Bernal Herrera Montero.

La mayoría de quienes se interesaron en la discusión sobre la Ley Marco de Empleo Público, se agruparon en dos bandos. Sus defensores la presentaron como un reordenamiento inaplazable del empleo público, en especial de sus estructuras salariales. Quienes se oponían, en cambio, la consideraron un nuevo ataque al sector público nacional, el cual provocaría, entre otras cosas, una fuerte rebaja salarial.

También habían formas más matizadas de verla. Enfocados en el tema salarial, el que aquí me interesa, se podía distinguir en el proyecto dos aspectos teóricamente separables. Por un lado, el principio general que lo subyacía, de que a igual trabajo igual remuneración; por el otro, la utilización que, en la práctica, se haría de este en caso de aprobarse. Mientras el principio parece razonable e incluso deseable, el contexto sociopolítico en que se aplicaría hacía desconfiar, y mucho, de su utilización real.

Ya aprobada la ley, una primera clarificación importante sobre su implementación la dio la Sala IV al definir su ámbito de aplicación, estableciendo que en el tema salarial este no abarca, automáticamente, a ningún personal de las instituciones públicas en régimen de autonomía, y dándoles a estas la potestad de decidir si el salario de parte de su personal será regido o no por las escalas de la ley. Una decisión que, visto lo ahora actuado por el poder ejecutivo, es de celebrar.

En efecto, el gobierno y los sectores que lo apoyan, ya dejaron en claro qué uso espera hacer de la ley, publicando unas tablas, provisionales y sujetas a modificaciones al alza, de los salarios globales con que se propone contratar en adelante al personal cubierto por la ley. Tablas cuyos montos, dadas las nuevas reglas salariales, más que preocupantes son alarmantes, y ocasionarían una caída en el nivel de vida de una parte significativa de la población.

Antes de pasar a comentarlas, recordaré que la ley, en el ámbito salarial, proponía el ya mencionado principio, sin duda razonable, de que a igual trabajo igual remuneración. Un principio básico en luchas como las emprendidas por la equiparación de los salarios de las mujeres, históricamente más bajos que los de los hombres por labores iguales o análogas. Este principio ha llevado, por ejemplo, a iniciar el camino de equiparar los salarios mínimos del servicio doméstico, abrumadoramente femenino, con el de peones agrícolas y de construcción, abrumadoramente masculinos. Una equiparación que de lograrse, hay que recalcarlo, no pasa por bajar el salario de los peones sino por ir subiendo el del servicio doméstico.

Bien aplicado, entonces, este principio permite una mayor justicia salarial. En otro momento histórico, la Ley Marco de Empleo Público hubiera representado, al menos en teoría, una oportunidad de emprender un proceso general de equiparación salarial en las distintas categorías del sector público. Obviamente no se hubiera podido, en este caso, equiparar todos los salarios de una categoría laboral al más alto de los ya existentes, pues el sistema de salario base más pluses había permitido a una pequeña minoría recibir salarios que, de generalizarse, serían insostenibles para las finanzas públicas. Lo que la ley sí permitía, y hubiera sido lo deseable, era fijar salarios globales dignos, que ordenaran los del sector público, y que se fueran actualizando conforme el alza del costo de la vida lo exigiera y las posibilidades económicas del estado lo permitieran.

Pero en el ambiente sociopolítico actual, dominado por fuerzas conservadoras, y con un gobierno hostil contra las instituciones públicas, este decidió utilizar la ley para establecer unos salarios globales que, dadas las reglas que los regirán, son alarmantemente bajos.

La tabla propuesta establece para cada categoría laboral salarios globales que superan, en porcentajes que van, en general, de un 15% a un 20%, los salarios mínimos de entrada del anterior sistema de salario base más pluses. Pero esto es un alegrón de burro, pues a diferencia del sistema antiguo, al nuevo Salario Global no se le añadirá ningún rubro extra, los llamados pluses, como la Dedicación Exclusiva y las anualidades del anterior régimen. Y como si esto fuera poco, la Regla Fiscal permite mantener casi congelados los salarios públicos mientras la deuda pública no baje del 60% del PIB, lo que, mientras no se logre, implicará un estancamiento general de los salarios del sector público.

Existen otros elementos alarmantes a considerar, en especial para personal con estudios universitarios. Muchos de los salarios globales propuestos para este personal son inferiores a los salarios mínimos que lo rigen en el sector privado, que por no estar cubierto por la Regla Fiscal, sí ha seguido teniendo aumentos por costo de vida.

En numerosas instancias, las escalas de Salario Global propuestas por el gobierno, le asignan a personal calificado salarios solo ligeramente más altos que los de un peón agrícola o de construcción. Y si ello es así, ni qué decir que son muy inferiores a los ahora devengados, no por una pequeña minoría que gracias a los pluses lograron salarios bastante altos, sino a los salarios de la gran mayoría de los actuales empleados públicos en las mismas categorías.

La anterior estructura salarial del sector público adolecía del problema, serio, de que mientras los salarios de entrada eran muy bajos, algunos de los de salida podían ser demasiado altos, algo que la ley 9635 ya había resuelto. El nuevo sistema, a cambio de subir moderadamente los salarios de entrada, condena a quienes se incorporen al sector público a un estancamiento de sus ingresos, lo que necesariamente llevará al sector a un empobrecimiento general. Con lo cual se le da toda la razón a quienes adversaban de plano la ley, alegando que su objetivo real era reducir los salarios del sector público.

Un tema harto preocupante, que espero seguir comentando en una próxima Miscelánea.

 

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Bernal Herrera

Por Bernal Herrera

El autor tiene su titulo de Ph.D. en Literaturas Hispánicas y M.A. en Literaturas Hispánicas por Harvard University. Licenciatura y Maestría en Filosofía por la Universidad de Costa Rica. Ha recibido becas de estudio de la Universidad de Costa Rica, Fulbright Program y Harvard University. Ex Vicerrector de Docencia y Catedrático e investigador en la Universidad de Costa Rica.