Carlos Alvarado Quesada y los papeles de Panamá  (Parte 2)

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Albino Vargas Barrantes, Sindicalista.

“…únicamente el ciudadano decente es el que paga sus impuestos de manera pronta y cumplida”. ¡Ciertísimo! Y ni se diga de lo que concierne a la clase trabajadora asalariada que, por ejemplo, paga puntualmente el impuesto sobre las ventas (ahora impuesto al valor agregado -IVA-), al momento mismo de la compra en la caja registradora; y, si está por encima del umbral exonerado de renta salarial, el rebajo de planilla es automático.

La contundente afirmación arriba entrecomillada, es parte de las conclusiones del Informe Final (expediente legislativo No. 19.973), de la comisión especial investigadora que funcionó en el parlamento del anterior período constitucional (2014-2018), acerca del escándalo internacional de Los Papeles de Panamá (Panama Papers).

No hay posibilidad alguna de que nuestro país imponga, de manera definitiva, el bien común y la inclusión social, como ejes centrales de una nueva política pública, sin que se efectúen transformaciones tributarias estructurales.

Tal y como se encuentran las cosas en cuanto a los impuestos en estos momentos, ya no hay cacao para hacer, ni siquiera un poquito, de chocolate. Todo se va en pago de la deuda, pago de sus intereses obscenos y en llenar más los bolsillos de los ladrones de impuestos.

Cualquier propuesta política que pretenda ser alternativa a la hegemonía actualmente en el poder, tanto el formal como el real, debe plantearse como uno de los puntos fundamentales de su agenda, el tema del cambio tributario en profundidad.

Además, leer, analizar y estudiar las conclusiones y las recomendaciones del mencionado informe legislativo de Los Papeles de Panamá, es una tarea de primer orden para cualquier tipo de organización que tenga como eje central de su quehacer la justicia social, como convicción y como indignación, no como discurso panfletario.

Las siguientes cuatro recomendaciones de control político nos indican con cuánta urgente necesidad es la atención de este delicado tema tributario. Y esto es solamente para dimensionar la gigantesca tarea cívica que se deriva si, en verdad, se decidiera emprender el impulso de una transformación tributaria estructural; tanto desde una nueva opción político-partidista, como de desde los movimientos sociales y sindicales realmente consecuentes con los valores de la real lucha por la justicia social.

Las transcribimos tal y como están formuladas en dicho informe: 

“Se recomienda fortalecer el presupuesto destinado a campañas de educación tributaria en centros de educación pública y colegios profesionales, con énfasis en generar una cultura tributaria responsable y solidaria. 

Recomendamos al Ministerio de Hacienda realizar las fiscalizaciones correspondientes sobre las personas identificadas como creadoras o usuarias de sociedades incluidas en la base de datos del ICIJ, o citadas en los “Papeles de Panamá”, y que cuentan con perfiles de altor riesgo fiscal.

Sugerimos que la Comisión Investigadora del Ministerio de Hacienda, sea transformada en una unidad permanente dentro de tal Ministerio, dedicada exclusivamente al análisis de riesgo fiscal, de contribuyentes relacionados con uso y creación de estructuras jurídicas offshore.  

Exhortamos al Ministerio Público para que, a partir de los casos reseñados en la presente investigación, se determine cuáles actos podrían constituir ilícitos penales para su subsecuente investigación y juzgamiento penal”.  

(Aclaración: ICIJ significa International Consortium of Investigative Journalists-Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación-).

¿Cree usted que tales recomendaciones han sido puestas en práctica? ¡Claro que no! Ojalá estuviéramos equivocados pero este tipo de medidas, si se pusieran en práctica, podrían afectar los intereses mega-corporativos que tienen en el fraude fiscal, una de sus principales fuentes de riqueza, en este caso, mal habida.

Solamente una activa y militante vigilancia ciudadana podría garantizar que estas recomendaciones se llevaran a la concreción de una real política pública volcada hacia el bien común y la reducción de las desigualdades.

Puede ser muy interesante, en el entretanto, formular una interpelación pública a la Defensoría de los Habitantes de la República a ver qué le diría ésta a la ciudadanía al respecto. A final de cuentas, el fraude fiscal a gran escala, como lo demostró esta comisión parlamentaria, afecta a toda la población habitante del país.

De enorme relevancia e interés es el análisis de las recomendaciones de la indicada comisión a lo que ésta denomina como vacíos legislativos. Estamos hablando de la necesidad de aprobar leyes que bloqueen a los tramposos tributarios seguir cometiendo sus tropelías contra toda la sociedad en esto del robo de impuestos.

En tal sentido, se puntualizan 19 vacíos legislativos cada uno de los cuales tiene recomendaciones específicas para, efectivamente, dar paso a esa transformación tributaria estructural que ocupa, con urgencia, nuestro país.

Reforzando nuestro decir anterior, una tarea cívica de enorme profundidad y/o una responsabilidad en aras de la construcción de una desafiante competencia contrahegemónica, nos lleva al análisis concienzudo para comprender el alcance de cada uno de esos 19 vacíos legislativos y la elaboración de las correspondientes estrategias y tácticas para lograrlos.

Por otra parte, el informe de la comisión parlamentaria de Los Papeles de Panamá especificó ocho proyectos de ley que, en ese momento, estaban en trámite en la corriente legislativa, al identificarlos “como prioritarios y temáticamente atinentes como posibles soluciones legislativas de la problemática detectada”; léase, la que genera la criminal mafia organizada del robo de impuestos y del fraude fiscal en Costa Rica. Hemos de revisar lo pertinente para nuestra próxima entrega en el tema.

 

Albino Vargas Barrantes
Es sindicalista y 
Secretario General de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

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