Bernal Herrera Montero.

La pasada Miscelánea comenté el artículo 50 de nuestra constitución, el cual consagra el agua como un bien público, el consumo humano como su uso prioritario, y su acceso como un derecho humano básico e irrenunciable. También establece que “su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos”. Tal es el mandato constitucional, pero la realidad es otra. Para empezar, casi cuatro años después de aprobadas estas normas, no existe la ley que el artículo exige.

Como en toda Centroamérica, en Costa Rica abunda el agua. Nuestro clima, posición geográfica y relieve físico crean abundantes lluvias, ríos y nacientes, con capacidad de sobra para abastecer a toda su población. Incluso las regiones más secas, como Guanacaste, cuentan con lluvias, aguas superficiales y mantos acuíferos que, bien manejados y racionalmente aprovechados, serían suficientes.

Pero esta abundancia no sirve de nada a quienes carecen, permanente o cíclicamente, de acceso a agua potable, que por estas épocas ascienden a cientos de miles. Desde esta perspectiva, el agua potable es escasa, y no alcanza para cumplir con la Política Nacional de Agua Potable 2017-2030 (PAP), liderada por el AyA y vigente desde el 2018, según la cual un principio básico del acceso al agua potable es la continuidad del servicio, definido así: “Condición en la cual no existe interrupción alguna del servicio ofrecido por la organización dentro de sus parámetros de calidad”. (PAP, 4.2.2)

¿A qué se debe esta escasez? Hay muchos factores. Podría pensarse en uno geográfico: la Vertiente Pacífica, algo más seca que la Atlántica, concentra la mayoría de la población. Pero esto no explica ni justifica la escasez. En Costa Rica la Vertiente Atlántica exhibe menores porcentajes de acceso al agua potable. En cuanto a la Vertiente Pacífica, tiene abundantes fuentes de agua, y el Gran Área Metropolitana, en especial San José, tiene acceso a fuentes de la Vertiente Atlántica, como Orosí.

La ya citada Política de Agua, vigente hasta el 2030, lista algunas razones importantes. Una primera es la ineficiencia de las instituciones a cargo. Tras informar que América Latina es la región con más recursos hídricos del mundo, y que Costa Rica está entre los países con más alto suministro: más de veinte mil metros cúbicos anuales de agua por persona, informa que la principal causa de los recurrentes racionamientos es: “la falta de gestión, protección y conservación, así como de inversión en infraestructura, entre otros aspectos”. (PAP, 2.1)

Con ello el AyA, entidad rectora del agua potable, reconoce en el 2018 que su accionar había sido deficiente. Un gesto tan loable como estéril, pues seis años después la situación sigue empeorando. Veamos dos ejemplos, de muchos posibles, de este deterioro. Sigue sin solucionarse el problema de las poblaciones que deben ser abastecidas de agua potable con camiones cisterna, pues sus fuentes fueron contaminadas con agroquímicos o, en las cercanías de Crucitas, con mercurio. Y durante el 2023 subió el porcentaje de hogares sin acceso a agua potable.

El AyA también reconoce, sin hacerlo explícito, su incumplimiento del mandato constitucional, cuando tras reconocer la escasez de agua potable afirma: “Su menor disponibilidad para los diferentes tipos de usos, es lo que conduce, sin lugar a dudas, a los conflictos sociales entre lo que corresponde a consumo humano y las actividades económicas, que también son de gran importancia para el desarrollo y sostenibilidad socioeconómica y cultural” (PAP, 2.1).

Dicho en otras palabras, además de la ineficiencia de su “gestión, protección y conservación, así como de inversión en infraestructura”, el AyA apunta, y sutilmente intenta justificar, su desacato al mandato constitucional de la prioridad del consumo humano, pues en la práctica otros usos no solo compiten sino que obtienen una prioridad inconstitucional. Mientras en la época seca el AyA no duda en cerrarle la llave a las cañerías de agua para consumo humano, ni ella ni otras instituciones que podrían intervenir se niegan a hacer lo mismo con las llaves de miles de concesiones otorgadas para otros usos. ¿Podrían hacerlo? Sí, la Ley General de Aguas permite hacerlo cuando sea necesario. Dice su artículo 137: “El Ministerio de Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego, usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos: a) Si se necesitan las aguas para cañerías para abastecimiento de poblaciones, abrevaderos, baños y u otros servicios públicos”. En otras palabras, frente a las cíclicas situaciones de escasez de agua potable para consumo humano, el MINAE tiene la potestad, por iniciativa propia o por solicitud del AyA u otra entidad, de tomar agua concesionada para otros usos, y redirigirla para satisfacer el consumo humano, el uso prioritario según la constitución y la ley. Una herramienta, hasta donde conozco, jamás utilizada, aunque su aplicación ha sido solicitada a diversas instituciones por al menos una organización comunitaria.

El incumplimiento de la prioridad del consumo humano sobre cualquier otro uso del agua es una de las razones para que miles de personas carezcan de un suministro continuo de agua potable. Pero hay otras, entre ellas la ausencia de control sobre el uso desmedido uso de agroquímicos, en especial pero no solo por parte de monocultivos como la piña, que provoca la contaminación de las fuentes de agua; la pérdida de la mitad del agua potable por las fugas y el pésimo estado de las cañerías; la tolerancia frente a miles de pozos privados ilegales; y una estructura de tarifas que subsidia de forma desmedida el agua usada por algunas inmensas empresas agrícolas. Temas a tocar en una próxima Miscelánea.

 

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Por Bernal Herrera

El autor tiene su titulo de Ph.D. en Literaturas Hispánicas y M.A. en Literaturas Hispánicas por Harvard University. Licenciatura y Maestría en Filosofía por la Universidad de Costa Rica. Ha recibido becas de estudio de la Universidad de Costa Rica, Fulbright Program y Harvard University. Ex Vicerrector de Docencia y Catedrático e investigador en la Universidad de Costa Rica.