Carlos Alvarado: “País debe abocarse a reformar el sistema de justicia”

Candidato presidencial del PAC anuncia propuesta de su partido, la cual incluye políticas públicas en prevención, atención al sistema penintenciario y reformas estructurales del Poder Judicial.

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El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, anunció su compromiso de impulsar una reforma integral al sistema de justicia en nuestro país, que estará a cargo de un equipo liderado por el jurista José Manuel Arroyo, uno de los garantes éticos de su gobierno.
En conferencia de prensa, Alvarado detalló que esta reforma, que involucra a reformas constitucionales y legales, debe darse de una forma consensuada y con visión país, incorporando las distintas iniciativas que se han planteado en relación con este tema.
El jurista Arroyo, quien fuera vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia,  explicó que el proceso parte de una serie de requisitos previos que tienen que ver con prevención, reformas estructurales del Poder Judicial y estrategias de atención al sistema penintenciario.
“Planteamos una reforma constitucional que introduzca un capítulo dedicado al Poder Judicial, donde se incorpore el principio de independiencia del juez y se eleve al Ministerio Publico a rango constitucional”, comentó.
Arroyo –quien es integrante del grupo de garantes de la ética que acompañarán a Carlos Alvarado en su gobierno, junto a Ottón Solís, Margarita Penón y Rodrigo Alberto Carazo– puntualizó las reformas estructurales en el Poder Judicial, sobre las cuales considera urgente que el país avance:
1. Separar funciones administrativas de las jurisdiccionales. Se propone la creación de un Consejo de la Judicatura, que asuma el gobierno y administración del Poder Judicial, como un órgano interno independiente.
Las salas de la Corte Suprema de Justicia deben dedicarse única y exclusivamente a la atención de los asuntos que por materia les compete.
Arroyo comentó que hay varias propuestas ya elaboradas en este tema que deben ser objeto de la discusión correspondiente en la toma de las decisiones definitivas.
2.  Cambios en la elección de magistrados.
• Elevar la edad para acceder a la magistratura a 45 años de edad y mínimo 15 años de ejercicio profesional.
• Nombramiento de un único período entre 10 a 15 años máximo, eliminando la reelección.
• Prohibir, con sanciones penales, las campañas o “lobbys” por parte de miembros de la Corte Suprema de Justicia u otros jerarcas del Poder Judicial a favor de candidatos o candidatas de su preferencia.
• Recusar al diputado, incluso a la fracción, que intervenga en procesos de elección de magistrados cuando haya litigios penales pendientes en que ellos o sus familiares o correligionarios estén involucrados.
• Prohibir que miembros de otros poderes de la República sean designados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a no ser que hayan transcurrido al menos 8 años de haber dejado el cargo anterior.
• Opción de que otras instancias, como el Colegio de Abogados o las universidades, propongan candidatos a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para designar a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
3. Implementación de carrera fiscal en el Ministerio Público
Tal como se han hecho esfuerzos importantes en diseñar y aplicar una carrera judicial, se plantea como imperativo hacer lo mismo con los fiscales del Ministerio Público, de manera que los nombramientos y ascensos no se hagan a dedo.
La propuesta deja el espacio para que cada nuevo Fiscal General pueda diseñar su equipo central de trabajo, respetando los antecedentes, atestados, tiempo de servicio, entre otras cualidades, para que los integrantes del órgano fiscal puedan hacer carrera.

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