HRW. En abril de 2017, decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del Presidente Nicolás Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su mandato.

El gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso. Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela.

Miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno (llamadas “colectivos” en Venezuela) atacaron a manifestantes en las calles, empleando fuerza extrema y en ocasiones letal, provocando decenas de muertes y cientos de heridos. Las autoridades detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes, muchos de los cuales fueron luego procesados por tribunales militares.

La represión se ha extendido más allá de las protestas, y agentes de inteligencia del gobierno se han llevado a personas de sus viviendas o las han detenido en la vía pública, incluso mientras no se estaban produciendo manifestaciones.

Una vez detenidos, agentes del gobierno han sometido a los opositores a abusos que incluyeron desde golpizas violentas hasta torturas con descargas eléctricas, asfixia y otras tácticas.

En abril de 2017, decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del Presidente Nicolás Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su mandato. El gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso. Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela.

El presente informe conjunto, preparado por Human Rights Watch y el Foro Penal sobre la base de un trabajo de investigación en el país, documenta 88 casos que afectan al menos a 314 personas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de 2017. Estos abusos fueron cometidos por miembros de distintas fuerzas de seguridad y por “colectivos”, en Caracas y en 13 estados: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Barinas, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.

Aunque, a la fecha, Human Rights Watch y el Foro Penal no han podido determinar la magnitud total de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la represión, nuestras investigaciones demuestran que los abusos no constituyeron casos aislados, ni fueron el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, el hecho que estos abusos generalizados hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en 13 estados y la capital (incluso en entornos controlados como instalaciones militares y otras instituciones estatales), durante el período de seis meses cubierto por este informe, avala la conclusión de que los abusos han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Nuestras conclusiones coinciden ampliamente con las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en agosto de 2017 informó sobre la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela. El ACNUDH manifestó en su informe que identificó “un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, así como “un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas”.

A pesar de las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, no conseguimos prueba alguna de que altas autoridades en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o han debido saber sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir o sancionarlos. Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con absoluta inverosimilitud, lo sucedido. Estos altos funcionarios son responsables por los abusos graves y extendidos que se han cometido bajo su mando.

El gobierno ha insistido en culpar a los manifestantes por la violencia. Efectivamente, hubo señalamientos creíbles de actos de violencia cometidos por algunos manifestantes, y los gobiernos no sólo tienen el derecho, sino también la obligación, de llevar ante la justicia a los responsables de esa violencia. No obstante, es improbable que un opositor acusado de algún delito reciba un juicio justo actualmente en Venezuela, debido a la ausencia absoluta de independencia judicial en el país.

Los abusos violentos que se exponen en este informe no fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad que estaban siendo atacados o amenazados con violencia. Este documento describe torturas y otros actos de violencia brutal contra personas que se encontraban bajo custodia y control de las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia desproporcionada y abusos deliberados contra personas durante protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas.

Durante 2017, distintos gobiernos democráticos de la región y de otros continentes han denunciado la represión de las expresiones y las protestas pacíficas en Venezuela. Es urgente que redoblen la presión multilateral sobre el gobierno venezolano para asegurar que este libere a quienes fueron detenidos arbitrariamente, desista de los cargos en casos en los cuales los detenidos fueron procesados por motivos políticos y actúe para que los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos. Si el gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o la voluntad de hacerlo, deberían exigir que se haga justicia en el extranjero.

Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos

En 53 casos que afectaron al menos a 232 personas que se documentaron en este informe, los detenidos fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos, con el aparente propósito de castigarlos u obligarlos a incriminarse o comprometer a otras personas. La mayoría de estos abusos ocurrieron en bases de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En algunos de estos casos, los abusos claramente constituyeron torturas.

Entre los abusos sufridos por personas detenidas se incluyen:

  • Descargas eléctricas;
  • Golpizas brutales;
  • Ser colgadas en posiciones incómodas y forzadas;
  • Privación del sueño;
  • Asfixia; y
  • Abuso sexual, que en algunos casos incluyó violación.

En otros casos, miembros de las fuerzas de seguridad han cometido abusos como detonar cartuchos de gases lacrimógenos en espacios cerrados donde había personas detenidas, mantener a grupos de detenidos por períodos prolongados en celdas de confinamiento minúsculas, y negarles acceso a alimentos o agua u obligarlos a comer pastas crudas mezcladas con excrementos u otros alimentos contaminados deliberadamente con cenizas de cigarrillos o insectos.

Agentes de seguridad han negado o no han brindado acceso a tratamiento médico a algunos detenidos que tenían problemas médicos preexistentes o sufrieron graves lesiones durante su arresto y posterior detención, como haber recibido disparos de perdigones desde muy corta distancia.

En este informe se describen en detalle siete casos de personas detenidas que fueron torturadas. Estos casos muestran el límite al que agentes de seguridad han tenido la posibilidad y la voluntad de llegar para castigar o intimidar a detenidos. El informe también incluye decenas de otros casos en los cuales se sometió a las víctimas a tratos crueles, degradantes e inhumanos mientras estuvieron detenidas, incluyendo algunos que podrían alcanzar el grado de tortura.

Detenciones y juicios arbitrarios

Desde principios de abril, más de 5.400 personas han sido detenidas en Venezuela en el contexto de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno, según datos del Foro Penal.

Aunque entre los detenidos hubo manifestantes, transeúntes y personas que filmaban las manifestaciones —como había sucedido durante la represión de las protestas en 2014—, este año hubo un aumento en la cantidad de detenciones realizadas por agentes de inteligencia o de seguridad en incidentes sin ninguna relación con las protestas. En estos casos, los detenidos eran opositores políticos, incluidos activistas menos conocidos, o personas a quienes el gobierno les atribuía nexos con la oposición política. En algunos de estas detenciones por motivos políticos, los detenidos fueron sacados de sus viviendas o arrestados horas o días después de que ocurrieron manifestaciones, en incidentes que no tuvieron relación alguna con protestas.

En la mayoría de los casos de arrestos documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal, los agentes que llevaron a cabo las detenciones pertenecían a la GNB, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o fuerzas de policías estatales. A menudo, no se informó a los detenidos sobre los motivos de su arresto, y a veces ni siquiera se les dijo qué autoridad estaba realizando la detención. En algunos casos, las detenciones fueron llevadas a cabo por miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos”, que luego entregaron a los detenidos a las fuerzas de seguridad.

En varios casos, los detenidos afirmaron que fueron trasladados en vehículos y aparcados en distintos sitios durante horas —una práctica que en Venezuela se conoce como “ruletear”— en vez de ser llevados directamente a un centro de detención o ante un juez. Durante ese lapso, habitualmente los miembros de las fuerzas de seguridad hostigaban y amenazaban a los detenidos, y a veces los introducían en tanquetas dentro de las cuales detonaban cartuchos de gas lacrimógeno, les frotaban polvo lacrimógeno en el rostro o les propinaban violentas golpizas. A veces, durante las detenciones, los agentes de seguridad y miembros de “colectivos” robaban a estas personas sus artículos personales, como dinero o teléfonos celulares.

Muchos detenidos fueron liberados sin ser llevados ante un juez, pero miles de otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas al debido proceso. Además de quienes permanecen detenidos, el Foro Penal tiene registro de 3.900 personas que permanecen sujetas a procesos penales arbitrarios y a medidas provisionales que limitan de diferentes formas su libertad. Al menos 757 civiles fueron procesados en tribunales militares, en contravención a lo estipulado por el derecho internacional. Otros fueron llevados ante la justicia penal ordinaria para ser procesados sobre la base de pruebas que, según sostuvieron, les fueron sembradas para incriminarlos, y tampoco se les permitió el acceso adecuado a abogados o familiares. Decenas siguieron encarcelados por períodos de hasta varios meses, a pesar de que se había dictado una orden judicial que disponía su liberación incondicional o bajo fianza.

Uso excesivo de la fuerza en las calles

Durante el período analizado en este informe, las fuerzas de seguridad venezolanas —incluida la GNB, la PNB y fuerzas de policías estatales— recurrieron sistemáticamente a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno, a menudo en situaciones en las cuales el uso de la fuerza no parecía estar justificado en absoluto. En ocasiones, los “colectivos” actuaron conjuntamente con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir manifestaciones.

Las fuerzas de seguridad han empleado armas menos letales —como cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones— de formas que parecían tener el fin deliberado de causar lesiones dolorosas. En otros incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad utilizaron casquillos de balas de goma modificados que, en cambio, llevaban dentro canicas (metras), vidrios rotos o tuercas metálicas.

Esto ha tenido como resultado decenas de personas muertas y cientos de heridos, algunos de gravedad. Según el ACNUDH, de las 124 muertes registradas por el Ministerio Público que ocurrieron en el contexto de manifestaciones contra el gobierno hasta el 31 de julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad habrían sido responsables en al menos 46 casos, mientras que 27 muertes serían atribuibles a ‘colectivos’ y 51 no habían sido esclarecidas. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio Público indican que, para fines de julio, estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas durante las protestas. En más de la mitad de esos casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

En muchos casos, los manifestantes o personas que las autoridades creían que estaban implicadas en protestas fueron sometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o “colectivos” a niveles y formas de violencia que constituyen trato cruel, inhumano o degradante.

El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varios episodios de violencia contra simpatizantes del gobierno, incluidos dos casos en los cuales las víctimas habrían presuntamente sido quemadas y uno en el cual se habría linchado a un militar retirado. Durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, algunos manifestantes utilizaron piedras, cócteles Molotov, fuegos artificiales modificados y utilizados como explosivos, morteros y otros explosivos de fabricación casera.

Todos los delitos —incluidos aquellos cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad, manifestantes y transeúntes— deben ser investigados rigurosamente, y aquellos contra quienes haya señalamientos creíbles de que cometieron delitos deberían ser juzgados por tribunales que no estén sometidos al control político del poder ejecutivo y se encuentren en condiciones de asegurar las garantías básicas al debido proceso.

Falta de rendición de cuentas y responsabilidad de altos funcionarios

Desde que en el 2004 el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado, como freno ante los abusos de poder por parte del ejecutivo y como garante de derechos fundamentales.

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, anteriormente leal al gobierno, empezó a distanciarse abiertamente de este a comienzos de 2017. Desde ese momento, y hasta que la Asamblea Nacional Constituyente oficialista la destituyó y la reemplazó con un partidario del gobierno en agosto, repudió abiertamente los abusos gubernamentales, incluso aquellos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y difundió información oficial basada en investigaciones realizadas por el Ministerio Público, incluyendo datos sobre las muertes y graves lesiones ocurridas en el contexto de manifestaciones.

A principios de agosto, el Ministerio de Comunicación indicó que Ortega Díaz había imputado a 54 miembros de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en 17 muertes[1]. En octubre, una representante del gobierno indicó que funcionarios públicos que fueron responsables de “malas prácticas” en 16 “casos aislados” habían sido puestos a disposición de la justicia, sin especificar cuáles eran los casos. La representante afirmó que en 16 casos presumían que había responsabilidad de agentes de seguridad del Estado, que había 25 funcionarios acusados y que 14 civiles habían sido acusados en otros casos. También manifestó que el 78 % de los casos todavía estaban siendo investigados[2].

En octubre, Human Rights Watch y el Foro Penal solicitaron al gobierno venezolano información actualizada sobre el estado de todas las investigaciones que estuvieran en curso, pero al momento de publicación de este documento no habían recibido una respuesta.

Salvo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que, al parecer, habría sido destituida por criticar abiertamente al gobierno, las altas autoridades no parecen haber adoptado medidas adecuadas para poner fin a los abusos o establecer responsabilidades penales, ni tampoco apoyaron públicamente los esfuerzos de Ortega Díaz para investigar abusos.

El gobierno venezolano tiene la obligación, conforme al derecho internacional, de prevenir violaciones graves de derechos humanos y de asegurar que sean investigadas y se haga justicia cuando estas violaciones sean cometidas. Los funcionarios gubernamentales que incurran en actos de tortura y otras violaciones graves, o que omitan prevenir, investigar y sancionar dichos actos pueden y deben responder por sus actos. Venezuela es Estado Parte en la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI tiene jurisdicción para juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, incluyendo cuando se cometen en el territorio de los Estados Partes.

Algunos de los altos funcionarios en puestos clave a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en abusos generalizados, que no han adoptado medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados, son los siguientes[3]:

  • El Presidente Nicolás Maduro, quien es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar;
  • El Mayor General José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana;
  • El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas;
  • El Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia;
  • El General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana;
  • El Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y
  • El General Edgar Rojas Borges, Fiscal General Militar.

Esta lista no es exhaustiva y no excluye a otros funcionarios que podrían ser responsables directos de violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, incluidos aquellos que las cometieron u otras personas que no tomaron medidas para impedirlas o sancionarlas.

Tras años de silencio, algunos actores internacionales clave han empezado a pronunciarse y a criticar abiertamente los abusos cometidos por el gobierno venezolano.

En 2016, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, invocando la Carta Democrática Interamericana, preparó una serie de informes exhaustivos sobre la crisis en Venezuela y convocó varias sesiones para debatir sobre el cumplimiento por el país de las disposiciones de la carta. En abril de 2017, citando la carta, 19 de los 35 Estados Miembros de la OEA manifestaron por primera vez “profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela[4]. En varias reuniones posteriores, los ministros de Relaciones Exteriores de la región analizaron y criticaron abiertamente la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En agosto, el “Grupo de Lima” —una coalición integrada por 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá que sigue de cerca la situación en Venezuela— condenó la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Han realizado reuniones periódicas para evaluar la situación en el país y emitieron varias declaraciones desde entonces. Canadá y Estados Unidos han aplicado sanciones específicas dirigidas a funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea impuso un embargo de armas contra Venezuela y sanciones específicas dirigidas a funcionarios venezolanos, incluyendo el congelamiento de sus bienes y la cancelación de visas.

En septiembre, Venezuela fue además uno de los temas prioritarios en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ACNUDH presentó un informe sobre Venezuela, y muchos otros países manifestaron estar profundamente preocupados por la crisis humanitaria y de derechos humanos en ese país. En noviembre, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU organizaron una sesión especial para debatir sobre la crisis venezolana.