcances de las obligaciones de los Estados en el tema consultado, recurre a algunos Convenios internacionales que Costa Rica aún no ha ratificado.

De manera que el país no puede excusarse indicando que no ha ratificado alguno de esos Tratados, porque la Corte IDH ya los introdujo en su análisis. Además, el país como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está obligado a acatar las interpretaciones de la Corte.

  1. Servicios esenciales

La Corte IDH señala “que el ejercicio del derecho a huelga puede limitarse o prohibirse sólo con respecto a: “Los funcionarios públicos que actúan como órganos del poder público que ejercen funciones de autoridad a nombre del Estado” (representantes del Estado, ministros, representantes diplomáticos, otros).  “Los trabajadores y las trabajadoras de los servicios esenciales”. Y, por último, deja entrever que estos aspectos deben estar previamente establecidos por ley.

La Corte IDH no hace una interpretación extensiva de los servicios esenciales, por el contrario, es restrictiva indicando: “En el sentido estricto del término: Son aquellos que proveen servicios cuya interrupción conlleva una amenaza evidente e inminente a la vida, la seguridad, la salud o la libertad de toda o parte de la población.” De igual manera, en aquellos casos en los que no esté permitida la huelga por las condiciones indicadas señala que “deben existir garantías compensatorias a favor de aquellos servicios considerados esenciales.” De manera que la limitación al derecho de huelga deberá estar acompañado de procedimientos de conciliación y arbitraje.

“En relación con los servicios esenciales, la Corte destaca que los Estados deberán buscar soluciones sustantivas para aquellos casos en que la prohibición total de la huelga se pueda evitar cuando un servicio mínimo fuese una solución adecuada para garantizar las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento seguro de las instalaciones en que se presta el servicio considerado como “esencial”. “En este sentido, cabe resaltar que el servicio mínimo debe limitarse a las operaciones que sean necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población o las exigencias mínimas del servicio, garantizando que el alcance de los servicios mínimos no tenga como resultado que la huelga sea inoperante.”

  1. Diferencia entre fuerzas armadas y personal policial

Indica que las fuerzas armadas son las que están encargadas de velar por la defensa nacional y que el personal policial es el que está encargado de velar por la seguridad pública y la prevención e investigación.

“En cualquier caso, menciona que los Estados deben garantizar que los trabajadores y las trabajadoras policiales gocen del derecho a organizarse para discutir entre ellos sus condiciones de trabajo. A peticionar a sus superiores y a las autoridades. Y a expresarse públicamente en forma pacífica, todo lo cual es indispensable para desarrollar su conciencia profesional.”

  1. Autonomía sindical y participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales

Al respecto señala la Corte IDH “que la fijación de condiciones de elegibilidad de los dirigentes, incluyendo los procesos de reelección, deben estar a cargo de los propios trabajadores y trabajadoras.” De esta manera, pone en evidencia que cualquier acción del Estado que busque alterar, desvirtuar o cambiar esta regla, puede considerarse como una intromisión indebida.

Lo que sí menciona es que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas que permitan garantizar el principio de igualdad y no discriminación en los estatutos de los sindicatos, sus reglamentos y en la composición de sus miembros con una representación equilibrada de ambos en sus juntas directivas. También se refiere a la necesidad de que los Estados establezcan cuotas de participación y escaños reservados para mujeres en los puestos de toma de decisiones dentro de los sindicatos.

Por último, respecto de este asunto, “La Corte señala que la autonomía sindical debe ser entendida en su interrelación con la protección de principios democráticos”. Estados y sindicatos deben asegurar la igualdad y no discriminación.

  1. Sobre la negociación colectiva

Se pone en evidencia que la negociación colectiva no puede ser vaciada de contenido. Aquellas cuestiones relativas a las mejoras salariales, a la cesantía, vacaciones, entre otras, no podrían ser eliminadas de la negociación, de lo contrario se traduciría en acciones que buscan desincentivar este derecho.

“El Tribunal considera que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses.” “…los Estados deben, en contextos de estabilidad económica, privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limi[ten] los salarios en el sector público.”

  1. Sobre el derecho a huelga

En este punto la Corte IDH hace una exposición amplia y favorable para los movimientos sociales y personas trabajadoras que accedan al derecho. Señala tres categorías de huelga, las de naturaleza laboral, las de naturaleza sindical y las que impugnan políticas públicas.

Señala que “Las condiciones y requisitos previos que la legislación establezca para que una huelga se considere un acto lícito, no debe ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal” y que no se puede poner límite a la duración de la huelga “puesto que, por su naturaleza de último recurso para la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras no puede predeterminarse.”

Finalmente, el Tribunal advierte que “el Estado debe abstenerse de aplicar sanciones a los trabajadores, cuando participe en una huelga legal, en tanto se trata de una actividad sindical lícita que constituye además el ejercicio de un derecho humano.” Este aspecto es muy importante, sobre todo en la decisión regresiva que recientemente se adoptó por ley en Costa Rica, de hacer rebajos salariales a las personas trabajadoras que participen de una huelga desde el primer día, sin que previamente exista calificación o declaratoria de legalidad. Siendo que la Corte señala que es una actividad lícita de los trabajadores y un derecho humano, debe presumirse que la persona trabajadora ejerce un derecho legítimo hasta tanto no se dé una declaratoria judicial en contrario. Así las cosas, las personas trabajadoras acuden a un movimiento de huelga creyendo que les asiste el derecho, por consiguiente, el rebajo salarial anticipado, es una acción ilegal que busca desmotivar el ejercicio de huelga.

De lo expuesto se concluye que la Corte IDH en la presente Opinión Consultiva le pone un alto a los abusos despóticos del poder, señala que debe interpretarse restrictivamente cuando se restrinjan o limiten derechos a las personas trabajadoras y de forma extensiva cuando se les trate de reconocer más derechos. Esto con el fin de lograr un mejor equilibrio del poder que, dicho sea de paso, en la región lo ostentan casi de forma absoluta los patronos.

Por Benjamín Sevilla

El autor es Abogado de profesión, sindicalista y Secretario de Juventud ANEP.