Bernal Herrera: El agua en Costa Rica: abundancia y escasez – 1 (Podcast)

Transcurrido poco más de la mitad del Decenio de Acción Para el Agua (2018 – 2028) decretado por la ONU, Costa Rica sigue padeciendo las consecuencias de la insuficiente protección y un uso abusivo del agua. En este tema nuestra constitución es clara, pero el estado y sectores importantes de la sociedad a menudo ignoran sus mandatos.

Bernal Herrera Montero.

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear el “Día Mundial del Agua”, celebrado a partir de 1993 cada 22 de marzo. También declaró el “Decenio de Acción Para el Agua”, que va del 2018 al 2028. Esta y otras declaratorias aspiran a crear una mayor conciencia sobre la absoluta importancia del agua para la vida. Que hoy día exista esta muy real necesidad de recordar esta importancia, y de llamar la atención al carácter imperativo de la conservación y buen manejo del agua, es un indicio del grado de demencia e irresponsabilidad del sistema económico y sociocultural dominante, cuyos verdaderos ídolos son la ganancia y el consumo.

Un ejemplo, proveniente de un ámbito en apariencia muy alejado del tema, ilustra la centralidad dada al agua por otras culturas. La mayoría de las historias de la filosofía suelen considerar a Tales de Mileto como el iniciador de la filosofía griega y occidental. De la vida y obra de Tales se sabe muy poco, pero su idea más conocida es haber postulado el agua como la esencia o principio fundante del mundo. Para Tales, el iniciador de la filosofía presocrática, el agua es el elemento esencial del mundo, y sin ella aquel sería impensable. Según esta versión, la más aceptada, la filosofía empieza con el intento de explicar, no de forma mítica o religiosa sino racional y empírica, el mundo natural, y la primera gran explicación dada por el Occidente a la cual se atribuyen plenamente tales características, hace del agua el elemento crucial. Muy pronto otros filósofos postulan otros elementos como fundamentales, incluyendo el aire, el fuego y la tierra, y luego Empédocles declara estos cuatro elementos como los primordiales. Esta idea de que el mundo está compuesto por aire, agua, tierra y fuego se halla también en otras culturas, y aunque superada por la ciencia moderna, su profunda sabiduría es innegable.

En el caso del agua, el que aquí nos interesa, su necesidad e importancia en el mantenimiento de la vida son tan evidentes que no necesitan explicación. Basta con decir que todos los sistemas ecológicos y los seres vivientes que los habitan, seres humanos incluidos, dependen del agua. Así de fácil y radical. Lo anterior ha llevado a diversas instancias y organizaciones a fomentar el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano en diversos cuerpos jurídicos nacionales e internacionales. Esta medida es tan razonable que no debiera suscitar controversia, pero lograrlo no ha sido fácil, y en numerosos países no se ha logrado. La principal razón es clara: considerar el acceso al agua como un derecho humano implica que ella no puede, o no debe, ser privatizada ni tratada como una mercadería más. Es y debe ser un servicio público social, técnica y legalmente garantizado, y su tratamiento como mercadería, caso de la cada vez más extendida venta de agua embotellada, debe estar regulado, y no puede sustituir, en ningún momento, a su acceso universal como servicio público.

En Costa Rica esta declaratoria se discutió largamente, pues grupos de poder para los cuáles el agua es una mercadería más, representados en la Asamblea Legislativa por partidos como el Libertario, se opusieron tenazmente. Finalmente se impuso la razón, y en el 2020 el acceso al agua como un derecho quedó consagrado en nuestra Constitución Política, cuyo artículo 50 dice: “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.”

No por casualidad este artículo 50 es el mismo que consagra otros dos principios cruciales. Uno, a un ambiente sano: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.” Este es un principio directamente ligado al del derecho al agua, pues solo un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” permite un adecuado abastecimiento de agua. Otro, a una mayor equidad socioeconómica: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”

Estos son mandatos constitucionales, a los cuales debieran supeditarse las leyes y políticas nacionales, pero no siempre es así. A veces “el diablo está en los detalles”, pero no es este el caso. El artículo 50 no contiene cláusulas en letra pequeña, ni detalles que oscurezcan su significado. Su letra y espíritu son claros y contundentes, pero su cumplimiento ha sido parcial y selectivo. El estado y la sociedad han velado, sí, por estimular la producción, pero hace décadas se abandonó el otro mandato constitucional de lograr un más adecuado reparto de la riqueza. Mientras la economía crece la pobreza no baja del 20%, y la desigualdad aumenta. En cuanto al “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, tuvimos décadas de avances considerables, con políticas como la de creación de diversas tipos de áreas protegidas, pero luego empezó un retroceso. Para muestra dos botones. Tuvimos un ministro de ambiente promotor de minería a cielo abierto y representante de intereses petroleros, y el actual está haciendo lo posible, por ejemplo, para revivir la pesca de arrastre y fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos.

En cuanto al “derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable” y la prioridad dada por la constitución al “abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”, será tema de una próxima Miscelánea.

 

 

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