Bernal Arias Ramírez: La abolición del ejército como institución permanente

Bernal Arias Ramírez, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado y Politólogo.

El enfoque que se desarrollará en estas líneas versará acerca del valor simbólico, del significado político y social que representó el acto de proscripción, de desarme unilateral de las fuerzas armadas al final de la década de los años cuarenta del Siglo anterior, una vez finalizada la revuelta civil y tres años después del cese de la conflagración de la II Guerra Mundial. Hecho histórico que ha sido fortalecido con la Proclama de Neutralidad, emitida el 17 de noviembre de 1983 (Luis A. Monge) y con el Plan de Paz de Centroamérica (Oscar Arias) al final de la década de los ochentas. Hito histórico ingresado en el año 2017 en el Programa Memoria del mundo de la UNESCO.

Ciertamente, se celebra por primera vez este 1º de diciembre de 2020 como día feriado, fruto de la reforma al artículo 148 de la Ley N° 2, Código de Trabajo (cfr. Ley No 9803); más, sin embargo, anteriormente había sido declarado dicho día del año para su celebración, por el Decreto Ejecutivo No 17357/1986 y por la Ley No. 8115.

Fuera de esas plausibles intenciones y cristalizaciones normativas, parafraseando al eximio herediano don Uladislao Gámez Solano, ex Ministro de Educación Pública, protagonista de los actos el 1º de diciembre de 1948 en el Cuartel Bellavista, atestigua en su discurso, que una voz vibró, un fulgor de libertad fue germinado, que se ha inoculado en toda la república, como mensaje profético de civismo y amor, y que levantaría justicia social sin espadas ni cañones. Tenía don Lalo claridad y toda la razón, fue un quiebre cardinal para nuestro derrotero en el concierto de las naciones, y en nuestra fecunda vida democrática.

Las patrias libres que depositan su futuro en el Estado de Derecho no ocupan soldados ni costosos artilugios para la guerra, salvo en una situación extrema y excepcional.  Dignamente desde ese día se clarificó, se amplió el horizonte, se soñó con el nervio de la prosperidad y no de armas.  Se superaron las páginas del pasado, salió triunfante la educación, la salud, la cultura, y lo que venía con ello, nuevas infraestructuras y desarrollo, y el surgimiento posterior de una robusta clase media, últimamente en deterioro.

No fue de suyo una metáfora, fue un arrebato material de realidad del tres veces presidente don José Figueres Ferrer, fraguado en el acto de esa venerable fecha, constituido en un hecho simbólico supremo, que luego sería perfeccionado y juridificado en el Proyecto de Constitución y ratificado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 (cfr. Acta Nº 178), apuntalado intelectualmente en el seno del debate, por otro gran ciudadano, don Fernando Lara Bustamante, quien militó en el Partido Demócrata de origen cortecista, y a quien también se le ha de reconocer autoría.  Con ello se depositó en el Derecho doméstico e Internacional Público, la seguridad nacional, y la resolución y arbitraje de conflictos, como mecanismos de defensa de la paz y de los derechos de este pueblo.

Ese acto alegórico, en el terreno de la política fue, posiblemente, consecuencia del desmantelamiento del poder de código militar, y el resquemor de confiar la fuerza en la Institución Castrense, como ocurría de común en los países de la región, con Juntas Militares.  Para ello, se constituyó un poder civil de restauración democrática, para lo cual era necesario desarticular el ejército nacional regular del país, que se estimaba en unos cuatro mil efectivos, pero también, la deposición de las armas de las milicias comunistas bajo el mando fundamentalmente de don Manuel Mora y don Carlos Luis Fallas, y del llamado ejército de liberación nacional, liderado por don Pepe, que triangularon los episodios de división y enfrentamiento.  Estas dos últimas fuerzas irregulares en número similar de huestes, de aproximadamente mil efectivos.

También hubo factores externos que coadyuvaron a esa determinación, lo que los sectores conservadores oligárquicos visualizaron como la amenaza de la Legión Caribe, de la cual los historiadores han documentado sobremanera, y otro hecho que se lo escuché personalmente, siendo estudiante, a don Manuel Mora Valverde en un aula del primer piso del viejo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, ello por invitación del profesor del curso de Introducción a la Sociología.  Según don Manuel, la capitulación de don Teodoro Picado y el posterior Pacto de Ochomogo, se desencadenó en buena medida, por información que llegó al gobierno del cual eran aliados, de que estaban listas y preparadas las tropas, en sus palabras, “marines” de los Estados Unidos, apostados en la Zona del Canal de Panamá, con amenaza de invasión a Costa Rica, y lo que ello significaba.  Fue así como lo expresó in situ a principio de los años ochenta.

La otra situación latente considerada por la fuerza triunfante, envuelta en el acto simbólico del Cuartel de San José, fue desactivar posibles contra-revolucionarios de entre sus propias huestes, algunos de ellos parapetados en la falsa idea que la Junta Civil de facto no cumpliera o restableciera el orden electoral, y se consolidara en el poder por la fuerza.  El denominado Cardonazo, intento insurgente en abril de 1949 (en alusión a don Edgar Cardona Quirós, Ministro de Guerra y Seguridad, y otros oficiales), fue una prueba de fuego de ese pensamiento, paralelo a la recién apertura de las sesiones de la ANC.

Es decir, no fue menor ese acto en el Cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional; todo lo contrario, vino a pacificar y desarmar las fuerzas de un escenario interno incendiado revolucionario de guerra, que había rasgado las familias, gravitando ideologías en disputa.  Decisión visionaria contra toda lógica de lo que había ocurrido por siempre en América Latina, ciertamente, más de un dictador de la región adversó tal providencia, especialmente desde el norte en apoyo al posterior intento subversivo de 1955.

El proyecto de democracia oligárquica, conservadora y retardataria que operó con fraudes electorales entre sus mismas facciones tendría un fin momentáneo (se han reconfigurado).   Y se dio la circunstancia que también hubo en esa coyuntura otros proyectos políticos, el acceso al poder para el proletariado en cabeza del Partido Comunista (Vanguardia Popular), proscrito y nuevamente autorizado en el sistema de partidos, o la aspiración que ya venían fraguando desde principio de los años cuarenta intelectuales escorados al socialismo democrático, representados luego en la Constituyente por el Partido Socialdemócrata y su líder don Rodrigo Facio Brenes.

El acto no fue baladí, se encaró en el marco de un contexto de instabilidad política, crisis social y económica, ante ello se responde a la pregunta quién o qué grupo tiene la base popular y el respaldo de la opinión pública, en tales circunstancias fue la mejor elección, pues no cabe duda que las heridas y las muertes, el miedo y el agotamiento de la sociedad en 1948, percibió en el mazazo del Bellavista un grado de confianza y un signo de paz.  Contagió, transversalizó los espíritus de todos los bandos, cimentó un ideario del pueblo basado en principios cívicos de convivencia pacífica, libertad, respeto y democracia.

Ese símbolo no tiene base romántica ni poética, aunque cada partícula de la almena o pedazo demolido del muro del cuartel significó alfabetización, calzado, nutrición, agua potable, maestros, médicos, trabajo decente, carreteras, neo-instituciones, y librar al país del cáncer de los uniformados sin doctrina democrática. De hecho, en nuestra opinión, la historia contemporánea juzga si hay apostasía de ese gesto, si se están cimentando nuevas murallas, nuevas desigualdades.

Como fecha, el primero de diciembre es reflexión y retrospectiva, para identificar los nuevos enemigos de la patria, no amparados en ejércitos, pero igualmente amenazan la vía costarricense:  La corrupción, el narcotráfico, la negligencia, la concentración excesiva del capital, el endeudamiento de miles de personas, la precariedad laboral, el acuartelamiento de seres ambiciosos en minucias de corto plazo, entre otros factores.

Hoy se mancilla el nombre de los caídos en las gestas y campañas, con su egoísmo, con sus posturas verticales, sus deslealtades con los que menos tienen, sus tentaciones a la reconfiguración de una fuerza pública no legitimada para el ejercicio de la violencia, pese a lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución Política, que ha de ser civilista, formada en valores democráticos y respetuosa de la ciudadanía, como dice el numeral constitucional:

“Se proscribe el ejército como institución permanente.

Para la vigilancia y conservación del orden público, el Estado contará con las fuerzas de policía necesarias.

Sólo por convenio internacional o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, las cuales, lo mismo que las de policía, estarán siempre sujetas al Poder Civil, y no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones, en forma individual ni colectiva.”

Con esa cita, indicar que Costa Rica es una de las 31 pequeñas naciones que hoy día no tiene FFAA (invierte en seguridad únicamente entre un 2% y un 2,5% del presupuesto nacional y recibe asistencia de países amigos), coincide con territorios en que la renta per cápita es media o de las más altas del planeta, en donde geopolíticamente encuentran seguridad patrimonios y empresas, y la soberanía es un concepto tangible.

No tiene sentido para países pequeños gastar presupuesto en armamento, artillería, aviación, marina, recursos que se pueden invertir en escuelas, colegios, hospitales, centros de atención de adultos mayores o personas con discapacidad.

Los ejércitos profesionales del mundo son cada vez más pequeños y profesionales, basados en costosa tecnología militar.  Se ocupa de satélites y herramientas en el ciberespacio para bloquear o comunicar, drones, misiles, inteligencia artificial, robótica, componentes cibernéticos de guerra 4.0.  Los pequeños Estados, están muy lejos de ese tipo de industria militar, incluidos los de América Latina, mismos que no pueden seguir el paso y escala de las grandes potencias.  Como lo demarcó don Luis Alberto Monge Álvarez en 1983, “Costa Rica está contra la guerra.  Los antiguos creían que la guerra era la racionalidad última de la política, pero los costarricenses creemos que la guerra es la última irracionalidad, el fracaso de toda política.”  

Entonces, a lo sumo, esas instituciones militares sirven para violentar procesos internos, obstaculizar el bienestar y el cambio social, coaccionar y reprimir minorías o disidentes, desaparecer, arrestar personas, recibir privilegios.  Tampoco quien escribe estas líneas obvia las amenazas al sistema democrático, al orden, la seguridad y la paz social; esas, deben ser repelidas con la suficiencia necesaria, pero en respeto de los derechos fundamentales.  Somos conscientes que el país no ha dejado de sangrar, hay víctimas, ahora se presentan peligros de las mafias transnacionales, traficantes de personas, drogas y órganos, violencia callejera, y en la institucionalidad, sujetos en mandos cuyas ordenes no ponderan ni calibran.

En positivo, indiscutiblemente ese hecho simbólico fundó una nueva concepción del Estado (de Bienestar) y bases para un modelo económico desarrollista, de libertades públicas y propiedad privada, que retomó parte de la base del ideario reformista, católico y comunista, como los derechos y garantías sociales.  Una nueva tipología de Estado que fue evolucionando en sus distintos énfasis o versiones, la primera, la estrategia del crecimiento del sector primario que ya existía con el Estado liberal, luego un largo período de sustitución de importaciones, y llegar a las primeras bases industriales y de Estado empresario, del cual todavía quedan algunas instituciones emblemáticas.

No obstante, en los últimos treinta años, el modelo es otro, se ha fortalecido el sistema financiero-bancario por sobre otros sectores, apertura de mercados e interacción con los mercados internacionales, concesión de obras y servicios públicos a privados, negociación de tratados de libre comercio, liberalización de precios, no intervención de mercados salvo para regular excepcionalmente desajustes, aparataje para la regulación de servicios públicos y el impulso científico y tecnológico del parque empresarial, teniendo como eje la financiación de la educación técnica y científica en los distintos niveles o grados del sistema educativo.  A pesar del empuje que han dado a esos cambios, hoy se puede valorar su éxito o su fracaso, y ver si las llamadas ventajas competitivas convocaron a muchos, pareciera que las mayorías quedaron convalecientes, en el camino, pobreza y desigualdad de oportunidades.  Quizá se tengan más familias postradas en este 2020 a las puertas del bicentenario de nación libre, que aquellas que fueron recuperadas con la Revuelta de 1948.

La Costa Rica desarrollada en lo económico y geográfico lo ha sido para unos cuantos, pero no para todos.  El poder adquisitivo, los ingresos de las mayorías es ampliamente refractario, inconsecuente al mazo, instrumento simbólico del 48.   Se han empoderado nuevamente los sectores acomodados y conservadores en un estilo de vida desprovisto de las realidades de miles de habitantes del país, y no les importa.  Hoy los indicadores económicos (macro y micro) son desastrosos con disputas enconadas entre menos Estado y más mercado, y viceversa.

Tanto en aquella época, como en esta, el país tiene recursos naturales y humanos, pero si alguien piensa en salarios crecientes o redistribución de riqueza, de una vez es tachado, y si otro enfatiza la creación, el esfuerzo y la ganancia o utilidad, también es vulnerado, como si fueran pecados capitales, pero son complementarios y no excluyentes, y eso lo entendió perfectamente el pueblo llano y la élite con la Fundación de la Segunda República.

Hay que volver a una agenda nacional, a un nuevo paradigma, que sin armas y sangre explore los factores para convertirnos en un Estado-Nación de primer mundo, en una sólida democracia participativa y representativa de un Estado Social y Democrático de Derecho.  Aprovechar los ciclos y las oportunidades, aun en pandemia SARS-Cov2, que ha dado muchísimas lecciones de lo que hay y no hay que hacer.

Que prime nuevamente, además de la visión individual, la colectiva, con mecanismos reales de acceso al poder político, a la riqueza y a la felicidad, sin casta militar ni caudillos, basta que sean demócratas con conciencia civil, renovando votos de un imaginario colectivo de convivencia armónica, progreso y paz, como pilares de nuestra identidad y cultura.

Que el 1º de diciembre de cada año sirva de ideograma, de buque insignia, bandera, atributo que encarne nuestra idiosincrasia y personifique la paz duradera, la libertad y la justicia social.

No podemos dejar de citar en este breve comentario, la hermosa proclamación de don Pepe en el Cuartel Bellavista, aquel 1º de diciembre de 1948:

“El Ejército regular de Costa Rica, digno sucesor del Ejército de Liberación Nacional, entrega hoy la llave de este Cuartel a las escuelas, para que sea convertido en un centro cultural.

La Junta Fundadora de la Segunda República declara oficialmente disuelto el Ejército Nacional, por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía.

Los hombres que ensangrentamos recientemente a un país de paz, comprendemos la gravedad que pueden asumir estas heridas en la América Latina, y la urgencia de que dejen de sangrar. No esgrimimos el puñal del asesino sino el bisturí del cirujano. Como cirujanos nos interesa ahora, más que la operación practicada, la futura salud de la Nación, que exige que esa herida cierre pronto, y que sobre ella se forme cicatriz más sana y más fuerte que el tejido original.

Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: ¡Oh, América! Otros pueblos, hijos tuyos también, te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte siempre, como ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, a la democracia.”

Se advierte que hay grupos proclives a la acción violenta, la ciudadanía debe estar vigilante a que esta conquista nacional perviva, pero sobre todo, que la equidad y la justicia sean la razón que mitiga cualquier intento de afrenta.