Cal y arena para el Gobierno Central

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Eduardo Carrillo Vargas.

El cementazo, cuyo principal centro de operaciones fue la casa presidencial, ha provocado serios perjuicios a la banca pública y algunos beneficios al país. Entre estos, que la población adquiriera conciencia de las redes de corrupción que han carcomido nuestra democracia por muchos años y, con ello, impulsar los correctivos necesarios. Es posible que hoy estemos en mejor posición de valorar nuestra suiza centroamericana y evitar que la corrupción llegue a los niveles que ha alcanzado en el resto del continente. Lograrlo requeriría de una alerta civil y de su presión en favor de reformas estructurales que la clase política se ha negado a enfrentar.

Bien por la administración Solís Rivera que propició el retiro del proyecto por el cual se regalaba a los trabajadores que perdieron sus empleos en Bancrédito, la suma de ¢3000 millones, sobre el pago de sus derechos laborales establecidos por ley. Es posible que dicho proyecto no llegue a una segunda votación y que sea archivado y que, la posibilidad del ejercicio del clientelismo político y la irresponsabilidad de los diputados de la presente legislatura, hayan sido frustrados.

¿Es corrupta la Asamblea Legislativa? El proyecto que le daría ¢3000 millones que el gobierno no tiene y que los trabajadores no se han ganado y no tiene bases legales o éticas. Los trabajadores que quebraron a Bancrédito recibirán todos los beneficios laborales que la ley establece por el cese obligatorio de sus funciones. Actúan en forma irresponsable los diputados al practicar una generosidad con recursos que no son propios y que el Estado, en las circunstancias actuales, simplemente no tiene. De seguir adelante el proyecto, somos todos los costarricenses quienes tendríamos que pagar esos beneficios que la ley no contempla. Pero hay algo más grave: el Gobierno, en medio de una crisis financiera, carece de los recursos para cubrir sus obligaciones , incluso remuneraciones y pensiones, como es del conocimiento público. Tampoco tiene para invertir en nuestra precaria infraestructura que, en América Latina y el Caribe, apenas supera al empobrecido Haití. Tomar una cifra de la magnitud de 3000 millones es sustraer recursos de nuestra precaria economía para otorgar como prebendas y beneficios que la ley no contempla ¿Es esto corrupción política? ¿Una clara violación de la ética pública, tan escasa en estos días?

El primer poder de la República nos abandona. Abandona el interés nacional para favorecer intereses privados y, de alguna forma, su propio interés político. Ese primer poder ni siquiera tiene una sólida base soberana y por ello funciona en un entorno de impunidad. Los diputados son nombrados por las cúpulas partidarias, seguro, con algún aporte de intereses corporativos. Se le niega así el derecho del ciudadano a votar en defensa de intereses locales y regionales y con ello a tener el recurso de la rendición de cuentas. Costa Rica pasa por un momento de turbulencia política/electoral. Si queremos una democracia que sirva al interés nacional, el de toda la población, se requieren reformas estructurales profundas para evitar decisiones irresponsables y éticamente cuestionables, como el proyecto aludido en estas notas.

 

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